Comienza el juicio por el asesinato de Damián Sepúlveda, ocurrido en la comisaría de General Madariaga en enero del 2013. En su condición de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el organismo realizará la veeduría del juicio contra 5 policías por torturas y homicidio criminis causa. A partir de este año, y para dar seguimiento a los casos de violencia estatal y de interés estratégico que llegan a instancias de debate oral, la Comisión Provincial por la Memoria dispuso la creación de un programa de monitoreo de la actuación e intervención judicial.

ANDAR en la justicia

(Agencia) Damián Sepúlveda fue detenido en enero de 2013 por la policía en General Madariaga, por circular en estado de ebriedad. Murió en la comisaría, donde quisieron hacer pasar su muerte por un suicidio. El esclarecimiento de las causas de esa muerte llevó dos autopsias y múltiples reclamos de su familia y amigos. Ahora el caso llega a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores, en un debate que iniciará el próximo lunes 4 de marzo y se calcula se extenderá durante dos semanas.

Retomando un trabajo que ya viene haciendo en muchos de los casos que siguen, la Comisión Provincial por la Memoria será veedora de este proceso; ahora desde el programa especifico de Monitoreo de la Violencia Judicial, que fue creado recientemente con el objetivo analizar de manera pormenorizada los problemas y dificultades que hacen a la administración de justicia. Como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el organismo interviene en diversas situaciones y hechos donde integrantes de las fuerzas de seguridad son responsables de vulneraciones a los derechos humanos por su participación, connivencia, omisiones graves y distintos niveles de responsabilidad de personal judicial.

En el caso de Damián Sepúlveda quedaron imputados los agentes Mauricio Daniel Díaz, Gastón Formentini, Gabriel Montenegro, Néstor Serafini y Walter Javier Soto por el delito de “tortura y homicidio criminis causa”. Durante la instrucción de la causa, la familia Sepúlveda, a través de su abogado y con el acompañamiento desde el inicio de la CPM, denunció demoras en la producción de pruebas y contradicciones en los testimonios de los policías, que declararon en principio como testigos.

En el marco de esa intervención, se logró que Gendarmería Nacional realice una reconstrucción de los hechos y se haga una re autopsia del cuerpo; allí se acreditó que Sepúlveda había sido brutalmente golpeado, sobre todo en la cabeza, en la nariz y en la región dorsal, y que había sido colgado por un tercero intentando simular un suicidio.

Desde la CPM explican que el trabajo de monitoreo del accionar judicial “implica colocar en el centro del análisis el derecho al acceso a la justicia y las responsabilidades de los actores judiciales al respecto. La intervención se orientará a la identificación y análisis de aquellas prácticas más frecuentes y naturalizadas como asimismo a la aplicación de la legislación en materia de víctimas”.