El 31 de enero se cumplen diez años de la desaparición de Luciano Arruga, su cuerpo fue encontrado enterrado como NN en octubre de 2014. Desde el primer momento, familiares y amigos del joven denunciaron la participación y responsabilidad de la policía del destacamento de Lomas del Mirador, La Matanza. Luciano venía siendo hostigado por negarse a robar para ellos. Nada de eso consta en la causa y la falta de investigación eficaz fue sembrando el camino de la impunidad. El sábado una multitud acompañó a familiares y amigos de Luciano en una nueva marcha reclamando verdad y justicia. “La lucha seguirá porque necesitamos condenar a los responsables materiales, políticos, judiciales. Una desaparición forzada no se puede mantener a lo largo del tiempo sin la participación necesaria de todos estos actores”, dijo Vanesa Orieta.

ANDAR en La Matanza

(Agencia Andar) Diez años después, en la causa caratulada como desaparición forzada, la investigación sólo dice que, en la madrugada del 31 de enero de 2009, Luciano Arruga cruzó corriendo la avenida General Paz y fue atropellado por un automóvil, trasladado al Hospital Santojanni donde murió y, finalmente, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita porque nadie reclamó su cuerpo. Eso es todo lo que hay. Una verdad a media, que no alcanza, que no hace justicia, que no dice ni explica lo que pasó: ¿de quién corría? ¿Dónde había estado? ¿Por qué la actual causa no reconoce el hostigamiento previo que venía sufriendo el joven por negarse a robar para la policía?

El sábado, pocos días antes de cumplirse los diez años de la desaparición, organizaciones políticas y sociales, organismos de derechos humanos, familiares víctimas de violencia institucional de todo el país y miles de ciudadanos de a pie acompañaron el acto de memoria que familiares y amigos de Luciano Arruga organizaron en Lomas del Mirador, para seguir reclamando verdad y justicia por Luciano y por todos los pibes y pibas de los barrios más pobres que sufren diariamente la mano represiva del Estado.

“Llevamos diez años de un proceso judicial y seguimos batallando. Sabemos que es difícil y también sabemos que son las mismas dificultades que atraviesan otros familiares. En cada causa judicial lo primero que se pretende es denostar a la familia, hostigarnos, amedrentarnos, generarnos el miedo, el terror para que no sigamos adelante. Nos damos cuenta que inmediatamente que denunciamos a la policía o a cualquier fuerza de ‘inseguridad’, es la misma justicia la que delega la investigación en esas fuerzas denunciadas”, sintetizó Vanesa Orieta, hermana de Luciano y principal oradora en el acto realizado el sábado.

El derrotero de la causa por la desaparición y el asesinato de Luciano tiene, diez años después, pocas respuestas y evidencia un entramado de complicidades que, desde el primer momento, buscó garantizar la impunidad. Se criminalizó a Luciano, se investigó a la familia, hubo testigos que fueron desestimados, otros amenazados y otro que murió en condiciones poco claras. Y se delegó la investigación en la misma policía que estaban denunciando la mamá y la hermana: Vanesa recuerda que la primera vez que declaró ante Roxana Castelli —que luego sería recusada y apartada de la investigación— lo hizo con un oficial del destacamento policial de Lomas del Mirador parado detrás suyo en la sala.

Recién cuatro años después de la desaparición, cuando la causa pasó a la justicia federal, se cambió la caratula por desaparición forzada. Para ese entonces el cuerpo aún no había aparecido y la pista que involucraba a la comisaría 8ª de Lomas del Mirador nunca se había seguido.

“Lo denunciamos desde el momento de la desaparición, Luciano venía siendo acosado por la policía. Venía siendo perseguido, violentado sistemáticamente por su negativa de salir a robar para ellos. Luciano sufrió muchas detenciones, entre ellas la detención del 22 de septiembre del 2008. En esa oportunidad fue llevado al Destacamento de Lomas del Mirador, fue encerrado en la cocina del lugar y allí fue torturado física y psicológicamente por los agentes policiales”, recordó Vanesa. Por este hecho, en 2015 el TOC N 3 de La Matanza condenó al oficial Julio Diego Torales a diez años de prisión. “A pesar de haber una condena efectiva, esa investigación nunca se volcó a la causa sobre desaparición forzada”, denuncia Orieta.

El juicio oral y público se desarrolló en mayo de 2015, siete meses después de haber encontrado el cuerpo de Luciano. “Para nosotros encontrar sus restos fue aliviador, porque buscar un desaparecido es algo desesperante. Al mismo tiempo la perversidad del Estado de entregar los restos óseos, de reconocer a Luciano a través de su esqueleto, habla de la impunidad judicial. A Luciano lo reconocimos por su fractura de costilla, que le provocaron durante las torturas en 2008”, precisa Vanesa.

Junto con la aparición del cuerpo, se instaló la versión oficial del accidente. Habían transcurrido cinco años y ochos meses de su desaparición: “Los restos óseos no nos iban a hablar de lo que sufrió Luciano como si hubiéramos encontrado el cuerpo a los pocos días de su desaparición”, lamenta la familia.

Actualmente, en la justicia federal, hay dos testigos relevantes sobre el momento del accidente: la persona que atropella a Luciano que habla de un chico corriendo desesperado, escapando de algo o de alguien. Otro testigo que habló y ubicó a una patrulla de la bonaerense al costado de la General Paz, sobre la colectora. Él mismo declaró que le hizo señas para que se acerquen a asistir al joven y que la  patrulla se alejó de la escena con sus luces bajas. “Claro que no se iban a acercar a Luciano, si fueron ellos los que obligaron a mi hermano a cruzar por la General Paz”, agrega Vanesa.

“Al día de hoy llevamos contados diez años. Diez años en los que esta familia no encuentra justicia. Para que nosotros podamos cerrar una etapa que tiene que ver con lo judicial, porque la lucha va a seguir siempre, necesitamos poder condenar a los responsables materiales, políticos y judiciales. Una desaparición forzada no se puede mantener a lo largo del tiempo sin la participación necesaria de todos estos actores”, cerró la hermana de Luciano.

Como sucede en cada investigación que involucra a las fuerzas de seguridad del Estado, sólo la organización de la familia, el acompañamiento de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales y políticas, la presión social, pueden lograr que las causas avancen. El pedido de justicia por Luciano es también la denuncia del hostigamiento y la violencia policial en los barrios, de las políticas de mano dura y de los discursos que sólo prometen más mano dura.