Desde la asamblea que nuclea a distintas comunidades dedicadas a la venta callejera denunciaron irregularidades y discriminación. Mercadería secuestrada que desaparece, insultos, funcionarios que se niegan a identificarse. ¿Cómo deben actuar los funcionarios? ¿Con qué herramientas se defienden las personas afectadas?

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) Esta semana volvieron en la ciudad los operativos contra la venta ambulante y desde la Asamblea por los Derechos de los Trabajadores Migrantes volvieron a pronunciarse contra la criminalización del sector y los atropellos que sufren quienes trabajan en las calles. Una vez más, uno de los sectores más afectados fue el de la comunidad migrante. “Salen como siempre. Lo que nosotros podemos denunciar es la manera de hacer los operativos. No podemos impedir que hagan porque ellos hacen su trabajo, pero preferimos hacer público esto porque es lo único que podemos hacer, denunciar la forma que actúa control urbano y la policía también”, dice Cheikh uno de los referentes de la Asociación Senegalesa local.

En el facebook de la Asociación los senegaleses subieron un video que lograron registrar en uno de los operativos y que muestra cómo los funcionarios incumplen con los procedimientos básicos que deberían garantizar, aún cuando los vendedores se los exigen. “Ellos deben identificarse, contar las cosas y hacernos un acta, con eso hay posibilidad de recuperar la mercadería por eso lo que reclamamos es que hagan bien su trabajo. Y que la policía no vaya a favor de control urbano, porque ellos saben que lo están haciendo mal y los dejan hacer lo que les de la gana y si reaccionamos nos quieren pegar y poner delitos no sé de qué”, explica Cheikh y cuenta que en lo que se ve registrado querían llevarles las cosas a la comisaría sin hacer el acta previa y se negaban a identificarse. “Estuvimos más de una hora pidiendo que no se llevaran las cosas”.

El día anterior en un operativo similar le sacaron la bolsa a otro vendedor sin ningún tipo de registro en acta y nunca supo cuál había sido el destino. Incluso el joven terminó con golpes tras un forcejeo con los funcionarios. Por ese hecho la comunidad ya realizó la denuncia pertinente en la fiscalía de turno y desde la Comisión Provincial por la Memoria, que viene trabajando para asesorarlos y asistirlos, se hará un pedido de informes y la denuncia a Asuntos Internos también.

Desde la CPM vienen detectando un recrudecimiento del accionar municipal y policial sobre todo a partir de la aplicación DNU 70/2017 que abre la puerta a políticas lesivas de los derechos de los migrantes en general y de quienes se dedican a la venta callejera en particular. Al asociar migración y delito sin un diagnóstico serio ni cierto para el organismo el DNU es “de dudosa constitucionalidad, lesivo para con las garantías constitucionales de las personas migrantes, y sumamente regresivo respecto a los estándares internacionales de los derechos humanos que había consagrado la regulación prevista en la Ley de Migraciones 25.871”.