ANDAR en la justicia

(Agencia) En el Juzgado Federal 3 de La Plata  a cargo del juez Humberto Blanco, se inició la investigación por posible complicidad de la empresa Molinos Río de La Plata en los secuestros de delegados sindicales. Se trata de una de las principales empresas del grupo Bunge y Born dedicado a la producción de alimentos. El caso fue investigado por alumnos de escuelas de Avellaneda y Wilde para el programa “Jóvenes y memoria” que coordina la Comisión Provincial por la Memoria.

La presentación judicial fue realizada por Analía Fernández, Ernesto Mattaboni y Roxana Freitas, hijos de los obreros Francisco Fernández, Rubén Mattaboni y Avelino Freitas, que solicitan actuar como querellantes con el patrocinio del abogado Javier Garín.

[pullquote]la investigación por posible complicidad de la empresa en los secuestros de delegados sindicales se inició en el Juzgado Federal 3 de La Plata[/pullquote]

Se trata de por lo menos 26 trabajadores desaparecidos, la mayoría delegados del gremio de empleados y obreros de la industria aceitera. A partir del 24 de marzo de 1976, fueron secuestrados varios trabajadores en sus casas o camino a su trabajo. El 7 de julio del 76 se realizó un operativo en la planta y ahí se llevaron a otros tantos.

Javier Garín, abogado de la causa, habló con Andar: “Iniciamos la denuncia en La Plata porque queremos que se investiguen en una misma causa todas las desapariciones relacionadas con la empresa, para conocer su responsabilidad, además de los autores materiales de los secuestros. Creemos que en los operativos pudieron haber participado propietarios, directivos, administradores o gerentes de la empresa. Las causas por delitos de lesa humanidad generalmente se ordenan por los centros clandestinos donde estuvieron los detenidos, pero no por el origen de ellos”. El Dr. Garín solicita “que esté todo junto para demostrar que fue una acción coordinada y que tuvo responsabilidad la empresa. Muchos obreros fueron secuestrados a la salida de la empresa”.

[pullquote]Creemos que en los operativos pudieron haber participado propietarios, directivos, administradores o gerentes de la empresa[/pullquote]

El expediente se encuentra en etapa de instrucción -es decir, investigación y recolección de pruebas- a cargo del fiscal Marcelo Molina, hasta tanto se defina la competencia definitiva.

En estos días declararon tres nuevos testigos en la causa: Eduardo Carunchio, trabajador de la empresa en esa época, Guido Almaráz, que tiene a su hermano Ricardo y la esposa Celia Arzamendia desaparecidos, y Armando Lucchino, que trabajaba en seguridad. En sus declaraciones recordaron que desde antes del golpe los grupos de tareas ya secuestraban obreros para sacarles información. Dieron testimonio del clima de persecución que vivían dentro de la planta de Avellaneda: notas anónimas intimidatorias, balas depositadas en sus casilleros, acoso patronal y de encargados de carácter `policíaco` para desarticular la acción sindical interna.

Los testigos relataron cómo se organizaron en tres oportunidades para tomar la planta reclamando por la violación a las leyes laborales que los protegían. El sindicato de empleados y obreros de la industria aceitera también había denunciado maniobras de desabastecimiento de la empresa antes del golpe, ya que en la planta de Avellaneda se producía yerba, azúcar, aceite, manteca, mayonesa, cerveza, vino y alimento para perros. Pero los obreros sospechaban de la actitud delatora de la burocracia sindical en lucha contra los delegados combativos. Y en 1976 ya tenían conocimiento de la complicidad de los jefes en la confección de una lista negra para elevar a las autoridades de facto, identificando quiénes debían ser secuestrados. Algunos referentes del gremio habían sido extorsionados por la empresa que les ofrecía cheques en blanco a cambio de que renuncien o se fueran del país. Contaron que el 7 de julio de 1976 a la mañana estacionaron 3 camiones del Ejército en la puerta de la fábrica y se llevaron a más de cuarenta obreros con la colaboración de los jefes y de la seguridad interna de la empresa. Suponen que los militares tenían listas: así se entiende por qué se llevaron a los delegados más combativos. Algunos fueron liberados,  pero otros forman parte de los 26 desaparecidos.

[pullquote]ya se le tomó declaración anticipada a un testigo de identidad reservada[/pullquote]

En febrero de 2014 le tomaron declaración anticipada a un testigo de identidad reservada. El hombre relató que un delegado de la fábrica le había contado que un directivo de la empresa Bunge y Born había llevado a la Casa Rosada una lista con los nombres de las personas que había que secuestrar de la fábrica.

En la causa aún no hay imputados. Los querellantes piden que se investigue quiénes fueron los autores materiales y quiénes los instigadores o cómplices. “Nosotros planteamos que Molinos Río de La Plata pudo haber tenido algún tipo de responsabilidad por la forma en que se hicieron los secuestros. Con los datos que tenemos podemos sospechar que este accionar represivo se vinculaba directamente con la militancia desplegada por los activistas en su ámbito laboral y que la desaparición de ellos convenía a la empresa. Creemos que se prestó colaboración para identificarlos e incluso detenerlos ilegalmente”, explica el abogado Javier Garín.

La lista de los operarios que figuran en la denuncia se completa con: Marco Augusto Vázquez (CGT de la Resistencia), Santos Ojeda y Carlos Espíndola, quienes integraban la comisión interna junto a Freitas y José Pascuarrosa. También fueron secuestrados y desaparecidos los militantes Francisco Fernández (JTP), Rubén Mattaboni (JTP y Montoneros), Eduardo Rosen (Montoneros), René Albornoz (Montoneros), Roberto Ribolta, Héctor Vidal (PRT) y Humberto Dippólito (FAP). Ricardo Almaraz, José Luis Zalazar, José Vega, Alfredo Patiño, Juan Omar Durante, Carlos Robles, Graciela Vitale, Elba Musaschio (ejecutada y su hija apropiada) y Marta Inés Avila figuran entre los trabajadores de Molinos secuestrados y desaparecidos. De la planta ubicada en Paseo Colón, en el barrio de Barracas, fueron secuestrados los delegados Juan Pasquarrosa (JTP) y Héctor Dadin Vacere (Organización Comunista Poder Obrero).

También se presentarán las actas del Sindicato de Aceiteros recuperadas por familiares de las víctimas. Según dicen los querellantes, estos documentos servirán para comprobar la complicidad de directivos del gremio en la represión. Para el abogado  “va a ser un proceso largo, no inmediato. Hay que identificar quiénes estuvieron detrás de todo esto. Aun no hay nombres de responsables, eso lo tiene que definir la justicia”.