Así lo afirmó el relator de la ONU Nils Melzer, tras su reciente visita al país. Sus conclusiones también observan graves violaciones de derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires. Respecto de la situación en cárceles, comisarías, centros de jóvenes y neuropsiquiátricos señaló que existen condiciones de encierro y prácticas sistemáticas que implican graves violaciones a la Convención contra la tortura. Además solicitó que no se baje la edad de punibilidad juvenil.

ANDAR en las cárceles

(CPM) Al finalizar su visita a la Argentina, realizada entre el 9 y 20 de abril, Nils Melzer, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, presentó sus Observaciones preliminares y recomendaciones al Estado Argentino.

Allí se alerta sobre la existencia de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el relevamiento realizado se pudo constatar la aplicación de diferentes tipos de tortura, serios déficits en la atención médica, sobrepoblación extrema, condiciones inhumanas de detención, uso excesivo de la prisión preventiva, requisas vejatorias, robo de pertenencias por agentes y corrupción, el aislamiento extremo y opresivo en cárceles, comisarias, centros de jóvenes y neuropsiquiátricos bonaerenses.

La delegación visitó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires además de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa. Se reunió con autoridades provinciales y nacionales, organizaciones no gubernamentales y miembros de distintas comunidades indígenas. La Comisión Provincial por la Memoria se reunió con el Relator y le presentó un amplio diagnóstico crítico sobre la práctica sistemática de la tortura en la provincia de Buenos Aires.

En Buenos Aires, visitó la Unidad Penitenciaria N° 23 de Florencio Varela, el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Alejandro Korn en la ciudad de La Plata, el Centro Cerrado Almafuerte para jóvenes, además de las comisarías 1ª y 5ª. Estos ámbitos, si bien no representan los lugares más críticos del sistema de encierro, permitieron ver la gravedad de la situación.

En cuanto al control de lugares de encierro, destacó la puesta en marcha del Comité nacional de prevención de la tortura, pero instó a las provincias a que sin demoras constituyan sus propios mecanismos. En la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria cumple estas funciones de control desde hace 15 años y viene reclamando al gobierno provincial su designación formal en tal carácter.

Por otro lado, el Relator cuestionó la excesiva duración de la prisión preventiva e instó las autoridades judiciales y legislativas a resolver el problema y que “se abstengan de aprobar leyes nuevas que disminuyan la edad mínima de imputabilidad penal o que amplíen de cualquier otro modo el uso de la detención para otras categorías de personas o delitos”.

El informe preliminar también recoge numerosas denuncias de violencia institucional por parte de fuerzas policiales y carcelarias y alerta sobre la enorme impunidad que ampara estas prácticas generalizadas.

Respecto del sistema de encierro para jóvenes instó a las autoridades a poner fin a las lógicas de encierro excesivo que, según constata regularmente la CPM, constituye una práctica regular en estos lugares y tiene un fuerte impacto violento sobre las y los detenidos.

También manifiesta su preocupación por los índices de sobrepoblación carcelaria y asocia su incremento a la aplicación de una política criminal que intenta dar respuesta a las inquietudes de la población pero que sólo logró triplicar el número de detenidos en las últimas dos décadas. En este sentido señala, por ejemplo, que en muchas comisarías y penitenciarias provinciales, encontró condiciones de detención totalmente incompatibles con la dignidad humana.

Por todo este cuadro descripto, el Relator concluyó que: “parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad y disimulado en el marco de la política de seguridad pública, corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso”.

En las conclusiones finales, el relator interpela a los poderes del Estado por su responsabilidad: “No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables”.

El Informe final se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU en marzo de 2019.