Sin estudios de impacto ambiental y con obras iniciadas que ya han destruido edificios del exCentro Clandestino de Detención conocido como I Brigada Aérea de El Palomar, el gobierno nacional continúa con el plan de permitir a la empresa Flybondi comenzar a operar desde febrero. En diálogo con ANDAR, el abogado Lucas Marisi –que patrocina a miles de vecinos- explicó el alcance de la inspección ocular realizada este lunes por una jueza federal y detalló que, afuera de la base aérea, casi 3 mil personas se manifestaron contra el proyecto.

ANDAR en El Palomar

(Agencia) En el predio de la Base Aérea de El Palomar –desde donde partían  los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura cívico militar- se está construyendo, en tiempo record y a costa de la legalidad y de la conservación de un Sitio de la Memoria, un aeropuerto comercial que será utilizado por la empresa low cost Flybondi, que en 2016 recibió el permiso para operar 56 rutas aéreas hacia destinos nacionales e internacionales.

Marisi: ““El avance de esta obras es un escándalo y un negociado enorme con el que se van a llevar puesta la memoria, la justicia y el ambiente”

El beneficio para la compañía radica en la baja estructura de costos que afrontará desde la Base de El Palomar, ya que estará exenta de las tasas aeroportuarias que se cobran en Ezeiza o Aeroparque, pero no incorpora ningún destino nuevo al sistema aerocomercial argentino.

Asimismo, el nuevo aeropuerto no cuenta todavía con estudios de impacto ambiental, contrariando las normativas internacionales que prohíben su construcción a pocos metros de zonas pobladas. En este caso, hay dos escuelas que funcionan a menos de 100 metros de la pista y un polvorín militar que, en el exterior, tiene carteles con la inscripción “Explosivos”.

“El avance de esta obras es un escándalo y un negociado enorme con el que se van a llevar puesta la memoria, la justicia y el ambiente. Es un caso inédito de arbitrariedad y violencia estatal, a tal punto que el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección de Sitios de la Memoria, se ha manifestado en contra ya que, con la demolición de infraestructura militar, se perderían pruebas valiosas para las causas por crímenes de lesa humanidad que aún tramitan en la justicia federal”, señaló a ANDAR el abogado Lucas Marisi, que patrocina el reclamo colectivo de miles de vecinos de Hurlingham, Morón y 3 de Febrero.

Marisi fue quien presentó una acción de amparo el 14 de noviembre pasado ante el Juzgado Federal 2 de San Martín a cargo de María Isabel Fonts, y luego se fueron sumando a esa acción como terceros coadyuvantes todos los integrantes del Concejo Deliberante de Hurlingham excepto los 3 del bloque Cambiemos, además de concejales de los partidos de 3 de Febrero y Morón, espacios de DDHH, organizaciones sociales y sindicales.

El amparo señala que el aeropuerto no cumple “con nada de lo establecido en la normativa legal y vigente”, que “no se efectuaron los estudios previos de estudio ambiental que exige la ley nacional y provincial de ambiente” y que es “absolutamente imposible que ese aeropuerto ilegal funcione con condiciones mínimas de seguridad”.

A raíz de esa acción, la jueza Fonts llevó a cabo, este lunes 8 de enero, una inspección ocular en la Base Aérea donde se está construyendo el aeropuerto a fin de determinar los alcances de las denuncias, así como para verificar si efectivamente se están destruyendo posibles pruebas para las causas de lesa humanidad que aún tramitan en la justicia federal.

A la magistrada la acompañaron el abogado Lucas Marisi; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, Nora Cortiñas; Soraida Isabel Martín, víctima de ese centro clandestino de detención; la docente y exconcejal de Hurlingham, Viviana Lodos; además de integrantes de Isla Verde, una organización ambientalista que también presentó una acción de amparo.

En representación del Ministerio de Transporte –que lleva adelante las obras para la apertura del aeropuerto comercial- participó el nuevo director de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Tomás Isausti, quien  no pudo responder a las preguntas de la jueza. En este sentido, no explicó por qué las obras se iniciaron fuera de la legalidad exigida, ni por qué se estában utilizando espacios del predio que no habían sido autorizados en la concesión original para el desarrollo del aeropuerto.

Según Marisi, “desde el gobierno primero quisieron ocultar estas obras pero no pudieron, y ahora están con el operativo engaño pero la gente reaccionó porque se dio cuenta del escándalo y del enorme negociado para la empresa. Como la Base Aérea no puede ser habilitada para un aeropuerto, han querido utilizar una figura creada durante el onganiato (un gobierno de facto y de medio siglo atrás) según la cual la Base del Palomar es un Aeródromo Militar y eso, según el Ministerio de Transporte, bastaría para destinarlo a la actividad comercial. Es decir, este tipo de acciones es la que genera violencia en el pueblo”.

El recorrido de la jueza Fonts y las partes que intervienen en el amparo concluyó pasadas las 14 del lunes y ahora la magistrada deberá resolver si ordena el freno de las obras y si debe intervenir el fuero penal ya que, eventualmente, podrían estar cometiéndose delitos en flagrancia por parte de las autoridades nacionales. En las inmediaciones del predio militar miles de personas realizaban una manifestación para exigir el cese de las obras y la urgente señalización de la Base Aérea como Sitio de Memoria.