Al menos en dos oportunidades durante la última semana agentes de la policía bonaerense detuvieron unidades del transporte público y realizaron requisas y averiguación de identidad de los pasajeros. Son los micros que usan estudiantes de las escuelas e institutos de formación de la zona cotidianamente.

ANDAR en la costa

(Agencia Andar) Anochecía en el partido de la costa y el micro de la línea interurbana viajaba completo, como todas las tardes. Es el transporte manejado por una cooperativa local que usan cotidianamente los estudiantes de educación secundaria y formación docente de las localidades costeras. Iba con más de 30 pasajeros,  muchos de ellos menores de edad, que volvían a sus casas luego de la jornada escolar. En la entrada de La Lucila del Mar los detuvo un operativo policial.

“Los paran a las 18.25, suben varias policías mujeres, en total eran una decena de agentes entre mujeres y hombres, hacen bajar a los varones del micro y a las chicas las dejan arriba. A ellas les hacen abrir los bolsos y mochilas y a los chicos abajo les agarran el DNI y se los van pasando entre los policías y van diciendo nombres y apellidos”, describe Vanesa Ramos, la secretaria de comunicación de SUTEBA La costa – General Lavalle e integrante de la Comisión por la Memoria local, que relevó lo sucedido.

Uno de los pasajeros quiso saber a qué se debía el operativo. “Por lo de chofer de La Matanza”, respondió una agente. No hubo ninguna orden judicial ni evento local que justificara la medida “hasta donde sabemos no hay tampoco ninguna resolución para desplegar esto, ni acá ni en ningún lado. Fundamentan operativos por algo que pasó a 400 kilómetros”, agrega Ramos.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) explican que el Ministerio de Seguridad ha adoptado como mecanismos sistemáticos, supuestamente preventivos, la detención de automóviles en la vía pública para realizar averiguaciones de identidad, cacheos y requisas sobre las personas y sus pertenencias. “Los funcionarios intervinientes dicen que estos procedimientos tendrían fines de prevención del delito, pero los resultados no se hacen públicos, lo que impide un control sobre las formas procedimentales obligatorias”, dicen desde el organismo. A su vez, su consecuencia directa es el cercenamiento de derechos tales como el a la libre circulación, a la presunción de inocencia, y a la intimidad de las personas.

Al difundir el caso a través de un video se supo que ya había pasado lo mismo la noche anterior con los pasajeros que se trasladaban  entre Santa teresita y  San clemente después del último turno de clases que toma el colectivo de las 22.45 hs. En ese caso se detuvo el transporte y se le solicitó documentación a los pasajeros.

En las aulas se encendió una alerta y la comunidad educativa está trabajando sobre el tema. En una de las charlas una estudiante expresó angustiada que tenía miedo de verse en esa situación “es como lo que le cuenta mi mamá que pasaba en la dictadura”, dijo. “Hay que leer estas cosas en contexto, asesorarse conocer las leyes, porque sino queda en que es un operativo de seguridad y lo que hacen no es legal”, enmarca la docente.

“La justificación de este tipo de operativos debe estar encuadrada en la excepcionalidad, la razonabilidad, la justificación objetiva, la habilitación judicial previa, junto a  otros requisitos inexcusables”, informan desde CPM. Además debe  garantizarse la realización de actas con una descripción de todas las circunstancias, y la participación de testigos externos a la participación judicial y/o policial, entre otros requisitos. Esos registros deben ser enviados posteriormente a los órganos judiciales de control y estar abiertos a la fiscalización de organismos de control.

Desde el Consejo Ejecutivo de la Seccional del SUTEBA  y la Comisión por la Memoria del Partido de La Costa emitieron comunicados repudiando estos hechos y solicitando, tanto a las autoridades educativas como ejecutivas del gobierno bonaerense, la protección de los y las estudiantes y el cese de este tipo de operativos.

“Como expresamos en distintas oportunidades, este tipo de medidas propician la violencia estatal, aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y son ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo”, analizan desde la CPM.

“No vamos a dejar que los repriman, que los vuelvan dóciles de nuevo. ¿Porqué hacer el operativo a la salida de la escuela? ¿Cuál es el mensaje que nos quieren dejar? Es simbólico lo que nos está pasando”, concluye Ramos.