El 5 de mayo en el Tribunal Oral Federal N 1 de La Plata comenzará el juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Banfield; el expediente judicial tiene 385 víctimas y más 20 imputados. El Ministerio Público Fiscal había solicitado la elevación a juicio de estas causas, que fueron unificadas para esta instancia, en 2012, 2014 y 2015. Sobrevivientes y familiares de las víctimas venían denunciando que la mora en la justicia garantizó la impunidad biológica de varios de los represores imputados. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en las distintas etapas de instrucción información probatoria que se desprende del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) “Para mí es conmovedor y es la primera vez que voy a participar de un juicio, sólo espero que la justicia sea coherente con este tiempo histórico, que inscriba legalmente esa verdad de lo que sabemos pasó en esos lugares”, señala María, hija de Manuel Coley Robles, el primer español desaparecido por la dictadura militar argentina.

El 27 de octubre de 1976, un grupo de tareas secuestró de su propia casa a Manuel cuando estaba cenando con su mujer e hijos, entre ellos, estaba María. Coley Robles era operario de la fábrica Rigolleau, había sido elegido por sus compañeros de trabajo como representante sindical. Después de su secuestro, pasó por el Pozo de Quilmes y otros centros clandestinos de detención. Su cuerpo fue enterrado en febrero de 1977 como NN en el cementerio de Isidro Casanova; en 2007, sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. “Desde los 11 años, no encuentro reparación. El asesinato de mi papá no lo va a poder reparar nadie”.

El juicio por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención (CCD) Pozo de Quilmes y Banfield está integrado por las causas Nº 737, 605 y 3399, que fueron unificadas para esta instancia. Sobrevivientes y familiares de las víctimas estaban esperando este momento desde hace años; en 2012, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la elevación a juicio de un tramo de la causa por los delitos perpetrados en el Pozo de Banfield.

En 2014, los fiscales generales de La Plata, Marcelo Molina y Hernán Schapiro, requirieron la elevación a juicio por los crímenes de lesa humanidad en el CCD Pozo de Quilmes; un año después, Molina y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira pidieron lo mismo en otro tramo de la causa por el Pozo de Banfield.

Casi una década después del primer pedido de elevación a juicio, el Tribunal Oral Federal N 1 fijó la fecha de comienzo del debate oral y público: será el 5 de mayo y determinó que se realizarán dos audiencias por semana.

“Aunque sea lenta y muy lejana, seguimos luchando por la justicia y celebrando cada juicio porque no podemos dejar que se sientan impunes. La impunidad biológica es un triunfo de los represores, que se mueren sin ser condenados, que se mueren creyendo que sus crímenes no van a conocerse”, reflexiona Rubén Shell, sobreviviente de la dictadura militar, estuvo en cautiverio más de 100 días en el Pozo de Quilmes.

La decisión del Tribunal se conoció luego de la audiencia preliminar que se celebró en diciembre pasado con la presencia de todas las partes y que tuvo un rol muy proactivo de las querellas para lograr que el juicio se realice en La Plata y no en San Martín como se había designado en un primer momento y pretendían los jueces.

El TOF 1 de La Plata quedó conformado recientemente y de manera subrogante por los jueces Eduardo Farah, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers, los tres naturales del fuero federal de San Martín. Por esa situación, durante la audiencia preliminar, los magistrados buscaron que las audiencias se trasladen hacia este departamento judicial o que algunos de ellos sigan el debate por videoconferencia. La propuesta no prosperó por la negativa de las querellas que adujeron razones históricas, logísticas y jurídico procesales como el respeto del principio de inmediatez.

Otro de los lineamientos del debate que se trataron fue la presencia o no de los imputados en la sala; los abogados defensores pidieron que, por razones de salud, sus asistidos puedan ausentarse de las audiencias. La gran mayoría de ellos espera el juicio en arresto domiciliario. “Los acusados tienen que estar ahí, tienen que estar expuestos por la justicia ante la sociedad. Para nosotros, los sobrevivientes, es importante, necesitamos también que ellos escuchen lo que hicieron y tengan que mirar a la cara de las familias de las víctimas de sus crímenes”, asegura Shell.

