ANDAR en la Provincia

(Por M. Soledad Vampa– Agencia) La incidencia de las armas de fuego en la generación y profundización de la violencia en la provincia de Buenos Aires debería ser una problemática de primer orden, aunque la perspectiva desde la que suele abordarse no se sostiene en los datos que arrojan los análisis del tema. Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad (años 2009 a 2011) es con armas de fuego que se cometen alrededor del 59 % de los homicidios dolosos en la provincia, y desmenuzando estas cifras se puede ver que un porcentaje mayor al 50 % de esos homicidios están vinculados a situaciones de violencia familiar, de género e interpersonal. Dentro de esta última categoría se incluyen conflictos asociados a disputas vecinales, laborales, peleas por cuestiones de tránsito, en suma conflictos entre personas que se conocen con anterioridad al hecho que culmina en un homicidio.

[pullquote]más del 50 % de los homicidios cometidos con armas están vinculados a situaciones de violencia familiar, de género e interpersonal[/pullquote]

Datos que corresponden al Departamento de Estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, indican que en el año 2012 de un total de 1043 homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires, solamente 60 corresponden a aquellos ocurridos en ocasión de robo (alrededor del 6 %). Así, si bien la atención pública se concentra en el papel que tienen las armas en la comisión de este tipo de delitos, el debate no debería desentenderse de la alta incidencia que tienen en las muertes violentas vinculadas a conflictos interpersonales. Más aún al ver que si sumamos los homicidios en ocasión de robo con los ocurridos en el marco de otros delitos (68), la cifra asciende a 128, representando sólo el 12, 3 % sobre el porcentaje total de homicidios de ese año.

Poner el eje en esta cuestión conduce directamente a subrayar la necesidad de generar políticas que favorezcan el desarme de la población civil, de pensar una campaña de difusión de los riesgos que conlleva la tenencia de armas y de crear dispositivos específicos que permitan retirar las armas de los hogares y personas denunciadas por hechos de violencia. 

Hecha la ley, permitida la trampa

“Para prevenir la violencia armada es fundamental diseñar políticas para intervenir en la circulación de armas. En el caso de las legales extremando los controles y perfeccionando los registros. En el caso del mercado ilegal acelerando y controlando los procedimientos de destrucción de armas incautadas y secuestradas en el marco de delitos”, explica Rodrigo Pomares, director del Programa de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

[pullquote]De 1043 homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires, solamente 60 corresponden a aquellos ocurridos en ocasión de robo[/pullquote]

Éste y otros organismos de Derechos Humanos como el INECIP y el CELS junto a la Red Argentina de Desarme (RAD) presentaron en junio un documento con fuertes observaciones sobre el “Régimen Provincial de armas de Fuego”, un proyecto de ley recientemente presentado por el poder ejecutivo provincial junto a la ya aprobada ley de excarcelaciones. 

El escrito que enviaron estas organizaciones junto a referentes que impulsan el desarme se entregó al gobernador Daniel Scioli, al vicegobernador Gabriel Mariotto y a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. En el mismo destacan y comparten la importancia de crear un régimen provincial de armas, pero alertan sobre las falencias que presenta el proyecto provincial “ya que prioriza el control registral, no promueve una política integral sobre la violencia armada y superpone y duplica registros ya existentes”, según difundieron en un comunicado.

“No se tratan de cuestiones menores ya que este proyecto avanzaría en un sentido preocupante debilitando la capacidad estatal de controlar la producción, venta y tenencia de armas. En suma, no sólo puede desandar los logros alcanzados a nivel nacional en los últimos años sino también generar efectos contraproducentes”, agregaron desde la CPM. Afirmaron además que “resulta ineficiente y anacrónico” orientar la acción estatal “al caso y las personas” y que es necesario concentrar la gestión en la incidencia sobre las dinámicas de circulación de armas, en lugar de dirigir la atención en el individuo que las porta.

Este grupo de organizaciones considera que no es casual que el régimen de armas se haya presentado junto a la reeditada ley de limitación de las excarcelaciones (VER INFOGRAFÍA 1) Ellos se oponen fuertemente a estas leyes que restringen ese derecho a quienes porten armas de fuego por entender que “se violan las garantías y derechos constitucionales de la población” con una iniciativa que es realmente “ineficaz para luchar contra la violencia que provocan las armas de fuego”.

