ANDAR en La Plata

(Agencia) A 6 meses de las inundaciones en La Plata, mientras las diversas asambleas barriales y ambientales organizaron una jornada cívica y convocan a la comunidad marchar desde Plaza Moreno a las 18.30 hs, diversas organizaciones se han pronunciado en torno a las marcas que aún persisten de ese 2 de abril.

Foto: Archivo CPM- Helen Zout

La Comisión Provincial por la Memoria emitió un comunicado en el que acompaña a los vecinos de La Plata y sostiene que “la llamada catástrofe “natural” fue una catástrofe social, que puso en evidencia las ausencias y carencias de un Estado, que sigue pensando las políticas de seguridad como temas policiales, y no desde una perspectiva amplia e integradora que debe tener como meta acrecentar el acceso a los derechos humanos de toda la población”.

La niñez sin sistema

Por otro lado, el Programa de Niñez Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP elaboró un informe sobre la implementación -o su falta- del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez (SPPDN). De acuerdo a los profesionales la ausencia de este sistema profundizó los efectos de la inundación del pasado 2 de abril en el partido de La Plata. (VER INFORME AL FINAL DE ESTA ENTRADA)

El día después en el Arroyo del Gato. Foto: Archivo CPM – Helen Zout

El análisis se realizó a partir de testimonios de los diversos actores y referentes de las organizaciones sociales que trabajan en los mismos territorios inundados, y un relevamiento de las principales medidas que se tomaron desde el Estado para abordar el desastre. El abordaje es desde la perspectiva de Derechos Humanos y políticas públicas para la niñez.

El resultado es preocupante, desde el mencionado programa aseguran que las inundaciones “pusieron de manifiesto la violación sistemática a los derechos humanos que venían sufriendo cientos de niños, niñas y adolescentes de esta jurisdicción como consecuencia directa de la omisión por parte de los organismos municipales y provinciales de implementar el sistema estatuido a partir del dictado de la Ley 13.2982”. Según la investigación esta situación se evidencia en tres líneas: la ausencia de políticas públicas integrales y/ o especializadas para atender la situación de niñas y niños, la falta de perspectiva respecto de la niñez en la reacción ante la emergencia y el déficit de información sobre la situación sanitaria y psicosocial de las niñas y niños afectados, que aún hoy persiste.

[pullquote]se sustanciaron pruebas que reflejaron la ineficacia e ineficiencia estatal para poner en marcha políticas públicas que amparen a los niños y niñas[/pullquote]

Un claro ejemplo de esta situación es el sistemático incumplimiento del un proceso judicial que lleva más de cinco años y que posee sentencia firme del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 (Ver sentencia del 22 de mayo de 2012 “Asoc. Civil Miguel Bru y otros c/ Ministerio de Desarrollo Social y Otros s/ Amparo”, Expte N° 15928/08). En ese proceso se sustanciaron pruebas que reflejaron la ineficacia e ineficiencia estatal para poner en marcha políticas públicas que amparen a los niños y niñas evitando daños irreparables en casos como los de la inundación pasada.

Los profesionales subrayan además que aún “Carecemos de información oficial que nos acerque a un conocimiento cierto sobre de la cantidad de damnificados en los barrios afectados, la cantidad de niños que han padecido lesiones a sus derechos humanos durante la catástrofe, el plan de acción que se llevó y se llevará a cabo para reparar dichos daños, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han desaparecido durante dicho temporal, entre otros interrogantes”.

[pullquote]Carecemos de información oficial que nos acerque a un conocimiento cierto sobre la cantidad de damnificados, el plan de acción que se llevó y se llevará a cabo entre otros interrogantes[/pullquote]

Las consecuencias parecen aun más inconmensurables sin estos datos. Desde el programa de niñez describen cómo los daños sufridos por el temporal son directamente proporcionales a los grados de vulnerabilidad preexistentes. Entre los testimonio que retoman entrevistan a un militante que realizó trabajos de distribución de la ayuda:

“La diferencia que hay entre los barrios del centro, que se vieron bastante afectados, es que en esos barrios la gente tiene un trabajo estable, tiene un montón de cosas entonces, la gente nos decía: `déjennos lo necesario para pasar esta noche y mañana, nosotros podemos salir adelante. Vayan a los barrios que más lo necesitan´. Pero de todas formas, en todas las casas se perdió todo. Algunos con posibilidades de recuperarse en menos tiempo, y otros en tener que empezar de cero. Pero el desastre fue igual en todos lados.” (Agustín Santarelli, Juventud Guevarista)

Ante el desastre económico, entre las medidas propuestas por los gobiernos municipal, provincial y nacional hubo muchas que sólo resultaron factibles de ser utilizadas por algunos sectores sociales que no son los más vulnerables.

[pullquote]los daños sufridos por el temporal son directamente proporcionales a los grados de vulnerabilidad preexistentes[/pullquote]

Las obras también son una deuda pendiente que colaboró en profundizar la gravedad de las consecuencias. No sólo aquellas no realizadas y denunciadas, por ejemplo, por la Facultad de Ingeniería de la UNLP, sino también otras asociadas al mantenimiento urbano como “el deficiente manejo de los basurales (sectores donde se acumula la basura de manera informal pero que concentra gran parte de los desechos urbanos), como el caso denunciado por el Movimiento 7 de Abril en el barrio Altos de San Lorenzo o el reclamo no satisfecho de los vecinos de Los Hornos por el entubamiento de un zanjón, denunciado por el Frente Popular Darío Santillán”.

La respuesta inmediata también fue deficiente en las entrevistas con vecinos y organizaciones se percibía la sensación de desamparo, aun ante la presencia de la policía y gendarmería que cumplieron una función más orientada a resguardar bienes materiales que ya estaban devastados que a extender la ayuda en la limpieza y reconstrucción de lo que quedaba. En el informe se menciona cómo mientras el ministro de seguridad advertía que “Todos aquellos que tuvieren alguna intención de estrago les ponemos una advertencia: que la policía, gendarmería y prefectura estarán atentos. El informe concluye que aún en el “contexto de emergencia las fuerzas de seguridad desplegadas en el territorio cumplieron tareas de vigilancia, amedrentamiento y represión directa”.

[pullquote]aún en el contexto de emergencia las fuerzas de seguridad desplegadas en el territorio cumplieron tareas de vigilancia, amedrentamiento y represión directa[/pullquote]

La investigación continúa desarrollando cómo tres áreas estatales claves en la promoción de derechos humanos siguieron derroteros desiguales. El sistema de salud tuvo una presencia deficitaria, El sistema educativo tuvo una participación desigual y finalmente el Ministerio de Desarrollo Social tuvo una participación marginal. Asimismo varias denuncias circularon en torno a la discrecionalidad y discriminación abierta en la distribución de mercadería entre los vecinos que se sumó a la incapacidad de las agencias estatales para gestionar soluciones en conjunto con la sociedad civil.