En total, los dos tramos de la causa por el Pozo de Banfield reúnen 210 víctimas y ocho imputados; mientras que el expediente por los crímenes en el Pozo de Quilmes tiene 175 víctimas y 16 imputados. Entre los represores que deberán enfrentar la justicia están el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y su mano derecha Juan Miguel Wolk, alias “el Nazi”, los civiles Jaime Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense, su entonces secretario de Gobierno —luego, en democracia, juez federal— Juan María Torino y el ex médico policial Jorge Antonio Bergés.

Se espera también que, durante la audiencia, declaren como testigos unas 400 personas. “Han pasado 43 años y es hora que se conozca la verdad de lo que allí sucedió, que la justicia confirme lo que nosotros dijimos desde siempre, desde que pudimos salir con vida de esos lugares siniestros”, dice Néstor Busso. Él es una de las víctimas que dará testimonio en el juicio, aunque no integra la lista de querellantes. “Es una obligación que tenemos los sobrevivientes”, agrega. Néstor ya declaró en el juicio contra las juntas militares, en los juicios por la verdad durante los años de impunidad y en 2011 en el juicio por el circuito Camps.

Busso estuvo secuestrado en el Pozo de Quilmes entre septiembre y octubre de 1976. “Tras la vuelta de la democracia, fui a reconocer el lugar en la visita de la CONADEP, identificamos los lugares de detención y recién volví el año pasado con el lugar ya recuperado como un espacio de memoria”.

Quilmes y Banfield en el circuito Camps

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como realizó en las distintas etapas de la instrucción tanto por pedido de las fiscalías como los juzgados, presentará un informe con documentación probatoria del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y otros fondos documentales que el organismo gestiona.

En el material que ya se presentó ante la justicia hay numerosas fichas personales de las victimas elaboradas por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), denuncias de privaciones de la libertad, solicitudes de paradero y legajos donde constan las detenciones de víctimas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Además de las pruebas sobre la participación de los imputados en estos crímenes y sobre la vigilancia y persecución sobre muchas de las víctimas, hay una gran cantidad de documentación que permite reconstruir el funcionamiento del circuito represivo, bajo el cual estuvieron los dos centros clandestinos de detención.

El Pozo de Quilmes y Banfield, que funcionaron en las brigadas de investigaciones, fueron dos de los más importantes centros clandestinos de detención que formaron parte del circuito Camps. Durante el terrorismo de Estado, la Policía Bonaerense y el Ejército organizaron la represión ilegal en el territorio bonaerense y, en ese marco, las dependencias policiales fueron parte operativa del plan de exterminio; de los 230 CCD que existieron en la provincia de Buenos Aires, 131 funcionaron en edificios de la Policía Bonaerense.

Dentro del circuito, tanto el Pozo de Quilmes como Banfield fueron lugares de concentración masiva; se estima que pasaron por allí más de 500 víctimas, entre ellas víctimas de la Noche de los lápices y del plan Cóndor.

En su lógica de funcionamiento, la Brigada de Investigaciones de Quilmes operaba como depósito de prisioneros, especialmente de dirigentes gremiales y políticos. El CCD también funcionó como lugar de obtención de información, y uno de los pasos previos a la decisión sobre el destino de cada persona detenida-desaparecida, que podía ser el asesinato o la legalización y su pase a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, previo paso por una comisaría y antes de ser enviado a algún penal.

Aproximadamente 250 personas estuvieron secuestradas; entre ellas hubo niños, por lo menos siete mujeres embarazadas y también ciudadanos extranjeros, entre ellos más de 30 uruguayos.

Tanto el Pozo de Quilmes como Banfield fueron eslabones en el circuito de centros clandestinos de detención que funcionaron como apoyo para el Plan Cóndor. En la Brigada de Investigaciones de Banfield, estuvieron en cautiverio ciudadanos paraguayos, chilenos y uruguayos.

El Pozo de Banfield también era conocido como la Maternidad: 21 mujeres embarazadas —dos de ellas uruguayas— estuvieron secuestradas en este CCD y ocho niños y niñas nacieron en cautiverio.