El recorrido de las leyes sobre armas en la provincia

Además estas nuevas normativas entran en contradicción con la regulación nacional en la materia y llevan a la burocratización del sistema. “Mientras se avanza en planes que entregan incentivos económicos a quienes de forma anónima entreguen sus armas aún no pudiendo acreditar su procedencia legal, se impulsan reformas que se dirigen en sentido opuesto. La reforma al artículo 171 del Código Procesal Penal, al extremar la respuesta punitiva frente a la tenencia de armas, desalienta los alcances de las políticas de desarme por enviar mensajes contradictorios a la población sobre la respuesta estatal frente al tema”, desarrolló Pomares.

Respecto del régimen de armas otra de las principales críticas se centra en que el proyecto no contiene ninguna disposición relativa al control sobre las armas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, por lo que no contempla a la Policía Bonaerense como objeto a ser controlado, y se desentiende de la destrucción de excedentes y del control sobre sus arsenales y depósitos. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires debe crear los depósitos seguros que le manda la ley para evitar que las armas usadas en los delitos vuelvan una y otra vez a la sociedad”, detalló el abogado.

Sin embrago en la reciente campaña “Pacificación Armas Cero” no hay ninguna mención a este tipo de depósitos ni al control de fuerzas policiales, aunque sí comprende a las empresas de seguridad privada.

Los circuitos de armas “blue”: cómo y quién debe regular el mercado ilegal

El mercado ilegal de armas, justamente, constituye uno de los desafíos principales de esta problemática empezando por las enormes dificultades para calcular su tamaño. “Conocer los circuitos y modalidades de acceso y circulación de armas ilegales en los distintos territorios de la provincia de Buenos Aires constituye una deuda pendiente en esta materia de los investigadores y de las instituciones estatales”, explican desde el Programa de seguridad democrática de la CPM.

Respecto de las armas legales, de acuerdo a un trabajo publicado en el año 2011 en la Plataforma de información para políticas públicas de la Universidad Nacional de Cuyo que retoma los datos disponibles del Registro Nacional de Armas (RENAR), se registraban en 2010 1.261.758 armas y 817.239 usuarios individuales, datos incorporados a un informe que el Ministerio de Justicia envía al Senado en febrero de ese año.

Algunas cifras que trascendieron desde el RENAR con datos actualizados dan cuenta de un cambio llamativo: hasta el 2000 se tramitaban más de 150.000 tenencias al año y se solicitaban más nuevos Legítimos Usuarios que renovaciones. Estos números cambian drásticamente a partir de 2003 y bajan de 8196 autorizaciones de portación requeridas en ese año a 660 en 2012, una reducción del 92% en las autorizaciones de portación otorgadas. En el organismo entienden que esto es consecuencia de la política restrictiva implementada a partir del ese año.

Los números de las armas y usuarios legales

Además, a partir del 2012 el RENAR comenzó a aplicar una política de fiscalización más estricta ampliando el número de inspecciones a casi el doble que en los años anteriores. En ese marco se secuestraron 7587 armas y 940.403 municiones, multiplicando en 7 y 3 veces respectivamente el número de secuestros por usuarios registrados que no cumplían la normativa vigente.

Sobre la cantidad de armas ilegales que circulan en Argentina no existen estadísticas fiables, lo que hace extremadamente dificultoso calcular cuál es su proporción estimada en relación al comercio legal. Diversas fuentes coinciden en señalar que el número ilegal de armas a nivel nacional al menos duplicaría el número de armas legalmente registradas , aunque se trata de un cálculo no actualizado y de difícil ponderación.

[pullquote]Sobre la cantidad de armas ilegales que circulan en Argentina no existen estadísticas fiables[/pullquote]

En este escenario entonces, ¿cómo intervenir sobre el mercado negro, para reducir la cantidad de armas disponibles que son el eje del problema? Una forma de empezar sería comenzando por afianzar el control sobre las diversas fuentes que alimentan ese mercado ilegal. Estudios de especialistas indican que el circuito negro de armas se nutre fundamentalmente de cuatro fuentes: el robo a arsenales de las fuerzas armadas; el robo a depósitos judiciales o policiales combinado con el desvío ilegal realizado por funcionarios corruptos, y por último el robo a hogares que se encuentran armados .

