La Comisión Provincial por la Memoria expresa su preocupación ante las noticias de despidos masivos de trabajadores precarizados en la administración pública municipal, provincial y nacional.

El trabajo digno es un derecho humano básico y no puede admitirse que por presunciones de supuestas irregularidades en la contratación e incumplimiento del contrato se vulneren derechos esenciales cercenando el ingreso de miles de familias. Si hubo irregularidades deben ser investigados los funcionarios responsables mediante los mecanismos previstos en las leyes vigentes, y no utilizar argumentos basados en la remanida eficiencia del estado y el combate contra la corrupción, para legitimar el ajuste a través de la pérdidas de fuentes laborales y cercenamiento del rol del estado que debe garantizar las funciones y los servicios públicos a los que está obligado.

Mediante apelaciones a figuras retóricas como “ñoquis” o “punteros”, niegan su verdadera condición: trabajadores precarizados que en la mayoría de los casos  cumplen funciones que garantizan derechos.

Apelamos a las nuevas autoridades a no volver a caminos ya conocidos y que han dejado el saldo de una inmensa miseria, pobreza y desocupación. El ajuste, los despidos, el achique del estado que pregonó y llevó adelante el neoliberalismo produjo un deterioro de la vida de los argentinos que aún padecemos.

Es necesario más Estado y más trabajo, bien remunerado y no precarizado. Esto también es parte de sostener la plena vigencia de los derechos humanos. Sin estos, no hay democracia.