En un informe presentado a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó elementos sobre el sistema de vigilancia masiva y de persecución política montado por el gobierno anterior, a partir de un entramado institucional que garantizó la utilización ilegal de los instrumentos de inteligencia estatal con la intención de influir sobre los poderes judiciales y la agenda pública. Esto implicó reformas legales regresivas, la falta efectiva de control y la connivencia entre autoridades gubernamentales y las agencias de inteligencia. Actualmente, hay 87 personas imputadas, 69 de ellas procesadas, por estos delitos.

ANDAR en el Congreso  

(Agencia Andar) Las causas que investigan el espionaje ilegal durante el gobierno de Juntos por el Cambio en los tribunales federales de Lomas de Zamora, La Plata, Dolores y Comodoro Py ponen de relieve la magnitud que tuvo esta trama de vigilancia y persecución sobre un gran número de ciudadanos, principalmente militantes de organizaciones del campo popular. Las pruebas de estos expedientes muestran claras afectaciones al derecho a la privacidad, a la protección de datos personales y al libre ejercicio de libertades y derechos políticos básicos de cualquier sociedad democrática.

Sobre estos hechos, la Comisión bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia emitió un informe en donde se sostiene que “lo sucedido en la gestión de la Alianza Cambiemos constituyó un plan sistemático de espionaje ilegal y violación a los Derechos Humanos”.

Recientemente,  y en calidad de querellante en algunas de las causas que investigan estos delitos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un informe propio que historiza el rol de las agencias de inteligencia en la vida política del país y analiza la normativa y doctrina en la que se asentó el Sistema Nacional de Inteligencia durante los últimos cuatro años.

En 2015, todavía durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, se aprobó la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional y reglamentó el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Estas medidas apuntaron a elevar los estándares de publicidad, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de fondos e información, así como el control por parte de la ciudadanía.

Si bien el devenir de los hechos demostró que estas transformaciones no lograron revertir estructuralmente los altos márgenes de discrecionalidad, secretismo y autonomía en las prácticas de inteligencia estatal, las reformas que introdujo el gobierno anterior desde los primeros momentos de gestión no sólo clausuraron ese avance sino que sentaron las bases para vehiculizar, con fines políticos y judiciales coincidentes con el gobierno de turno, las acciones de espionaje ilegal desplegadas entre 2016 y 2019.

Las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional tendieron a eliminar los mecanismos de transparencia en el manejo de los fondos reservados de la AFI, el sistema de escuchas e intervenciones de las comunicaciones y profundizaron el vínculo servicios de inteligencia–Poder Judicial.

En ese sentido, el informe destaca dos reformas: por un lado, el DNU 656/16 que volvió a establecer la reserva sobre la identidad del personal de inteligencia y reestableció el secreto para la administración de fondos reservados y se disolvieron controles operativos que hasta ese momento debía ser monitoreada por la Comisión Bicameral. Por otro lado, mediante el DNU 256/2015, se dispuso de las escuchas a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las consecutivas modificaciones realizadas por la CSJN, derivaron en una ampliación desmesurada de las atribuciones que incluyeron, entre otras, facultades para la investigación criminal.

Otra modificación sustancial que profundizó aún más estos retrocesos fue Ley Nº 27.304 que incorporó al Código Penal las denominadas “nuevas técnicas de investigación”. A través de las mismas, se amplió las facultades del Estado para vigilar a las personas en el marco de una investigación judicial e introdujo figuras legales -como las del imputado colaborador, el agente encubierto, el agente revelador y el informante- que afectaron significativamente el devenir de determinados procesos judiciales y funcionaron como plafón jurídico para la extorsión y el direccionamiento de testimonios en causas por corrupción.

“En definitiva, las diferentes decisiones de gobierno…, construyeron el andamiaje normativo y funcional para un sistema de vigilancia masiva y persecución política sin precedentes”, resume el informe de la CPM.

El espionaje en la justicia  

Esta voluntad política tuvo como consecuencia inevitable el incremento sustancial de prácticas de espionaje ilegal. Las investigaciones judiciales dejaron al descubierto que, durante el periodo 2016-2019, los servicios estatales de inteligencia recolectaron, procesaron, analizaron y diseminaron, sin derivación judicial y bajo orden directa de la cúpula de la Agencia, información referida a referentes políticos -tanto oficialistas como opositores-, activistas, empresarios, sindicalistas, periodistas, agrupaciones políticas, organizaciones sociales, centros comunitarios y familiares de víctimas de violencia institucional, por el solo hecho de su pertenencia político-partidaria, social, sindical y/o cultural. Es decir, por fuera de lo establecido por la Ley Nacional de Inteligencia.

Actualmente, ocho causas están en trámite en juzgados federales de Lomas de Zamora, La Plata, Dolores y Comodoro Py; entre ellas, la causa D’Alessio, Bases AMBA (en donde se comprobó tareas de inteligencia contra, al menos, 45 organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, 18 partidos políticos y frentes electorales, y 45 informes sobre 13 gremios docentes y otros 50 sobre organizaciones sindicales), la que investiga interceptaciones de correos electrónicos a dirigentes políticos y gremiales –la CPM patrocina al senador provincial Traverso y a la ex diputada Gabriela Troiano–, el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan y el espionaje a periodistas en la cumbre del G-20.

