En una nueva jornada del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de San Justo, La Matanza, comenzaron los alegatos de las defensas de los 18 imputados. A casi 18 meses del inicio del debate oral y público en el que se han producido más de un centenar de testimonios además de un gran acervo documental de agencias de inteligencia, entre ellas la DIPPBA, y una inspección ocular a la sede de la Brigada, los abogados de los represores pretenden que “la prueba producida no permite acreditar con certeza la identidad física del lugar en el que ocurrieron los hechos”.

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(Agencia) Desde la mañana del miércoles 11 se desarrolló el inicio de los alegatos de las defensas en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo.

El expediente incluye 84 casos de víctimas que fueron secuestradas y alojadas en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en el edificio contiguo a la Comisaría 1° de San Justo.

Frente a los magistrados Alejandro Daniel Esmoris; Pablo Daniel Vega y Nelson Javier Jarazo comenzaron sus alegatos los representantes de los imputados, que pusieron el énfasis en cuestionar el valor probatorio de todo el caudal documental y testimonial aportado en el juicio.

Para ellos, “la prueba producida no permite acreditar con certeza la identidad física del lugar en el que ocurrieron los hechos”, además de afirmar que “no hay identidad total entre las declaraciones de testigos y el inmueble”.

La presentación de la defensa se desarrolló en un escenario atípico respecto al resto de las jornadas de este juicio: por iniciativa de HIJOS – Matanza, el espacio de la sala de audiencias destinado al público se intervino con imágenes de las víctimas cuyos casos se ventilan en el debate, como representación de su presencia frente a las palabras de los defensores de los imputados.

Cabe destacar que no solo se pretendió poner en duda la sede de la Brigada como lugar físico donde se cometieron los crímenes sino que la totalidad de las pruebas aportadas por las querellas y el Ministerio Público Fiscal fue puesta en cuestión, siempre con la perspectiva de la “confianza” y el “valor” que los defensores atribuyen a los testimonios de las víctimas.

En efecto, señalaron que la mayorías de los relatos fueron realizados con carencia “de neutralidad por el evidente interés en el resultado de la causa. Las declaraciones prestadas podrían servir para probar la existencia de los hechos investigados pero no para adjudicar responsabilidad particular de nuestros representados”.

“No dudamos en la buena fe de los testigos. Los recuerdos no permanecen intactos, reaparecen y se van con el tiempo, reaccionan a estímulos externos, por lo que tienen un valor relativo”, agregaron.

Al mismo tiempo, rechazaron el valor de los testimonios brindados en los Juicios por la Verdad e incorporados por lectura al presente juicio oral y público al calificar a aquellos como actos no jurisdiccionales: “Esos juicios fueron mecanismo de justicia transicional no ajustado a los cánones previstos en la normativa procesal penal”.

En virtud de sus consideraciones generales sobre las pruebas, las defensas adelantaron que pedirán la absolución de sus asistidos: “No ha quedado probado en el juicio que nuestros representados hayan dispuesto o realizado detenciones, ejecutado otros actos ilícitos ni que hayan cumplido órdenes para cometer delitos. Prestar servicio en un lugar y en una determinada época no resulta suficiente para endilgarles responsabilidad sobre los hechos investigados”, cerraron.