El 18 de febrero de 2020 la jueza Mariel Borruto, a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, procesó a 4 exoficiales del Ejército por el delito de torturas padecido por conscriptos del Regimiento de Infantería 5 durante la guerra de 1982. La causa fue iniciada en 2007 con 95 militares imputados en 105 casos de delitos graves cometidos contra más de 120 víctimas, y hasta hoy sólo 4 de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad fueron procesados pero sin prisión preventiva. Otros 14 imputados aún tienen pendiente la declaración indagatoria dispuesta en 2018 por el entonces juez Federal subrogante en Río Grande, Federico Calvete, pero la jueza Borruto sigue dilatando su realización. Incluso 6 indagatorias ordenadas por la jueza en mayo del año pasado fueron finalmente postergadas.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) Las dilaciones procesales y la continuidad del “paseo del expediente”, como denuncia el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas (CECIM)-La Plata, implican año tras año la revictimización de los excombatientes que padecieron las torturas y tormentos por parte de los jefes militares en Malvinas y las posteriores amenazas y persecución destinadas a garantizar la impunidad por los delitos cometidos.

Este jueves 18 se cumple un año del procesamiento de 4 exoficiales del Ejército por los delitos de imposición de tormentos y torturas en el marco de la causa 1777/07, la cual tiene a 95 militares imputados y más de 120 víctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto.

Ese avance, sin embargo, se enfrenta a los casi 40 años de los hechos investigados, 14 años transcurridos desde el inicio del expediente y 3 años de dilaciones para más de una decena de declaraciones indagatorias que fueran dispuestas por el entonces juez subrogante Federico Calvete.

En diálogo con ANDAR, el secretario de Derechos Humanos del CECIM-La Plata y Tesorero de la CPM, Ernesto Alonso, explicó que “más allá de los 4 procesamientos del año pasado, la jueza Borruto asumió su cargo y en seguida suspendió, sin fecha nueva, las 18 declaraciones indagatorias que había ordenado el juez subrogante de Río Grande. Recién el año pasado realizó 4 de las 18, y en mayo estaba previsto, por orden suya, la realización de otras 6 indagatorias en el período de la feria judicial. Pero no sólo volvió a suspenderlas sino que nunca estableció cuándo se realizarían, por lo que la causa sigue en el mismo estado que en febrero del año pasado”.

“Esta desidia, esta falta de respuesta y de reacción frente a una causa importante para la sociedad, una causa en la que se ventilan crímenes de lesa humanidad y de los que ha pasado prácticamente una vida, es el tiempo de la impunidad”, sostuvo Alonso, y agregó: “Tenemos que entender este problema desde la urgente y necesaria reforma judicial, porque los jueces están atados a sus puestos sin control de la sociedad y sin brindar el servicio a las víctimas y al conjunto del pueblo. Esto es parte del negacionismo aún vigente en distintos sectores de poder, del sistema de impunidad y del amedrentamiento de las víctimas que también persiste”.

Cabe destacar que el CECIM-La Plata, la CPM y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires forman parte de la querella en esta causa, y ya han rechazado las demoras para la realización de nuevas indagatorias –que podrían derivar en nuevos procesamientos- por las presuntas dificultades para efectivizar las teleconferencias con los imputados en el marco de la pandemia.

La jueza Borruto, al respecto, solicitó asistencia al Consejo de la Magistratura pero desde el órgano le respondieron en diciembre pasado que como auxiliar de la justicia interviene la Policía Federal. De allí que la magistrada recientemente solicitó a la fuerza federal la asistencia para la eventual realización de audiencias virtuales con los imputados desde sus respectivos domicilios, práctica ya habitual en todos los procesos y debates orales en curso desde hace casi un año.

“Esta ‘celeridad’ nos lleva a pensarnos, teniendo en cuenta la cantidad de años de la causa y de las personas que se encuentran denunciadas, que la Dra. Borruto estaría necesitando 311 años para llegar a un juicio que con suerte podría llegar a celebrarse en el año 2300. Este es el tiempo que nos impone la Dra. Borruto, el tiempo de la impunidad”, denunció el CECIM-LA Plata en su comunicado por el aniversario de los primeros procesamientos.

“Con mucho pesar también observamos posiciones asumidas por algunos funcionarios públicos, con los cuales nos encontramos el 24 de Marzo en la Plaza de Mayo, pero el 2 de Abril repiten el libreto de la guerra que dejó el Terrorismo de Estado, siendo funcionales a la impunidad en cada decisión que no toman”, agregó el Centro de ExCombatientes.

La CPM como parte de la querella

A comienzos de octubre de 2017 la Comisión Provincial por la Memoria realizó un viaje a Río Grande y Ushuaia para presentarse como querellante en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra de Malvinas.

“Pesa en cabeza del Estado, a través de sus Poderes (erigidos en la Constitución Nacional) la obligación de investigar todos aquellos casos en que se presuma han existido crímenes de lesa humanidad o bien, graves violaciones a los derechos humanos (…) Lo cual demanda de los actores intervinientes una proactividad tendiente a arribar a resultados que puedan satisfacer la pretensión de las víctimas”, manifestaba el escrito que la CPM dejó al por entonces juez subrogante Federico Calvete.

La visita a Tierra del Fuego –que incluyó una reunión con el intendente de Río Grande, Gustavo Mella, y una charla en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego a cargo de Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel- y la presentación como querellante en la causa se inscribió en un largo camino recorrido por la CPM en reclamo por la necesidad de hacer justicia por las torturas y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Malvinas contra los soldados argentinos por parte de sus superiores. Más de la mitad de los soldados conscriptos que participaron del conflicto bélico, muchos de ellos denunciantes, son bonaerenses.

Para esta CPM, “el recuerdo de la Guerra debe situarse en el marco de las memorias de la dictadura, y significarse como un acontecimiento que sigue expresando la violencia desatada por el gobierno de facto, y en gran medida también de un relato de Nación que sirvió de legitimación del genocidio llevado adelante por la dictadura”.