También se investiga el espionaje en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense, que reveló la realización de seguimientos, monitoreos, informes con diferente software de inteligencia, así como producción y análisis de información de diferentes personas privadas de libertad.

En ese marco, se detectó el “cableado”, implantación de micrófonos y cámaras subrepticias en la Alcaidía Departamental Nº 3 de Melchor Romero. La resolución judicial que dictó el auto de procesamiento a más de cuarenta personas imputadas en el expediente, concluyó que “lo sucedido con la cárcel Melchor Romero del SPB no deja lugar a dudas sobre el propósito de espiar ilegalmente a personas privadas de libertad, planificado desde las máximas autoridades de la AFI”. Esto implicó también el involucramiento y participación de funcionarios jerárquicos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de la gestión de Cambiemos.

En total, en estas ocho investigaciones judiciales hay 87 personas imputadas; 69 de ellas, se encuentran ya procesadas. Estas imputaciones alcanzan a las principales autoridades de la AFI durante la gestión de Cambiemos: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Además, hay una novena causa por intercepciones de teléfonos que se inició en 2017 por una denuncia de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Si bien esa instrucción fue archivada en primera instancia, forma parte de este mismo contexto de espionaje ilegal que se desplegó durante los años de la anterior gestión de gobierno.

Bajo el amparo de las estructuras institucionales, esta trama de espionaje ilegal con fines políticos y judiciales para influir en la situación institucional del país evidenció también el estrecho vínculo entre la justicia y las agencias de inteligencia. Ese vínculo se ha cristalizado, enumera la CPM, en “filtración de escuchas para operaciones político-mediáticas, la convalidación judicial de tareas de inteligencia sin fundamentos reales que se utilizaron para el espionaje político, la utilización irregular de IPP en la justicia provincial en articulación con agentes de inteligencia, entre tantos ejemplos que grafican este nexo estrecho para acciones arbitrarias e ilegales”.

Una deuda de la democracia  

A partir de la experiencia de gestión del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), el informe de la CPM también realiza un balance de las continuidades y rupturas de las prácticas de inteligencia ilegal desde el retorno de la democracia.

Desde el momento de su creación en el año 1956 -bajo el título de Central de Inteligencia-, hasta su disolución en 1998, la DIPPBA tuvo como misión específica el espionaje político e ideológico interno. Es decir que desde su origen funcionó como una policía política.

Durante el terrorismo de Estado, la DIPPBA y los distintos organismos de inteligencia colaboraron entre sí, en lo que se denominó “comunidad informativa”, para la persecución, secuestro y desaparición o asesinato de personas que fueron identificadas como “amenazas” de acuerdo a la “doctrina de seguridad nacional”, vigente durante las décadas del sesenta y setenta.

En el informe presentado a la Comisión Bicameral, a partir del convenio firmado con el National Security Archive y la Universidad William & Mary, la CPM también compartió documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos que revelan el rol de los servicios de inteligencia durante la última dictadura militar.

Tras el retorno a la democracia, las agencias de inteligencia siguieron desplegando su estructura de espionaje sobre las víctimas de la violencia estatal, los gremios y los actores políticos. “Las leyes que estructuraron la transición democrática -Seguridad Interior y Defensa- así como la sanción de la Ley Nacional de Inteligencia 25.520 y sus modificatorias no lograron revertir los rasgos fundamentales de dicha concepción”, resume la CPM en el informe presentado a la Comisión Bicameral.

“La refuncionalización de los organismos de inteligencia y su utilización instrumental para el espionaje político por parte de los distintos gobiernos democráticos, han contribuido sin dudas a la pervivencia de la ilegalidad y secretismo que estructuran la actividad de inteligencia en Argentina”, agrega. Y describe entre los rasgos principales de esa funcionalidad la reciprocidad entre las gestiones de turno y las agencias de inteligencia; la alta incidencia en la vida política e institucional argentina; la fuerte vinculación con los poderes judiciales; y, por último, la intervención en base a acciones ilegales con alto impacto en la intimidad de las personas e instituciones.

Tras el cambio de gobierno, el presidente Alberto Fernández intervino la AFI –designando como interventora a Cristina Caamaño– y comenzó a desandar algunos de estos graves retrocesos: derogó el Decreto 656/2016 que consagró el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado y avanzó en la implementación y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos, reduciendo las partidas reservadas y generando un programa de rendición de cuentas.

Además se determinó que los organismos de inteligencia no pueden participar como auxiliares de la justicia en investigaciones criminales ni pueden cumplir en ningún caso, funciones policiales. Esta medida apunta a avanzar sobre el modo de interacción con el sistema de administración de justicia, una de los principales desafíos para la institucionalización de nuevas prácticas en materia de inteligencia estatal.

Se trata de algunos cambios que deben fortalecer el camino hacia una reforma integral del sistema nacional de inteligencia, sobre la base de un “debate político y social amplio, que incorpore estándares democráticos para reformar una de las áreas más sensibles del Estado. Una reforma de tales características debiera orientarse a la profesionalización de la actividad de inteligencia criminal, jerarquizando aquellas problemáticas que atentan contra los sectores más vulnerables de la sociedad”, señaló la CPM y expuso algunos ejes fundamentales de esa reforma: el fortalecimiento de los mecanismos parlamentarios de control y la definición sobre la especificidad de las tareas de investigación criminal, ya que en el marco de estas se vislumbran la mayor parte de las arbitrariedades e ilegalidades en materia de inteligencia ilegal.

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