En el marco del juicio oral por la masacre de Quilmes, el TOC 3 ordenó una inspección ocular en la comisaría 1ª que se realizó el pasado lunes. Estuvieron presentes los tres jueces -Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato-, el fiscal Claudio Pelayo, los abogados representantes de los particulares damnificados, los defensores de los policías imputados y Margarita Jarque, directora del programa Litigio Estratégico de la CPM. En representación de los familiares estuvo Pelagio Giménez, padre de Elías, uno de los chicos muertos por el incendio.

EL tribunal en la comisaría durante las pericias auditivas. FOTO: Andar – CPM

ANDAR en Quilmes

(Agencia) Uno de los argumentos sostenidos por la defensa de los policías acusados es que aquella noche de octubre de 2004 no escucharon los pedidos de auxilio de los detenidos mientras el calabozo 1 ardía en llamas. En este sentido, de todas las acciones realizadas el lunes pasado durante la inspección ocular a la comisaría 1º de Quilmes la más interesante fue la prueba de sonido.

Todos los participantes de la inspección se quedaron en la guardia mientras algunas personas del juzgado se metieron en los calabozos y simularon gritos de auxilio. Se cerraron dos puertas: la que conduce al primer piso y la que conecta el pasillo con los calabozos. Aun así, desde todas partes se escucharon claramente los gritos simulados por el equipo de la pericia. La demostración fue contundente. En ese momento, el padre de Elías Giménez se retiró de la dependencia

[pullquote]La comisaría 1º de Quilmes nunca dejó de funcionar y conserva el espacio de los calabozos en las mismas condiciones que hace once años[/pullquote]

La comisaría 1º de Quilmes nunca dejó de funcionar y conserva el espacio de los calabozos en las mismas condiciones que hace once años. El lugar no tiene luz natural ni artificial. El pasillo está tiznado, igual que las celdas 1 y 2. Las paredes muestran los rastros del horror: manchas y mampostería caída, techos negros por el humo tóxico, olor a encierro mezclado con humedad y muerte. Las celdas son de 3 por 4 metros, con camastros de cemento que reducen aun más el espacio. Las puertas no son completamente ciegas: tienen rejas en la parte superior, lo que las conecta al pasillo, permite el acceso de la comida, algo del aire y ver lo que sucede dentro de las celdas.

“La comisaría tiene espacios reducidos y es casi imposible no ver desde el primer piso qué está pasando en la planta baja. Las ventanas conectan al patio: es imposible no ver qué pasa abajo, la salida del humo, o bajar por el peligro”, comentó Margarita Jarque de la CPM, que acompañó a los abogados y familiares de las víctimas durante la inspección.

[pullquote]El lugar no tiene luz natural ni artificial. El pasillo está tiznado, igual que las celdas 1 y 2.[/pullquote]

Cuando se ingresa hay un escritorio-mesada para el oficial de guardia. Detrás, una puerta de madera divide un pasillo que conduce a los calabozos, las duchas y un patio en planta baja. También se puede ver otra puerta que separa una escalera que conduce al primer piso donde hay oficinas y el despacho del comisario. En el fondo de un patio grande se encuentran la cocina y otros cuartos.

“Me llamó la atención encontrarnos con tres colchones de goma espuma tirados en las celdas que están clausuradas. Daba la impresión de que los estarían usando”, expresó la Dra Jarque.

Han pasado 11 años desde el incendió que costó la vida a cuatro menores que permanecían allí detenidos y dejó serias secuelas en otros 17 sobrevivientes. Sin embargo, las comisarías siguen siendo uno de los ejes centrales de los debates en torno a las condiciones de encierro en la provincia de Buenos Aires.

Para Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, “las condiciones que hicieron posible la masacre de Quilmes siguen estando latentes de manera estructural en las comisarías bonaerenses. Lejos de haber mejorado, hoy tenemos en la provincia un deterioro aún mayor de la infraestructura, con índices de superpoblación que alcanzan en algunos casos el 600 %, como hemos podido constatar en nuestras inspecciones; además, siguen siendo sistemáticas las prácticas de tortura contra las personas detenidas.”

Esta situación está debidamente documentada en el Informe Anual 2015 de la CPM. Allí se explica además que el decreto de emergencia de seguridad del 2014 fue un instrumento que permitió legitimar una situación que en la práctica se venía dando de manera regular, desconociendo el fallo que obligó cerrar los calabozos de las comisarías en 2005. La CPM, mecanismo de monitoreo de lugares de encierro en la Provincia desde el 2003, alertó en su momento sobre la gravedad de la decisión que, entre otras cosas, desconocía los episodios de octubre de 2004 en Quilmes.

Por esta razón presentó un pedido de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia y realizó una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue oportunamente aceptada. Todavía hoy se aguarda la presentación de pruebas e informes por parte del ejecutivo provincial frente al organismo internacional para rebatir lo denunciado por la CPM.

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