La semana pasada el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena rechazó un pedido para que las personas detenidas en cárceles federales puedan usar celulares durante la emergencia sanitaria. En sus argumentos, el juez consideró suficiente y razonable las disposiciones tomadas por el Ministerio de Justicia: la entrega de tarjetas telefónicas y la disposición de salas de videoconferencia. “Las tarjetas no les llegaron a todos y con 100 pesos de carga sólo pueden hablar 20 minutos”, describe Andrea Casamento de la Acifad.

ANDAR en Ezeiza

(Agencia) En el marco de las medidas sanitarias por la pandemia Covid-19, la dirección nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tomó ciertas disposiciones por las cuales se suspendieron las visitas de todo tipo para la población carcelaria. Ante esta situación, y también respetando las medidas de cuidado, las personas detenidas en Ezeiza presentaron una habeas corpus para que se autorice el uso de celulares mientras continúe la emergencia sanitaria para no perder el vínculo familiar.

El pedido fue iniciado por detenidos del pabellón F del módulo 2 de la cárcel de Ezeiza, al que se sumaron luego los internos del módulo 3, y fue acompañado por la Procuraduría contra la violencia institucional y la comisión de cárceles de la Defensoría General de la Nación. Las presentaciones destacaban las deficiencias que presentan los teléfonos públicos existentes en las cárceles en cuanto a cantidad y funcionamiento, además de la dificultad para conseguir las tarjetas telefónicas.

En el marco del habeas, el Ministerio de Justicia de Nación respondió que, ante la situación excepcional y con el objetivo de mantener el vínculo familiar de las personas detenidas, se habían entregado de manera gratuita 14 mil tarjetas telefónicas, que se estaba gestionando una nueva compra similar y que, además, estaba el compromiso de instalar y poner en funcionamiento inmediato un sistema de videoconferencia en todas las unidades penitenciarias federales.

La semana pasada, tras la respuesta oficial, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena rechazó el habeas corpus por considerar que “la solución adoptada por el Ministerio de Justicia resulta oportuna y razonable para hacer frente a esta delicada situación en un contexto de respeto por los derechos enunciados, como así también por la legislación y reglamentos vigentes”.

“Hasta ahora, y ya pasaron tres semanas de cuarentena, sólo se entregaron tarjetas una vez y, por lo que nosotros sabemos, no les llegaron a todas las personas detenidas. Además, se tratan de tarjetas con una carga de 100 pesos, eso sólo te alcanza para hablar a un celular por 20 minutos”, explica Andrea Casamento, titular de la Asociación civil de familiares de detenidos en cárceles federales (Acifad).

Con respecto al sistema de videoconferencia, Casamento señala que es un sistema que ya funciona desde hace un tiempo para realizar audiencias judiciales, pero no está preparado hoy para realizar videollamadas familiares. “El problema sigue siendo el mismo, porque no acceden todos, porque su uso va a quedar librado a discrecionalidad del servicio penitenciario y porque ni siquiera sabemos si el detenido va a tener privacidad o va a hablar con un penitenciario al lado”.

En el caso del complejo penitenciario de Ezeiza, por ejemplo, la sala de videoconferencias funciona en el sector de ingreso, eso demandaría que haya personal penitenciario disponible para hacer los traslados desde cada módulo.

Al igual que los detenidos en Ezeiza, Acifad también presentó un habeas corpus ante el mismo juzgado federal de Lomas de Zamora para que se autorice el uso de celulares en todas las cárceles federales. Si bien ese recurso no tuvo respuesta, el fallo emitido por Villena ya resolvió la situación.

El criterio del juez federal de Lomas de Zamora fue diametralmente opuesto al criterio utilizado por la justicia de la provincia de Buenos. De hecho, la resolución de Villena sale pocos días después de que el Tribunal de Casación bonaerense –presidido interinamente por el juez Víctor Violini- autorizó, mientras continúe la emergencia, el uso de celulares en todas las cárceles de la provincia. Además, recomendó que se evaluara posteriormente la posibilidad de mantener este nuevo régimen de uso de la telefonía celular.

El fallo del máximo tribunal penal de Buenos Aires consideró un antecedente del Juzgado de Ejecución de Mar del Plata en respuesta a un habeas presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que venía pidiendo esta medida, incluso, desde antes de la pandemia.

La presentación de Acifad destacó los antecedentes en la provincia de Buenos Aires y retomó varios de los argumentos que fueron expuestos por la CPM; entre ellos, la necesidad de revisar el régimen de sanción disciplinaria vinculado a la prohibición del uso de celulares, que se justifica normalmente en “razones de seguridad”. Sin embargo, esta decisión de la administración es meramente discrecional y lleva a prohibiciones excesivas y generalizadas que no tienen demasiado sustento racional.

“Lo cierto es que la seguridad del establecimiento puede ser garantizada de una forma menos lesiva del derecho de las personas a la comunicación con el mundo exterior”, se remarca en el habeas. Y describe, tal como señaló la CPM, múltiples alternativas para poder controlar y regular el uso de los aparatos celulares en prisión: puede aplicar a cada chip determinados números autorizados y bloquear el resto de las llamadas, restringir el uso a determinados horarios y sectores de la cárcel, entre otras.