La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañó la movilización organizada por los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Quilmes. Cerca de 200 personas marcharon hasta las puertas del TOC 3 reclamando justicia por Elías, Diego, Miguel y Manuel, los cuatro jóvenes muertos en el incendio en la Comisaría 1° en 2004. Durante su alegato, el fiscal Claudio Pelayo sostuvo la responsabilidad de los imputados y pidió condenas de entre 5 y 22 años.

Pudimos llegar a esta instancia de juicio gracias a la valentía de los sobrevivientes y de las familias”. FOTO: Andar

ANDAR en Quilmes

(CPM) Las familias y los amigos de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) estuvieron acompañados por víctimas y familiares de violencia institucional; la jornada de manifestación y reclamo de justicia convocó a cerca de 200 personas y sumó la adhesión de unas 20 organizaciones sociales y de derechos humanos. “Para la CPM, el juicio por la masacre de la Comisaría 1ª de Quilmes resulta emblemático. Como ha expresado con claridad el fiscal al relatar los hechos, existió por parte de la policía un accionar represivo sistemático que provocó los acontecimientos del 25 de octubre de 2004″, expresó Margarita Jarque, directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM.

[pullquote]la jornada de manifestación y reclamo de justicia convocó a cerca de 200 personas y sumó la adhesión de unas 20 organizaciones sociales y de derechos humanos[/pullquote]

Durante la lectura de su alegato, el fiscal público Claudio Pelayo sostuvo que durante la audiencia se expusieron gran cantidad de elementos probatorios (testimoniales y periciales) que permiten acreditar detallada y fehacientemente los delitos que se le imputan a los diez policías: apremios ilegales, tormentos y –en el caso del comisario Soria– estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos.

“Esta movilización empezó cuando Soria declaró que los chicos se habían golpeados solos; sin embargo, hay una verdad que ya está instalada: la que declararon los sobrevivientes. Creo que las familias se sienten aliviadas porque su verdad se hizo pública: lo peor de la violencia es la impunidad e indiferencia que la justicia legitima. Es un reclamo no sólo de las familias sino de toda la sociedad”, expresó Tobías Corro, organizador de la convocatoria e integrante del grupo de familiares y amigos de la víctima de la masacre de Quilmes.

[pullquote] hay una verdad que ya está instalada: la que declararon los sobrevivientes[/pullquote]

“Nunca paramos: caminamos, golpeamos puertas, hicimos amigos, conocimos organizaciones que nos apoyaron. La gente también empujó para que nosotros lleguemos a esta instancia de juicio; sufrimos mucho y seguiremos sufriendo un tiempo más, pero acá estamos”, mencionó Pelagio Giménez, papá de Elías. Pelagio y cada familiar de la masacre de Quilmes aprendieron a superar obstáculos y dilaciones judiciales; lucharon durante 11 años para lograr que el caso llegue a juicio. Esto no siempre pasa y, como se advierte en el Informe Anual 2015 de la CPM, existen escasísimas condenas por torturas o apremios ilegales.

[pullquote]Pudimos llegar a esta instancia de juicio gracias a la valentía de los sobrevivientes y de las familias[/pullquote]

“Pudimos llegar a esta instancia de juicio para condenar a los torturadores gracias a la valentía de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas”, resaltó Rodolfo Yanzón, abogado de Walter Aliendo –uno de los sobrevivientes de la masacre– y de las familias de Diego Maldonado y Manuel Figueroa. Yanzón también resaltó que, a pesar de “las deficiencias en la instrucción, yo diría por una actuación cómplice del fiscal Nievas Woodgate que hizo lo imposible por evitar llegar a juicio, el fiscal probó en el alegato la situación de cada una de las víctimas, antes y durante el incendio provocado en los calabozos”.

En la misma línea, Margarita Jarque remarcó que “el fiscal relató las sobradas pruebas que constan en la causa respecto de las responsabilidades de los policías: requisas vejatorias, torturas crueles y abandono de personas omitiendo sus obligaciones como custodia estatal de las personas detenidas. Aunque el fiscal no se explayó, habría que considerar también la demora intencional en el traslado de los heridos a los centros de salud”.

[pullquote]La fiscalía pidió penas de entre 5 y 22 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos[/pullquote]

Al final de su exposición, el fiscal Pelayo pidió 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos para Jorge Gómez, 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para Humberto Ávila, 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para Juan Pedro Soria, 9 años de prisión y 18 de inhabilitación para Elizabeth Grosso, Basilio Vujovich, Gustavo Altamirano y Franco Góngora, 15 años de prisión e inhabilitación perpetua para Hugo D’Elía y 22 años de prisión e inhabilitación perpetua para Fernando Pedreira. Asimismo, Pelayo reclamó que, en caso de ser condenados, cumplan prisión efectiva y pidió que se investiguen otros delitos que se desprenden de los testimonios y que no formaron parte de esta acusación.

El 25 de octubre, cuando sucedió el incendio en la Comisaría 1° de Quilmes en el cual murieron los cuatro jóvenes, había 12 mil chicos alojados en institutos de menores y más de 300 menores detenidos en comisarías, por falta de otros espacios para alojarlos. Estas condiciones conformaban el contexto de posibilidad que permitió que estas muertes sucedan.

En particular, la masacre de Quilmes se erigió como caso testigo de una época: evidenció la inexistencia de dispositivos de protección y promoción de derechos de los detenidos en las comisarías. En abril de 2005, un fallo de la Justicia puso límites a la permanencia de detenidos en comisarías. Sin embargo, diez años después, la emergencia de seguridad dictada por el gobierno provincial legitimó una situación que en realidad nunca había cesado; en ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió la inconstitucionalidad de la medida ante la Corte Suprema de Justicia y presentó una cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue aceptada. La insólita decisión política sigue vigente y sólo empeora drásticamente las condiciones de encierro, desoye las recomendaciones de los tribunales internacionales y viola los derechos y garantías establecidos en la Constitución nacional.

En Andar toda la cobertura del juicio:

Los responsables responsabilizaron a las víctimas

Testimonios:

Telvi: “Decime qué pasó con Diego Maldonado”

Manuel estaba en la comisaría porque no había cupo en un centro de adicciones

Marcelo López, el papá de uno de los sobrevivientes

La inspección ocular: Los gritos podían escucharse desde todas partes

Las voces de las víctimas: declararon los sobrevivientes

Testimonio exclusivo: Pelagio Giménez, el papá de Elías

Cómo comenzó el juicio: Romper el silencio