Los policías bonaerenses Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito están procesados y detenidos acusados de ser coautores de los delitos de torturas, abuso de autoridad y vejaciones en contra más de una decena de detenidos a su cargo. Su defensora había  solicitado la excarcelación o en su defecto al morigeración de la prisión y desde el Juzgado de garantías N°1 de Moreno rechazaron esta petición y convirtieron en prisión preventiva la detención. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, participa como particular damnificado institucional en la causa.

ANDAR en Moreno

(Agencia Andar) A partir de una denuncia telefónica la CPM tomó conocimiento de graves hechos de torturas en la Comisaría 1ª de Moreno, que incluyen golpizas, malos tratos y el pasaje de corriente eléctrica por los integrantes del Gabinete Técnico Operativo (comúnmente denominado servicio de calle) y realizó un monitoreo sorpresivo en el lugar en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

La inspección se realizó en agosto y en entrevista confidenciales se registraron relatos sobre un despliegue cotidiano de violencia física, amenazas y humillaciones y de una práctica en particular que consistía en trasladar a los detenidos hasta el primer piso de la dependencia, colocarles los pies en un recipiente de plástico con agua y aplicarles corriente eléctrica con un cable conectado a una batería. Ante eso el organismo radicó la denuncia de manera inmediata a la fiscalía en turno que dispuso en el mismo día el registro en la dependencia, secuestró los elementos de tortura que coincidían con los descriptos por los detenidos.

A partir de estas pruebas, los policías Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito quedaron procesados y fueron detenidos por los delitos de torturas, abuso de autoridad y vejaciones reiteradas contra al menos 10 detenidos. Su defensora solicitó más tarde la excarcelación o morigeración de la medida a lo que la fiscal a cargo de la investigación, la Dra. Erica Chiessi de la UFI N° 7 departamental, se opuso.

Ahora la jueza Adriana Alicia Julián rechazó estas solicitudes de la defensa, convirtió en prisión preventiva la detención atendiendo a la gravedad de los delitos y tras analizar los testimonios de las víctimas y testigos en la causa entre otros materiales probatorios y tampoco hizo lugar a un cambio de calificación.

La dependencia policial se encuentra incluida dentro de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2014. La tortura y los malos tratos en dependencias policiales son un problema estructural y sistemático denunciado reiteradamente por la CPM.