La UFIJ Nº 5, especializada en delitos acaecidos en unidades carcelarias, intenta comprobar si los funcionarios a cargo de la unidad penal 27 en Sierra Chica cometieron delitos al trasladar arbitrariamente a detenidos tras una protesta pacífica por mejoras en sus condiciones de detención. El procedimiento fue realizado con violencia y por la noche, y las personas fueron sometidas también a cambios en el régimen de su pena.

ANDAR en las cárceles

(Agencia) La unidad penal 27 ubicada dentro del complejo de Sierra Chica es una de las cárceles de régimen abierto en la que los detenidos deberían gozar de mejores condiciones de vida. Eso supone mayor acceso al ejercicio de sus derechos, que suelen verse cercenados en los regímenes cerrados, como el caso de otros centros ubicados en ese mismo complejo, la Unidad 2, por ejemplo. Sin embargo, a fines de abril los detenidos allí alojados iniciaron una protesta pacífica ante reiterados malos tratos por parte del personal penitenciario, tanto a ellos como a sus familiares, las condiciones de salubridad, comida y edilicias que agravaban sus condiciones de detención.

La protesta consistió sencillamente en negarse a regresar a los pabellones donde, de acuerdo a los testimonios de los detenidos y sus familias recogidos por periodistas locales, hay al menos un 20 % de sobrepoblación. El conflicto se resolvió con la intervención de varios funcionarios judiciales, entre ellos Martín Pizzolo, titular de la UFIJ 5 de Olavarría, especializada en juicios y delitos carcelarios y violencia. Si bien esta unidad no se ocupa de las condiciones de detención actuó de oficio y viabilizó la presentación de un habeas corpus realizado por los detenidos que tramita ahora ante el juzgado de ejecución 2 de Alvear.

Pero su función no terminó ahí, ya que días después de la protesta el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) trasladó a una decena de personas que habían participado activamente de la medida. El procedimiento fue sorpresivo y por la noche, y los afectados o sus familiares denunciaron amenazas y golpes. Esto motivó otra intervención de la fiscalía, esta vez a partir de su función de investigar delitos cometidos en el encierro ya que aún no se sabe si estos traslados fueron arbitrarios o existió efectivamente una orden judicial que los avalara. Algunos de los detenidos fueron incluso afectados con un cambio de régimen al ser derivados a las otras unidades del complejo (la 2 de máxima y la 38 de mediana seguridad).

En el marco de esta investigación, la fiscalía solicitó información a los juzgados pertinentes y al SPB, que argumentó que algunos traslados se hicieron por disposiciones judiciales y otros por ser partícipes de la “desestabilización de las actividades, el orden y la disciplina imperantes en el régimen, como así también todo tipo de reclamos colectivos infundados”. Pizzolo y su equipo se encuentran ahora intentando acreditar el delito, de modo que deben constatar que las autorizaciones de los juzgados existan efectivamente; además, relevarán testimonios para comprobar “si los detenidos fueron víctimas de otros ilícitos”.