En el 2006 el Estado mexicano impulsó una guerra contra el narcotráfico que militarizó los territorios y sembró más violencia; 12 años después, esta política “sólo dejó un valle de dolor y sangre”, dice María Herrera Magdaleno. María tiene 4 hijos desaparecidos y es la fundadora de la organización Familiares en búsqueda que, ante la inacción y corrupción del Estado, sale a buscar por todo el país a sus propios seres queridos. Aunque las cifras oficiales hablen de unos 38 mil desaparecidos, los familiares dicen que son más 150 mil. El dolor, la organización, un conflicto sin salida a la vista, la lucha por la paz, la verdad, la justicia y la identidad.

ANDAR con familiares

(Agencia Andar) María Herrera Magdaleno tiene cuatro hijos desaparecidos en el contexto de violencia generalizada y graves violaciones a los derechos humanos que atraviesa México desde el 2006 con la política del Estado de militarizar los territorios en la guerra contra el narcotráfico. Raúl y Salvador desaparecieron en 2008, Gustavo y Luis en un retén de seguridad en 2010. Se estima que en México hay unas 150 mil personas desaparecidas.

“En mi pueblo, Pajuacarán, que es una provincia muy chica, hay unas 60 ó 65 personas desaparecidas. De toda esa gente, los únicos que están registrados son mis hijos. Y así se repite en infinidad de pueblos”, dice María. La dimensión total de este exterminio apenas puede dimensionarse: hay muchas familias que por temor no hacen la denuncia y el Estado, a su vez, no ofrece ningún resultado. “Este fenómeno ha trascendido las entrañas sociales y fue quebrando el tejido social porque ya nadie sabe quién es parte de ese fenómeno de violencia”, agrega Juan Carlos Trujillo, uno de los hijos de María.

Raúl y Salvador desaparecieron el 28 de agosto de 2008 cuando volvían de vender y comprar oro en Guerrero. Durante esa primera desaparición, la familia intentó generar un contacto con el Estado, seguir el proceso legal: la denuncia, el Ministerio Público, la policía. En medio de esa búsqueda desesperada y sin respuesta, en febrero de 2009, el esposo de María murió de un infarto.

Poco después, el 22 de septiembre de 2010, en un retén policial en Veracruz, desaparecen Gustavo y Luis. En ese momento, Juan Carlos intentó por su cuenta introducirse en los caminos del narco para generar una negociación. Ni una cosa ni la otra tuvieron resultados.

Juan Carlos también recuerda que llegó a decirle a su mamá: “No hay a quien le duela nuestro dolor. Ya no busquemos. Hay que resignarse a vivir con el dolor”. Sin formación política, sin redes de organización, las familias de los desaparecidos, en su soledad, hicieron casi de manera natural una gran búsqueda pegando las fotos de sus seres queridos en las calles y hospitales, esperando que alguien les dé información, como si se tratase de una persona extraviada. El fenómeno era mucho más profundo.

La primera vía de consuelo a ese dolor personal llegaría más o menos pronto: en 2011, el poeta Javier Sicilia impulsó la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En ese movimiento comenzaron a converger muchas familias, le dio visibilidad a un drama que atravesaba toda la república. “Hoy México tiene un profundo dolor y nosotros somos ese dolor”, dice Juan Carlos.

El dolor colectivo y la organización

El Movimiento por la Paz fue un desencadenante de las organizaciones de familiares que se irían conformando en los próximos años. Familiares en búsqueda María Herrera nace con el fin de abrazar, acompañar y fortalecer a quienes se encuentran buscando a sus seres queridos desaparecidos. En el presente hay al menos ocho organizaciones a nivel nacional que llevan su nombre.

María recuerda dónde y cómo empezó eso: con una casa chiquita, alquilada, donde no entraba casi nadie y donde alguna vez llegaron a ser más de 20. Las mamás tiraban los colchones y dormían incluso debajo de la mesa. “No les puedo explicar cómo pero fueron llegando las víctimas y se convirtió en una especie de albergue”. Lo que sigue es una muestra de la dimensión del dolor que esas madres arrastraban: “Ellas salían en la noche a llorar afuera de la casa pensando que nadie las iba a escuchar, se sentían solas. Y nosotros, de a dos o tres, nos parábamos y nos acercábamos en silencio a llorar juntas”.

En esos primeros momentos, la organización acompañaba y dirigía uno a uno los casos de las familias que llegaban: tomar la denuncia, elaborar las fichas de búsqueda. “Era más bien un acompañamiento para que no crucen solos un camino de espinas; no teníamos solución ni podíamos resolver los casos. Y al Estado no le interesaba que supieras más”, cuenta Juan Carlos. Y sintetiza todo en una metáfora: “un puente con un pozo en el medio”. Ese pozo comenzaría a taparse en 2014.

Durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, la policía municipal de Iguala atacó a estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. La historia es más conocida: hubo 9 muertos y 43 desaparecidos. Ese hecho tuvo una repercusión inesperada: Mario Vergara entendió que no era sólo su hermano, que había muchos desaparecidos que el Estado no buscaba y decidió subir al cerro a buscar esos estudiantes, también a otro hermano secuestrado 7 años antes: “Nos dio una muestra de dignidad profunda”, reconoce Juan Carlos.

Mario Vergara funda la organización Los otros desaparecidos de Iguala, como un excavador va en busca de esos desaparecidos y comienza a encontrar fosas clandestinas y cuerpos. “Ellos, sin la formación, comenzaron a encontrar lo que nosotros no; para poder encontrar, hay que buscar. Y nosotros no estábamos buscando, nos estábamos formando”, explica Juan Carlos.

Tras esa lección de dignidad y ante la ineficiencia y corrupción del gobierno, las organizaciones de familiares realizan tareas de búsqueda de sus propios seres queridos, descubriendo fosas clandestinas, recuperando los restos de fosas que fueron legalizadas por el mismo Estado. “México es un panteón clandestino”, dice María. Y agrega: “Las desapariciones forzadas tienen un 99% de impunidad”.

Buscar los desaparecidos propios y los ajenos

Desde entonces, al acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones de familiares que trabajan desaparición forzada en México, Familiares en búsqueda María Herrera suma otro camino de trabajo: los procesos sociales de búsqueda. Para darle impulso, se creó la Red de enlaces nacionales con la participación de cientos de familias organizadas y con presencia en 25 Estados de la República.

Esa red de familiares fue construyeron de manera autónoma la Brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas: caravanas que se concentran en un lugar y recorren el territorio buscando cuerpos y conectando con nuevas familias. “La brigada funciona con una metodología de construcción de paz: está, por un lado, el trabajo de exhumación en el campo con picos y palas; por otro lado, la reconstrucción del tejido social en esas comunidades. La brigada genera ese espacio legítimo donde las familias pueden llegar y exponer lo que están pasando, muchas veces es la primera vez que pueden dar su testimonio”, relata Andrés Hirsch, de la organización ReverdeSer y colaborador de Familiares en búsqueda María Herrera.

Ese contacto personal antecede a la búsqueda: sin la información que puedan dar los integrantes de una comunidad, la Brigada no sabría dónde buscar. María resalta la importancia esa información anónima: “Son comunidades que viven aterradas por la violencia pero, cuando saben que esa información no les significará ninguna represalia, nos cuentan, nos marcan hacia donde caminar”.

Hay algo que se repite bastante: una vez que llegan al pueblo suelen contactarse con la iglesia, se presentan antes de las misas, y esperan. Cuando es el turno de las canastas para limosnas, hay manos anónimas que vuelcan información en papeles marcando un lugar, un nombre.

Como sucede con la cantidad de desaparecidos, la magnitud de estas fosas clandestinas es imposible de saber, incluso de dimensionar. Ya se realizaron tres brigadas nacionales, la primera en abril de 2016 en Veracruz. “Esa vez, la primera, invitamos a organizaciones para que nos acompañaran, teníamos la iniciativa pero no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer ni cómo y, además, teníamos miedo”, recuerda María. Y agrega: “Muchos habían dado su aceptación, pero a la hora de arrancar no apareció nadie. Y tampoco teníamos dinero. Igual, en su momento, pensé: ‘vámonos, por la tarea que vamos a hacer, Dios proveerá’”.

En ese primer momento, también tuvieron que enfrentarse al Estado: “Cuando recuperamos los primeros restos, el fiscal general salió a decir públicamente que no se trataban de huesos humanos. Después tuvo que salir a reconocer lo que era”, cuenta María.

En aquel momento, la brigada nacional era un fenómeno novedoso, hoy ya están reconocidas. Cada una de estas brigadas dura 15 días y, desde la provincia de origen, recorren el territorio con margen de una hora perimetral por una cuestión de seguridad. Luego de la primera, las brigadas son acompañadas por miembros de la Policía Científica que toma las muestras de ADN. “El Estado toma las muestras pero no tiene banco de datos genéticos, por lo tanto se parece más a una simulación que a una presencia efectiva. Lo seguimos presionando para que procedan en la identificación”, explica Andrés Hirsch.

