Este lunes 29 de diciembre, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, junto a Cristian Mallorca y sus padres, presentaron una denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia de Buenos Aires contra la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 de Saladillo, Patricia Alejandra Hortel, y la magistrada Patricia Noemí Altamiranda, a cargo del Juzgado de Garantías N° 7 con asiento en la misma ciudad. Ambas tardaron un año en reconocer la contundencia de las pruebas que demuestran la ajenidad de Mallorca respecto al robo por el que fue imputado y privado de su libertad.

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(Agencia) “En el caso bajo estudio, la Fiscal Hortel delegó la facultad de investigación en el personal policial de la Provincia de Buenos Aires que llevó adelante las actuaciones prevencionales de manera deficiente, manipulando hechos, forzando conclusiones e imputando de manera arbitraria a Cristian Mallorca”, describe la denuncia de la CPM presentada, junto al joven y sus padres, este lunes ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia.

En base a aquella investigación irregular la fiscal fundó el pedido de prisión preventiva sin haber realizado el control adecuado de las pruebas, siendo todo convalidado por la jueza de garantías Altamiranda.

Así, según Hortel, el 3 de noviembre de 2024 Cristian Mallorca y otros dos jóvenes habrían ingresado violentamente –con armas de fuego y palos- a una casa de la ciudad de Saladillo  y llevaron a cabo un robo antes de darse a la fuga en una camioneta de marca Jeep. Entre las pruebas, la fiscal enumeró la declaración de las víctimas del robo; las cámaras de seguridad de la zona; y registros extraídos de redes sociales.

Sin embargo, la funcionaria del MPF no quiso reparar en que Cristian Mallorca posee una discapacidad motriz, padece la condición conocida como pie equino, usa bastón y no puede caminar con normalidad como las personas que se observan en los videos de cámaras de seguridad utilizados para la imputación. Además, Mallorca tiene tatuajes en ambos lados del cuello, por lo que no podría haber sido ninguno de los hombres que fueron captados por las cámaras.

Otro error grave cometido por ambas funcionarias fue la atribución de antecedentes penales que luego se constató que se referían a otra persona y que por la fecha del hecho nunca podría haber sido atribuidos a Cristian porque para ese entonces era un niño inimputable.

Cabe destacar que todas las inconsistencias e irregularidades de la causa fueron advertidas a Hortel por parte de la CPM desde un inicio, especialmente cuando se presentó un habeas corpus para pedir la liberación de Cristian.

“En particular, resulta inentendible la manera en la que el oficial de la policía bonaerense, Uranga, llega a conectarlo con la causa. Refiere, en su declaración, que llega a Cristian Mallorca a través de su hermano, con quien da en el marco de la investigación de otra causa y cuyo perfil de Facebook revisa y así encuentra una fotografía de Cristian, que al compararla con videos de la causa que nos ocupa le genera la certeza de que se trata de la misma persona”, enfatizó el organismo. Cabe aclarar que la única información que figuraba en la causa en relación al hermano de Cristian era un registro de llamada entrante del teléfono robado en un hecho completamente ajeno.

Entre el material que fue aportado para demostrar la ajenidad de Mallorca se destacan: capturas de pantallas de chats privados y fotos de Cristian en la cancha de Temperley durante la mañana y mediodía en que ocurrió el robo en Saladillo; fotos del cumpleaños de una familiar suya que se realizó durante la tarde del mismo día y al que también asistió el joven; fotos, videos e historia clínica de Cristian que comprueban las diferencias fisonómicas respecto a las personas que habrían participado del robo; y un extenso listado de testigos que lo ubican en diferentes actividades realizadas en Rafael Calzada, a más de 200 kilómetros de Saladillo.

La arbitraria privación de la libertad de Mallorca terminó en agosto, cuando la Sala 3 de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa y acompañado por la CPM. “La mera afirmación de una similitud fisonómica por parte de un agente policial no puede ser, por sí misma, el fundamento para mantener una privación de libertad”, afirmaron los jueces de alzada. Sin embargo, Patricia Hortel siguió insistiendo con la participación de Mallorca en el robo investigado.

Recién el 16 de diciembre pasado tanto la fiscal como la jueza,  que habían convalidado la injusta privación de la libertad de Mallorca, coincidieron en que debía dictarse el sobreseimiento respecto al joven de Rafael Calzada en virtud de los mismos argumentos que durante todo un año se encargaron de negar y desconocer: la condición física del imputado; la difusa e irregular intervención de la policía que lo involucra a la causa de robo en Saladillo; y los registros de fotos , videos  y testimonios que lo sitúan en distintas actividades a más de 200 kilómetros el mismo día en que ocurrió el hecho investigado.

Por eso es que, para la CPM, las funcionarias denunciadas han puesto de manifiesto su incompetencia para la función que ocupan, incumpliendo los deberes inherentes al cargo e incurriendo en graves irregularidades en el procedimiento a su cargo.

Y en función de todos los argumentos y pruebas aportadas, solicitó que se ponga en marcha el mecanismo previsto en la ley 13.661 para la destitución de la titular de la UFIJ N°1 de Saladillo, Patricia Hortel, y de la titular del Juzgado de Garantías N°7 de con asiento en la misma ciudad bonaerense, Patricia Noemí Altamiranda.

El caso de Cristian Mallorca no es excepcional, sino que se asienta en un funcionamiento estructural del sistema de justicia en el que es preponderante la delegación de las investigaciones en la policía y la falta de control judicial. En este sentido se termina convalidando un sistema en el que se diluyen las garantías constitucionales quedando en los imputados la carga de demostrar su inocencia.  Todo esto contribuye al colapso del sistema penal y favorece la inseguridad jurídica.