La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y otros organismos de derechos humanos y sindicales anunciaron hoy un nuevo pedido de juicio político al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, por su participación en delitos de lesa humanidad como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) durante la dictadura militar. Estos nuevos hechos incluyen la desaparición forzada del ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina y el espionaje, infiltración y persecución de exiliados chilenos.

ANDAR en la justicia

(Agencia/ CPM) “Sobre la impunidad no podemos crear ninguna democracia, por eso reclamamos al Procurador y a la Corte provincial, como así también a la Legislatura, la inmediata separación del cargo de Fernández Garello”, dijo el premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel. El pedido de juicio político se promueve tras el hallazgo de nuevas pruebas del archivo de la DIPPBA, acervo documental que la CPM tiene bajo custodia desde el año 2001, que vinculan a Fernández Garello en dos nuevos delitos perpetrados durante la última dictadura militar.

El primer hecho da cuenta del accionar represivo sobre el ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina, secuestrado por personal de la Policía Bonaerense el 9 de febrero de 1979 en su propia casa —en un asentamiento de Villa Pineral— y frente a sus hijos de 13, 15 y 16 años. Luego fue trasladado a la comisaría 1ª de Tres de Febrero y, ese mismo día, la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe sobre su militancia en el Partido Comunista de Paraguay a partir de información recogida tras el operativo. Ese memorando de inteligencia está rubricado por el sello y firma del comisario Federico Héctor Capurro, 2° Jefe a cargo de la Delegación DIPPBA San Martín, y el entonces oficial ayudante Fabián Uriel Fernández Garello. Mario Ramírez Medina continúa desaparecido, su caso ya fue documentado por la CONADEP.

Ese mismo informe dice que “pertenece al P.C.P. (Partido Comunista Paraguayo), desde el año 1974”. Y agrega que, durante la “razzia” efectuada, se encontró abundante material: “púdose determinar que trabajaría como nexo entre personal de la Secretaría de Prensa y Difusión, del P.C.P., sería un tal ‘Ramón’, con quien se entrevista, y residentes Paraguayos en este país, tratando de ganar adictos a la causa”. También registra su detención en la comisaría 1ª de Tres de Febrero.

El memorando, producido el mismo día del operativo, se registró en el legajo Mesa DS Varios N° 12690. Luego de la biografía y el relato de los hechos de aquel operativo, se adjuntaron a ese legajo numerosas cartas presentadas por representantes de organismos internacionales de derechos humanos dirigidas a funcionarios policiales, denunciando lo sucedido a Mario Ramírez Medina. En total, el Estado argentino recibió 166 denuncias de organismos internacionales y de diversas entidades de solidaridad.

En el segundo hecho ocurrió entre 1978 y 1981, la delegación San Martín de la DIPPBA coordinó y ejecutó acciones de espionaje e infiltración sobre una familia de ciudadanos chilenos. Estas tareas de inteligencia fueron reconocidas por el propio fiscal Fernández Garello en sus declaraciones ante la justicia, minimizándolas como un simple censo de ciudadanos extranjeros.

“Mi tarea asignada en aquella oportunidad ha sido el relevamiento de ciudadanos chilenos. Llegué a relevar alrededor de 5000 (cinco mil) ciudadanos de aquella nacionalidad sin importar filiación alguna y por la sola circunstancia del conflicto internacional en trance”, había declarado el actual Fiscal General. Sin embargo, los documentos de la DIPPBA presentados a la justicia revelan el verdadero motivo de esa intervención: un minucioso trabajo de inteligencia, seguimiento y persecución político-ideológico de ciudadanos chilenos. Fernández Garello declaró aquella tarea porque no tenía otra opción: en su legajo de empleado policial se dejó constancia de la distinción que le otorgaron por ese trabajo a pedido de su jefe, el comisario Bustos, condenado luego por crímenes de lesa humanidad.

En el marco de esa operación se informa que “a fin de establecer el accionar de los mismos, se contacta con un menor que fue invitado a participar de una reunión en la casa de la familia”. A partir de allí la DIPPBA San Martín comienza un proceso de reunión de información mediante la infiltración de un joven dentro de la familia de residentes chilenos, al cual los funcionarios de DIPPBA ya nombran como “informante”.