[pullquote]Hay  4 fuentes principales del circuito negro de armas, los robos a:  arsenales de las fuerzas armadas; depósitos judiciales o policiales combinado con el desvío ilegal por funcionarios corruptos, y a hogares que se encuentran armados[/pullquote]

Si bien es necesario tomar con cautela esta descripción, teniendo en cuenta los cambios que podrían haber operado en estos años, al menos permite identificar algunos circuitos en los que se debería intervenir:

En un primer paso se debería cumplir la reglamentación vigente en materia de control legislativo de las armas robadas o perdidas por fuerzas de seguridad. En esa línea, la ley nacional 26216 de Desarme Voluntario, establece que las fuerzas armadas, de seguridad y la policía federal argentina deberán informar trimestralmente al Congreso de la nación sobre las armas de fuego, municiones y demás materiales controlados que hayan sido perdidos o desviados. Establece, además, que estos informes tienen que ser públicos. “Desde la CPM, nos hemos contactado con la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, así como con la Presidencia y con la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y nos han comunicado que no reciben esta información. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, es urgente actualizar los registros de las armas en poder de las fuerzas de seguridad, así como aceitar los dispositivos de control y destrucción de las armas perdidas y robadas”, indicó Pomares.

El actual proyecto del sciolismo exime de los controles básicos de armas a aquellas pertenecientes a la Policía bonaerense y otras fuerzas de seguridad. En su artículo 10 crea un banco de “proyectiles testigos” que registra las marcas de cada arma en su primer disparo, no incorpora en ese examen a las municiones pertenecientes a las instituciones policiales. “Es fundamental superar esta omisión teniendo en cuenta la magnitud de las armas en poder de las fuerzas de seguridad y las graves falencias que en materia de registro existen en la actualidad”, consideró Pomares.

[pullquote]Las fuerzas armadas, de seguridad y la policía están obligadas a informar trimestralmente al Congreso sobre materiales controlados perdidos o desviados. El Senado nunca recibió esta información[/pullquote]

Los números a nivel nacional en este aspecto se vuelven significativos. Mirando las cifras que corresponden a la regulación del mercado legal, se observa que del total de usuarios inhabilitados por el RENAR entre enero y marzo de este año el 74% corresponde a personal exonerado de fuerzas de seguridad y el porcentaje que le sigue es el 16% correspondiente a personas implicadas en causas por delitos de lesa humanidad. O sea que el 90% de los usuarios inhabilitados se vinculan de alguna forma a fuerzas policiales o militares.

[pullquote]del total de usuarios inhabilitados por el RENAR entre enero y marzo de este año el 74% corresponde a personal exonerado de fuerzas de seguridad [/pullquote]

La Ley 25.938, que conforma el RENAR, provee herramientas concretas en este sentido ya que establece controles y proporciona instrumentos para el registro, control de la custodia y destrucción de las armas ilegales. La provincia adhirió mediante la ley 13.852, incorporando disposiciones en la materia a su marco normativo que deben ser desarrolladas. Pero los incumplimientos en esta línea ya son variados.

En principio el Ministerio de Seguridad provincial publicita en su página web que se desarrollan planes de desarme en articulación con el RENAR, pero la información publicada sobre la cantidad de armas recolectadas y las ciudades en que se recolectaron es absolutamente difusa. Se menciona que se retiraron de circulación unas 107 mil armas en 2007 sin ningún otro detalle de su procedencia y modalidad de recolección y 22 mil entre 2009 y 2010, sin mayor información. Esto sumado a que de las bocas de recepción publicadas más de 10 indicaron que el programa no funciona más allí al menos desde hace un año.  Así se incumple un punto central de la ley por el que todas las jurisdicciones están obligadas a dar información detallada acerca de las armas secuestradas (número de serie, personas involucradas y lugar del depósito).

[pullquote]En el 0800 que publica el Ministerio de Seguridad como referencia para información el tono suena sin que nadie responda.[/pullquote]

El problema de fondo radica en que la norma aun no está reglamentada y esta omisión deriva en que no haya un control efectivo sobre aquellas armas que se han secuestrado o incautado por los Poderes Judiciales, las Fuerzas de Seguridad, y demás organismos competentes.

En este marco es que las organizaciones y referentes que impulsan el desarme presentaron junto a sus observaciones una serie de propuestas para trabajar la problemática que se centran en los dos problemas principales identificados: por un lado fortalecer los dispositivos estatales de registro y control de las armas robadas o pérdida a fuerzas de seguridad, y por el otro registrar, controlar y destruir las armas incautadas o secuestradas.

PARA AMPLIAR ESTE INFORME:

Entrevista a Carola Cóncaro:

“En materia de armas se trabaja reactivamente, hace falta una planificación racional”

Entrevista a Adrián Marcenac:

“El programa de desarme está languideciendo en una muerte lenta”