Nuestro país está atravesando un duro momento en materia de derechos humanos. La caída del poder adquisitivo del salario, la pérdida de puestos de trabajo, los despidos en el sector público, el aumento de la pobreza son indicadores de la fuerte regresión que vivimos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

El Estado ha abandonado las políticas de inclusión y ha endurecido las políticas represivas, en un contexto donde la legalidad es vulnerada desde el propio poder judicial.

Por una parte, se ha incrementando el punitivismo de manera exponencial llevando a records históricos de los índices de prisionización y la ocupación policial del territorio que generan violencia y abusos de poder cada vez más preocupantes. Estos no sólo no se contienen y sancionan, sino que se promueven y valoran.

Por otra, se reprime de manera violenta y sistemática la protesta social, que es estigmatizada y sancionada desde el discurso de los medios hegemónicos oficiales y del gobierno, lo que también se hace con las organizaciones y los dirigentes sindicales y sociales que las encabezan.

En el mismo sentido, la persecución penal a opositores políticos no respeta las mínimas garantías constitucionales, extendiendo así las prácticas judiciales arbitrarias y violentas que cotidianamente se despliegan contra las poblaciones vulnerables, como dispositivos de cercenamiento de la disidencia política.

En la Argentina de hoy hay miles de personas privadas de su libertad en condiciones inhumanas sólo por ser pobres. El sistema penal se utiliza para disciplinar a los sectores de la población excluidos del mercado y el acceso a derechos. Y también hay personas privadas de su libertad por ser activistas sociales y políticos, como forma de denostar y criminalizar la protesta y el disenso.

Al mismo tiempo, se extienden los episodios violentos (amenazas, secuestros, torturas, intimidaciones) contra activistas y organizaciones que protestan y se expresan en los marcos que la democracia garantiza, configurándose un escenario cada vez más complejo, violento e imprevisible. Surgen de grupos parapoliciales –no identificados aún– que se cobijan en las omisiones y acciones del estado, y en un discurso público que estigmatiza y criminaliza los actos colectivos en defensa de derechos.

La crisis económica actual y las políticas emprendidas para superarla, que generan hambre y desocupación, seguirán agudizando los conflictos sociales, expulsando a miles de ciudadanos hacia la pobreza y retrayendo derechos. El hambre, la desocupación, la marginalidad y la miseria son la violencia estructural que debe combatirse de manera urgente. Y no lo será con más represión y persecución a quienes reclaman por sus derechos.

Tampoco lo será con causas judiciales que, aunque investiguen delitos reprobables, son utilizadas para desprestigiar a la política, deslegitimar a la oposición y desalentar la participación. La democracia peligra cuando se resienten y restringen derechos. Y más aún cuando se avanza en la violación de las garantías constitucionales. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: la democracia como sistema político debería permitir que los conflictos se diriman respetando estas garantías. Sin ellas se niega la democracia misma.

Hacemos un llamado al gobierno y a los representantes del pueblo, para que las soluciones que se promuevan sean en el marco del estado de derecho, construyendo una sociedad desde la paz, la inclusión social y la profundización de los derechos humanos de todas las personas que habitan nuestro país.