Santiago Maldonado desapareció el 1º de agosto en el marco de una violenta represión de Gendarmería a los integrantes de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen. Su cuerpo fue encontrado 78 días después en el río Chubut, muy cerca del lugar donde fue visto por última vez y en un sector que ya habría sido rastrillado. El juez Lleral decidió cerrar y archivar la causa por la desaparición y muerte de Santiago, desestimando la posible responsabilidad de Gendarmería en el hecho. La familia y todas las querellas exigen la reapertura de la investigación. En su rol de querellante, para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la decisión de Lleral se funda en una arbitraria valoración de la prueba y cercena el derecho a la justicia y la verdad. Este 1° de agosto la familia junto a organizaciones sociales y políticas convocan a una concentración en Plaza de Mayo a las 17 hs.

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(Agencia) La familia de Santiago Maldonado reclama que se reabra la causa por la muerte del joven, hallado en el río Chubut en octubre de 2017 luego de una brutal represión de Gendarmería a la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen. En un comunicado, que difundieron por redes sociales, apuntaron al juez Gustavo Lleral por el cierre de la causa y por dos medidas pedidas por la familia que no se hicieron: el peritaje sobre los billetes encontrados en el cuerpo y detalles sobre la autopsia que hablan de “crioconservación natural y artificial”.

“El 24 de noviembre de 2017, el Juez Lleral comunicó a los medios el resultado definitivo de la autopsia, sus palabras fueron: “Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en un cuadro coadyuvado por “hipotermia” omitiendo que se trató de UNA MUERTE VIOLENTA como consta en el informe de la autopsia. Adjuntamos imágenes del informe de la Autopsia, que consignan en ambos casos que se trató de una “MUERTE VIOLENTA”, dice un fragmento del comunicado.

Ese día la Gendarmería ingreso al territorio sin orden judicial en una suerte de cacería, destruyendo una casa mapuche, quemando las pertenencias de miembros de la comunidad y disparando con sus armas reglamentarias. Todo esto, junto con las vainas servidas 9mm recogidas en el lugar, se encuentra acreditado a partir de fotografías y vídeos en los que se observa el accionar de los gendarmes. Sin embargo, en su decisión de cerrar la causa, el juez Lleral desconoció esa concatenación de actos represivos.

Durante la audiencia de apelación realizada en enero, la CPM cuestionó la decisión del juez Lleral por fundarse en una arbitraria valoración de las pruebas y en el desprecio de cualquier otra hipótesis de investigación para el esclarecimiento del hecho. Sobre este punto y, en consonancia con el aporte de todas las querellas, se remarcó que en ningún momento de la investigación judicial Lleral hizo una profunda valoración del contexto de violencia en el que ocurrió la represión del 1º de agosto a la comunidad mapuche de Cushamen. Operativo que se realizó con un gran despliegue de gendarmes y con la presencia, además, de funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Es necesario que la Justicia reponga el carácter de violación de los derechos humanos que esta causa tiene y avance en la investigación sobre la eventual responsabilidad del Estado”, expresaron en su momento desde el organismo. La CPM en particular fundó el pedido de reapertura de la causa en el derecho a la verdad y el consecuente derecho al acceso a la justicia que le asiste tanto a la familia como a la sociedad en su conjunto.

La lucha por una investigación independiente e imparcial, por verdad y justicia, sigue adelante.