La intervención del entonces oficial ayudante Fernández Garello aparece rubricada, junto con la firma de Sopegno, en un memorando del 17 de octubre de 1980 que eleva “información referente al censo llevado a cabo en el Club Unión Chile Argentina”, donde participaba la familia chilena que fue infiltrada. El informe describe los inicios del club y su localización, y advierte que “podrían llegar a realizarse actividades de propaganda ideológica en la institución de marras”. El documento anterior consta en el legajo Mesa Referencia 17901, que registra una serie de memorandos e informes sobre acciones de la DIPPBA en la identificación de ciudadanos chilenos “peligrosos para la seguridad nacional”. Luego de estas tareas, varios ciudadanos chilenos fueron secuestrados en la sede del club espiado.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció estos dos hechos y se presentó como querellante en la causa que tramita en el Juzgado en lo criminal y correccional 2 de San Martín y que investiga los crímenes cometidos en la entonces jurisdicción del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. En esa misma causa, el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y otros miembros de la DIPPBA—San Martín ya están denunciados por la participación la detención de tres militantes comunistas en 1981 y apremios ilegales contra otro, en 1982.

Además de Fernández Garello, estas dos nuevas denuncias involucran a otros ocho miembros de la delegación San Martín de la DIPPBA: el comisario Federico Capurro y los agentes D.L. Torre, José Figal, Enrique Barré y Mario Ossá por el primero de los hechos mencionados; por el segundo fueron denunciados el jefe de la Delegación Miguel Sopegno y los miembros Hugo Roberto Godenzi y Abelardo Elpidio.

Las acciones de inteligencia fueron parte constitutivas del plan de exterminio y del modus operandi del terrorismo de Estado, y la delegación de la DIPPBA—San Martín fue parte central en estos delitos. El año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín se pronunció en ese sentido y sostuvo que la actuación de la delegación de inteligencia de San Martín fue parte del plan sistemático de represión coordinado con el batallón de inteligencia 201 de Campo de Mayo.

Por la gravedad de los delitos denunciados, durante la conferencia realizada hoy, los organismos de derechos humanos reclamaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la suspensión del Fiscal General de Mar del Plata de sus funciones y reabrir el juicio político en su contra.

El juicio político fue pedido, además de la CPM, por los siguientes organismos: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Comisión de familiares amigos y ex compañeros de Ana María Martínez, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Mar del Plata, Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Federación Judicial Argentina (FJA), Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo—Línea Fundadora. También acompañan el pedido miembros del Club Atlético Deportivo Paraguayo y los hermanos Boris y Dimitrov Casanova Chávez, una de las familias de exiliados chilenos que fueron perseguidas por la DIPPBA y que integraban en aquel momento el club Unión Chile Argentina.

La denuncia contra Fernández Garello toma particular importancia en el contexto actual. Tal como se desprende de la causa D’Alessio, que está investigando el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, el espionaje ilegal sigue operando en democracia y pone en jaque los cimientos del Estado de derecho.

Condenar las acciones de espionaje realizadas en tiempos de dictadura y a sus responsables resulta fundamental para poder dar un debate serio y profundo sobre el rol de la inteligencia en la actualidad. Mientras la condena de los hechos del pasado no sea ejemplar, la sociedad argentina vive en un permanente riesgo de debilitamiento porque se propician condiciones para que la inteligencia ilegal prolifere y se consolide como un verdadero aparato paralelo que socava el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

Es inadmisible que, mientras se impulsa un juicio político contra un juez que investiga el espionaje ilegal en democracia y se intenta obstruir esa investigación, Fernández Garello haya seguido en funciones todos estos años cuando fue parte del esquema represivo que se desplegó durante el terrorismo de Estado -como lo demuestran los archivos de la DIPPBA, que ya fueron reconocidos judicialmente por su aporte probatorio en todos los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Revertir esta situación, que atenta contra los principios republicanos de transparencia y democratización de la justicia, es un deber de todo el arco político. Como también lo es encuadrar legal e institucionalmente el sistema de inteligencia, que sigue siendo una deuda pendiente de la democracia argentina.