El Comité Contra la Tortura (CCT) de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en marzo un habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención de personas trans detenidas en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán, que pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Hace unos días, a partir de esta acción, el Juzgado de Garantías Nº 6 dio un primer paso en el reconocimiento de la gravedad y ordenó algunas modificaciones.

ANDAR en las cárceles

(Agencia – CPM) A partir de denuncias e inspecciones a la unidad desde el equipo de la CPM, que realiza controles periódicos de los lugares de encierro en la provincia, constataron que la población trans sufre mayores agravamientos por la constante degradación de su identidad de género.

Luego de entrevistarse con el colectivo trans en la unidad 44, y a partir de su experiencia de monitoreo, desde la CPM explicaron que “la población trans es objeto de burlas y malos tratos de manera sistemática. No existe respeto por su identidad de género, y son permanentemente tratadas como si padecieran desviaciones sexuales, de manera despectiva y humillante”.

A pesar de contar con una de las leyes más avanzadas en materia de identidad de género, los funcionarios que gestionan el encierro lo hacen por fuera de cualquiera de estas normas. “Es claro para nosotros que esto no sucede por desconocimiento de la normativa, sino por falta de decisión política en cumplirla de forma real”, consideró Fabián Bernal, el sub director del programa de Inspecciones a lugares de detención de la CPM.

 Pedir que se cumpla la ley

En la unidad de Mar del Plata, las detenidas no cuentan con un espacio o pabellón especial, sino que están alojadas en un sector del pabellón C junto al resto de la población de hombres detenidos. Para evitar la convivencia con el resto del pabellón, el Servicio Penitenciario resolvió mantenerlas encerradas bajo un régimen de aislamiento, por lo que permanecen hacinadas en dos celdas 23 horas al día.

A esto se suma que no cuentan con suficientes camastros ni colchones, por lo que deben turnarse para dormir en el piso sobre frazadas y sólo pueden salir al patio durante 1 hora, lo que implica, además, que no tienen acceso a ninguna actividad. Tampoco les dejan ingresar ropa correspondiente a su identidad sexual, no les entregan elementos de belleza personal ni cualquier otro artículo que las identifique como ellas desean.

Durante las inspecciones, el CCT también detectó que son hombres los encargados de realizar las requisas en las que las obligan a desnudarse y a hacer flexiones, prácticas claramente vejatorias. En el mismo sentido, si bien tienen acceso a las duchas, el espacio es el mismo que para los hombres detenidos y deben realizar su aseo personal en presencia de agentes masculinos del Servicio Penitenciario. Las visitas íntimas están directamente prohibidas para las personas trans.

“De lo relatado podemos observar como la institución penal opera en el disciplinamiento de la sexualidad sancionando lo diferente. En este caso se discrimina a la población trans por tener una construcción identitaria diferente a la heteronormatividad. La ausencia de criterios responsables y la falta de capacitación de los operadores para respetar los derechos de quienes adoptaron una orientación sexual diferente dan lugar a todo tipo de prejuicios”, aseguran desde el CCT de la CPM en el hábeas corpus presentado.

El organismo solicitó, además de la presencia de un juez en el lugar, la intervención de peritos psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales para evaluar el impacto del aislamiento y el régimen de vida impuesto a este colectivo. También pidieron que se ordene al Servicio Penitenciario Bonaerense el cese inmediato de los regímenes de aislamiento al que son sometidas las detenidas trans y que se genere o destine un pabellón para su alojamiento, respetando el derecho a la identidad de género.

Bernal plantea que “la operatividad del sistema penal y el SPB se enmarcan en la degradación humana. Esto lo hemos denunciado por años y en lo que atañe a las poblaciones vulnerables, el sistema penal es clasista, sectario y notoriamente machista. Por este motivo nos preocupa que el Poder Ejecutivo no avance en la implementación de políticas serias para garantizar la salvaguarda de derechos tan básicos como la identidad sexual, esto muestra la sistematicidad de la tortura en todos sus aspectos, tanto los físicos como los psicológicos”.

En los primeros días de abril el juzgado de garantías Nº 6, quien tiene a su cargo la mayoría de las causas de las trans detenidas en la Unidad 44, emitió una resolución que solicitaba prolongar las salidas de esparcimiento, permitir el ingreso de ropa femenina, cosméticos y enceres personales y que se realicen las requisas con personal penitenciario femenino, lo cual deviene ajustado a derecho conforme ley de identidad de género. Sin embargo la acción llegó a partir de la intervención del organismo, por eso Bernal señala que “frente a casos como la violación de los derechos del colectivo trans, no vemos que el SPB y el poder judicial adopten medidas activas para prevenir la violación de derechos, es más, se convierten en ejecutores y legitimadores de las mismas.”