La resolución 445/2025 publicada en el boletín oficial elimina la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y deroga todas sus funciones que incluyen políticas de prevención y de destrucción de materiales incautados. La Red Argentina para el desarme se encuentra en estado de alerta e instó, junto a diversos organismos nacionales e internacionales, a los y las legisladores a rechazar esta medida.

ANDAR en Argentina

(Agencia Andar) La Red Argentina para el Desarme, con el apoyo de 30 organizaciones nacionales e internacionales entre las que figura la Comisión Provincial por la Memoria, solicitó al Congreso de la Nación que rechace el decreto del ejecutivo que eliminó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y derogó todas sus funciones de prevención de la violencia con armas de fuego.

Dictado en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la ley 27.742 “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”,  restablece el Registro Nacional de Armas de Fuego (RENAR) retrotrayendo la política de control de armas al modelo de 1973.

Desde la RAD señalan que  los diputados/as y senadores de la Nación tienen la facultad de rechazar el decreto y que la Comisión Bicameral debe pronunciarse sobre su validez. “La restitución del RENAR vuelve a poner como prioridad los intereses de los usuarios de armas de fuego, en detrimento de la seguridad pública. Esto no es una simple reestructuración administrativa para reducir el gasto público, es la desmantelación, sin ninguna intervención ni debate por parte del Congreso, del organismo encargado de controlar las armas de fuego y prevenir la violencia armada en nuestro país”, explican.

Según cifras oficiales, las armas de fuego provocan 6 de cada 10 homicidios en Argentina. Más armas en circulación implican mayor riesgo de que se usen en conflictos interpersonales (más del 50% de los homicidios con armas de fuego son por discusiones intrafamiliares), más niños y niñas expuestas a balaceras, masacres escolares o accidentes, y más femicidios y suicidios por tener armas en las casas.

Esta relación entre las armas de fuego y la proliferación de la violencia había sido reconocida por la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su “Plan Territorial de Reducción de Homicidios” que dispone entre sus objetivos la disminución de la circulación y uso ilegal de armas de fuego y en el que se establecía como acción específica el “desarrollo de acciones preventivas, como programas y campañas de concientización sobre tenencia de armas de armas”, una de las funciones centrales de la ANMaC.

Sin embargo, tres meses después de anunciar este plan el mismo Poder Ejecutivo de la Nación deroga casi todas sus responsabilidades y funciones vinculadas a la prevención de la violencia con armas de fuego, al control del mercado legal de armas y a la persecución del mercado ilícito. Las armas de fuego que circulan en este mercado son, en su mayoría, de origen legal. Es la falta de control lo que facilita desvíos hacia el mercado ilegal, mediante robos o extravíos dudosos incluso dentro de las fuerzas de seguridad. Según datos publicados en la prensa, entre 2011 y 2019 la policía bonaerense abrió 1.659 sumarios por el robo o la pérdida de pistolas de dotación y la federal dio por desaparecidas 1.195, unas 300 armas por año, en la mayoría de los casos en el conurbano.

La eliminación de la ANMaC se articula además con una serie de medidas del Ejecutivo que incentivan la tenencia y circulación de armas de fuego como  la flexibilización de la adquisición y tenencia de fusiles semiautomáticos, usualmente utilizados en tiroteos masivos y masacres escolares (decreto 397/2025)  y la reducción de la edad mínima para la tenencia legítima de armas de fuego, que pasó de 21 a 18 años (decreto 1081/2024).

“La reforma no es una discusión de diseño institucional, eficientización del Estado o reducción del gasto público. La pregunta que nos interpela y urge es si estamos dispuestos a vivir en una sociedad armada”, señalan desde la RAD.