En estas horas el destino de la universidad pública se juega en la calle y en el Congreso. Desde el anuncio del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario aprobada el 22 de agosto por una amplia mayoría, se multiplicaron las acciones de las agrupaciones de estudiantes, docentes y no docentes con cortes de calles y tomas de facultades en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y casas de estudios del resto de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. A ellos se sumaron los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y así todos los claustros coincidieron en movilizarse este miércoles 17 en una gran marcha hacia plaza Congreso, en la CABA.

(Agencia Andar) Tanto en la calle como en las redes hubo cruces y tensión con los funcionarios libertarios. La baja momentánea del campus virtual de la UBA, donde colocaron una placa negra que rezaba en letras blancas “No al veto”, provocó el exabrupto del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien en un programa de televisión amenazó con “allanar” sus servidores, como si esa fuera una potestad de un integrante del Poder Ejecutivo. Más tarde, el gobierno hizo una denuncia penal con poco sustento jurídico al respecto.

En tanto, el propio Milei en su mensaje por cadena anunció un aumento para el sector educativo, vía la ley de presupuesto que finalmente presentó, que será deglutido por la inflación real. En efecto, la Federación de Docentes de las Universidades expresaron que el incremento de 4.28 billones de pesos para este año y de 4.78 billones para el próximo “es un aumento nominal de 11,7% que corre detrás de la inflación promedio proyectada (17,3%)”.

Todo indica que esta vez la reacción será aun más contundente que el año pasado, cuando el 9 de octubre el Congreso convalidó el veto de Milei a una ley muy similar. En las provincias también hay revuelo y una firme actividad de los rectores que podrían indicar esta vez el fin del ahogamiento económico para la educación universitaria. De hecho, algunos dedicaron su fin de semana a visitar a los diputados de sus provincias para “sensibilizarlos”, tal como comentó Víctor Moriñigo, de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

“La de mañana va a ser una gran marcha, tiene que ver con un proceso de pauperización salarial de los trabajadores y trabajadoras, con una profundización de la reducción de las partidas de todas las áreas de funcionamiento de la universidad: salarial, becas estudiantiles, ciencia y tecnología, y lo básico para que funcione”, expresó a Andar Verónica Bethencourt, secretaria administrativa de ADULP (Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata). “El 23 de abril de 2024 hubo una gran marcha, y hoy las condiciones son muy diferentes en cuanto a la percepción que hay desde la universidad respecto del proyecto de gobierno de Milei, hay un cambio de tono en relación a esta marcha, tal como lo vienen demostrando las elecciones que se han dado hasta el momento”, añadió.

Consultada sobre cuál es su expectativa hacia el Congreso, Bethencourt indicó: “Esperamos que los diputados y diputadas sostengan la voluntad que manifestaron cuando votaron las dos leyes, la de emergencia pediátrica y la de financiamiento universitario, por eso nos vamos a manifestar”. Y agregó que “el mensaje en la cadena de Milei prometiendo dinero para el año siguiente en los distintos rubros ha sido un intento de que el veto se sostenga, pero es claro que los 4.8 billones son absolutamente insuficientes, los rectores y las rectoras reunidos en el CIN habían reclamado 7.5 billones de pesos”. En su mirada, esa cifra significa seguir desinvirtiendo en educación superior, que es “un derecho social” conseguido con luchas generación tras generación. Por lo tanto espera que diputados y diputadas estén “a la altura de lo que se está jugando”.

Por su parte, Lourdes Oliverio, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), manifestó a Andar que se están organizando para “salir a las calles en una movilización enorme como las que hubo el año pasado, nos estamos enfrentando a dos vetos de un gobierno y el FMI que tienen un plan, vaciar la educación y la ciencia de este país, que sus profesionales cobren una miseria, un docente con 20 años de antigüedad cobra 300.000 pesos, un camillero del Garrahan cobra 800.000, buscan que renuncien porque con eso no se puede llegar a fin de mes ni alimentarse”. Oliverio apuntó que los y las estudiantes “saben que el gobierno está buscando comprar voluntades en el Congreso, no confiamos en los diputados y senadores que el año pasado vetaron una ley de financiamiento universitario, por eso llamamos a toda la sociedad a que nos acompañe mañana, confiamos en nuestra fuerza en la calle, venimos de asambleas, clases públicas y cortes, creemos que es posible tirar abajo estos vetos, la gente está cansada de que la ajusten y de que le peguen a los jubilados, no lo votaron para eso, ni tampoco para que ajuste en salud y educación”.

“Será una movilización multitudinaria, a la altura de las del año pasado, donde se expresó el enorme repudio popular de estudiantes, docentes, no docentes, familias, trabajadores de todos los sectores a una política abiertamente destructora de la universidad pública, a un gobierno que viene siendo repudiado en su plan general”, dijo a Andar Juan Duarte, profesor de Psicología en el CBC (Ciclo Básico Común) de la UBA. “Sabemos que la fuerza para enfrentar el veto a la ley de financiamiento educativo va a venir de las calles, desde abajo, la fuerza está en las calles en unidad con el sector de discapacidad, trabajadores de la ciencia, jubilados y del Garrahan, desde abajo podemos imponer a un Congreso, donde sabemos que hay diputados que pueden ausentarse o ser comprados, y que se caiga ese veto”, agregó.

Duarte destacó que la lucha sigue en el Senado y contra los recortes que plantea el plan económico dictado por el FMI. A su criterio, “hubiera sido fundamental que las centrales sindicales convocaran a un paro nacional para que también pudieran asistir trabajadores y trabajadoras por una educación y una salud pediátrica públicas con recursos”. Para él, la situación en las universidades públicas es “desesperante” porque “más de 10.000 docentes renunciaron a sus trabajos porque el sueldo no les alcanza”.