La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) junto con organizaciones sociales expresa su preocupación por la situación de violencia de género en Buenos Aires, que representa la provincia con mayor casos de femicidios, registrando en 2014: 91 de los 277 casos a nivel nacional, aportados por La Casa del Encuentro. En este sentido, las organizaciones reclaman un correcto accionar de las Fiscalías Especializadas en Género, en particular, y de la justicia, en general, que muchas veces es desfavorable a la protección de las víctimas.

ANDAR en la Provincia

(CPM y organizaciones) En las últimas semanas se conocieron nuevos casos de violencias hacia niñas, adolescentes y mujeres adultas que evidencian escasas acciones por parte de la justicia. Frente a esta situación, las organizaciones de la sociedad civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) y la CPM, presentaron un pedido de informe ante la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, Carmen Falbo, para que dé cuenta de cuáles son los procedimientos y/o mecanismos destinados a garantizar la idoneidad y probada experiencia en la lucha contra la violencia de género de las personas que se han designado al frente de las Fiscalías especializadas en Violencia de Género en la provincia.

El comunicado realizado por las organizaciones señala que “en virtud de lo establecido por el art. 8 de la Resolución 346/14, la Procuradora General instruyó a los y las Fiscales Generales a conformar fiscalías temáticas, unidades o secretarías especializadas en la investigación de delitos de ‘violencia familiar’ por lo que queda a criterio de cada uno/a de ellos/as la forma de instrumentación en función de la extensión territorial, la densidad demográfica y la realidad delictual de su departamento judicial”.

Sin embargo, el problema persiste: algunos de los magistrados que se desempeñan al frente de dichas fiscalías no cuentan con la capacitación necesaria para contener y brindar seguridad a las mujeres, niñas y adolescentes en situaciones de violencia.

En este sentido, las organizaciones denuncian “las lamentables actuaciones de la Fiscal Carolina Carballido Calatayud, quien está al frente de la Unidad Fiscal Descentralizada Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro, así como la del Fiscal Emiliano Buscaglia, titular de la Unidad Funcional e Instrucción N° 5 Especializada en Violencia de Género de Moreno son dos claros y graves ejemplos”.

Carolina Carballido Calatayud, fue la fiscal actuante en el juicio a Yanina Gonzalez, una joven de 23 años con retraso madurativo, juzgada por abandono de persona de su hija de dos años, quien murió tras ser golpeada por su pareja, Alejandro Fernández. El comunicado señala que “pese a estar al frente de una Unidad Especializada en Violencia de Género, la funcionaria se privó de contemplar esa perspectiva durante el juicio que se desarrolló en febrero pasado: cargó contra la mujer sentada injustamente en el banquillo, responsabilizándola por la muerte de la niña sin investigar al presunto femicida, quien sigue libre, cuando todas las pruebas apuntaban a él”.

Por otra parte, Emiliano Buscaglia, se encuentra al frente de la causa por las agresiones que la familia de Alejandra Margot Hertler padece desde 2011. La mujer, quien era violentada por su ex pareja, Diego Alejandro Solís, decidió separarse y se refugió en la provincia de Corrientes como medida autodefensiva. Sin embargo, y pese a las denuncias que realiza desde hace cuatro años en la Unidad Funcional e Instrucción N° 5 Especializada en Violencia de Género de Moreno -partido en el que reside-, el agresor continúa hostigándola.

Pese a esto, el fiscal continúa sin asistirla. “No me quiso atender. Pero lo que sí hicieron fue someterme a un análisis psiquiátrico. Así funciona la justicia. Todos saben que esta persona quiere matar a mi nieta Alma, para hacerme el mayor daño posible. Ya hice todo lo que me pidieron, golpeé todas las puertas. Pero nadie hace lo que tiene que hacer, que es detenerlo”, expresó Alejandra Margot Hertler a los medios de comunicación.

En este marco el documento presentado por las organizaciones declara:

“Es por eso que sostenemos que la desprotección de las mujeres se profundiza ante la falta de un mecanismo de selección que garantice la idoneidad de las personas que se ponen al frente de las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género y que, por ello, es urgente que las designaciones sean a través del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores de la PBA, que garantice que quienes se postulen tengan el conocimiento necesario para ocupar ese cargo. De ese modo, el Estado Argentino no incumplirá con la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER y la Justicia irá en camino de romper con estereotipos culturales nocivos. Así mismo, comenzará a garantizarse lo establecido por la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD que impone la adopción de medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad (art. 6 y 8 CDPD).-
Por lo anterior expuesto es que exigimos una pronta respuesta por parte de la Procuradora, así como el respeto por las leyes, los tratados de DDHH y las Constituciones Nacional y Provincial porque la lucha contra la violencia de género requiere un compromiso real con desarrollo institucional acorde y la Procuración tiene la responsabilidad de brindar respuestas eficientes a las víctimas”.