La red internacional Corpora en Libertad elaboró un informe sobre la situación de las personas LGTBQI+ en contextos de encierro, analizando los efectos nocivos de la pandemia COVID-19 en sus condiciones de vida. El trabajo se realizó con información provista por las organizaciones que integran la red con presencia en más de 11 países de la región, incluyendo las recomendaciones de los organismos internacionales de DDHH en diálogo con las medidas implementadas por los Estados con relación al tema.

ANDAR en la región

(Agencia Andar) El informe busca aportar datos sobre este colectivo partiendo de que el encarcelamiento de las personas LGTBQI+ es un fenómeno poco visibilizado hasta el momento en la región.

Uno de los mayores problemas reside en que las normas de los sistemas penitenciarios y de detención, responden a patrones heterocisnormativos que vulneran los derechos, identidades y necesidades particulares de las personas LGTBQI+. La administración de la cárcel desde una perspectiva binaria y hetetocisnormativa produce que el impacto del encarcelamiento sea diferenciado y perjudicial para las personas LGTBQI

El informe consigna cuáles fueron las medidas tomadas en México, Nicaragua, Uruguay, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia y Argentina y evalúa el impacto en la población LGTBQI+.

En nuestro país registraron medidas de fuerza como cacerolazos y huelgas de hambre en los pabellones de las mujeres trans y travestis y varones gays de las cárceles del SPF, en demanda de derechos básicos como alimentación, salud, comunicaciones, entrega de elementos de limpieza y de higiene personal. En el caso de la provincia de Buenos Aires la preocupación central es el hacinamiento y la desatención a la salud.

Otro de los principales problemas que se genera a partir de la medida de suspender las visitas por el aislamiento social es que muchas de las personas LGTBQI+ encarceladas no están incorporadas a tareas laborales remuneradas, y tampoco reciben encomiendas o depósitos que ayuden a solventar sus necesidades. En el informe destacan que las redes de organizaciones sociales han realizado donaciones para esta población encerrada durante el transcurso de estos meses.

El informe completo de esta red creada en 2017 con el objetivo de elaborar iniciativas para promover, defender y proteger los derechos humanos del colectivo LGBTI+ privado de libertad, que también incluye una serie de recomendaciones, puede leerse AQUÍ.