El problema de la identidad es parte del problema que el Estado mexicano no quiere reconocer. Juan Carlos lo ilustra con la foto de una fosa clandestina legalizada: “El Estado lo que ha hecho es marcar las fosas con personas desaparecidas sin identificar o entregar cuerpos de personas desconocidas para calmar un poco el dolor de las familias. Esta fosa clandestina en Sinaloa fue localizada dentro de la tercera brigada nacional de búsqueda, una familia enterró acá su familiar desaparecido y, curiosamente, su familiar apareció, regresó vivo a su casa”, cuenta.

En paralelo a este trabajo, la Red de Enlaces Nacional también forma parte de las caravanas internacionales de búsqueda que recorren cárceles y hospitales esperando que alguien pueda dar una información para encontrar a los desaparecidos con vida. Ya se hicieron cuatro y en enero se realizará la próxima. Para Andrés Hirsch esta es una caravana muy importante: será la primera bajo el mandato de López Obrador y espera que la presión internacional haga que, de una vez por todas, el Estado vuelque recursos a estas búsquedas: “si logramos que el gobierno la tome en serio -eso estamos buscando-, la van a incorporar dentro de sus resultados. Se le entrega 10 años de trabajo de lucha pero, si esto va a servir para la construcción de paz real, tómenlo”. Entregar la construcción política a cambio de una empresa humanitaria: recuperar a los desaparecidos.

La justicia

La violencia en México no es sólo obra de los grupos paramilitares que custodian las redes del narcotráfico; el negocio de la droga está metido en las entrañas de las instituciones del Estado. María dice que sus cuatro hijos fueron desaparecidos por policías, y que son las mismas fuerzas de seguridad las que, muchas veces, secuestran personas para entregarlas luego a las empresas criminales.

“El gobierno decía ‘es el crimen organizado’ y yo les respondía ‘es el crimen institucionalizado’ porque desde las instituciones del gobierno se les está favoreciendo y apoyando ese accionar; hacen lo que quieren y nadie dice nada. Ellos no han encontrado a nadie ni con vida ni sin vida. Si se buscan, se van a encontrar a sí mismos”, resume.

La impunidad en México está por todos lados, sin embargo la lucha de familiares ha logrado algunos avances: uno de ellos fue la creación de la ley de desaparición forzada que, a pesar de algunas deficiencias, retoma muchas de las demandas las organizaciones de familiares. El otro, un sistema de amparo con jueces federales que están emitiendo las órdenes de búsqueda.

Pero estas conquistas aisladas no sirven para tapar la responsabilidad del Estado que desaparece, que no busca, que no atiende a los familiares y que no vuelca recursos para lograr identificar a las personas enterradas en fosas clandestinas, legalizadas o no. De fondo, lo más grave quizá, no hay reconocimiento del fracaso en la guerra contra el narcotráfico: “No queremos este sistema de seguridad que nos venden con el ejército en las calles. La militarización sólo dejó un valle de dolor y sangre”.

México está hoy en una encrucijada: el Estado tiene que responder a las demandas que familiares realizaron en el sistema internacional de derechos humanos, es su responsabilidad institucional. Uno de esos litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de María Herrera Magdaleno, con el patrocinio de los abogados del centro de derechos humanos Agustín Pro, que representa también a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El Estado mexicano adhirió en 2007 a la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; los familiares de desaparecidos vienen reclamando que México acepte la vigilancia de su comité de expertos.

En 2016 la ONU solicitó “enérgicamente al Estado reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar” denuncias sobre desaparición forzada”. El gobierno de México respondió recién dos años después, se negó a aceptar la competencia del Comité excusándose: “La decisión continúa bajo consideración porque involucra la opinión de un gran número de instituciones”. Once años después de suscribir la Convención, dos años después de la recomendación de la ONU, el Estado mexicano sigue negando su responsabilidad.

México tiene otra encrucijada política: la nueva gestión de López Obrador comienza con la intención de diseñar un plan de seguridad y paz y un consejo para la paz. Familiares en búsqueda cree que hay una coyuntura especial para intervenir de manera real en las políticas públicas, se sintieron escuchados por López Obrador pero, aun así, guardan cautela porque no hay mucho sobre esta propuesta: “Creemos un plan muy similar a la figura de Colombia, pero sin diálogos, ni entes en conflictos reconocidos, entonces ¿paz entre quienes? ¿Transición a qué? ¿Con qué actores? Todavía no salimos del conflicto, no podemos llegar a una paz transicional”, asegura Hirsch.

Pero, por sobre todas las cosas, la encrucijada decisiva que atraviesa México es una encrucijada humanista: es el derecho a la verdad, la justicia y la identidad, es devolverle a esas madres que buscan a sus hijos con sus propias manos algo que se parezca a la reparación: “si ya merecieron una muerte indigna, ayúdenme a darle una sepultura digna”.