Más de un centenar de personas participaron de la jornada “Diálogos necesarios. Leer e interpretar documentos de inteligencia policial” organizada el viernes pasado por la Comisión Provincial por la Memoria. Fue un encuentro con usuarios del acervo documental para poner en diálogo distintos usos y miradas sobre el archivo de la DIPPBA y evaluar prácticas, recorridos y herramientas, así como para pensar nuevos desafíos en la gestión documental de la CPM.

ANDAR en La Plata

(CPM) Se reunieron investigadores, docentes, usuarios particulares, trabajadores de otros archivos como el Archivo de la memoria de Córdoba, el Archivo nacional de la memoria, de los archivos históricos de la Provincia de Buenos Aires y de la UNLP, del archivo de Santa Fe e integrantes de diversas instituciones y organizaciones como la Biblioteca Nacional, el Faro de la memoria de Mar del Plata, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, el Ministerio Público Fiscal, la CONADI, entre otras.

“Nosotros también somos usuarios de este archivo y este es un espacio para pensar en esos usos tras 16 años de gestión”, dijo Sandra Raggio, la Directora general de áreas de la CPM en mesa de apertura de las jornadas quien repasó junto al Secretario del organismo, Roberto Cipriano García el recorrido que se fue haciendo con el archivo ante el desafío de la desclasificación.

“Las disidencias eran objeto de persecución estatal a partir de un trabajo minucioso de la inteligencia. Una burocracia que ha formado parte de las políticas de Estado”, dijo Cipriano. “Este es un lugar de los victimarios, es decir, donde no han estado las víctimas como en un centro Clandestino de Detención, pero sí a través de los archivos y eso es algo para pensar. No están registrados los actos de los represores, sino los de las víctimas. Por eso no registraron el destino final de los desaparecidos”, explicó Raggio. Eso supuso también buscar el equilibrio entre las expectativas que genera el material y las posibilidades de responder a cada requerimiento de las víctimas, familiares o la justicia.
Desde su apertura, el archivo cuenta con más de 13.000 consultas personales, aportes a casi todos los juicios por delitos de lesa humanidad en territorio bonaerense y a gran parte de los llevados adelante en otros sitios del país y consultas de más de 3.000 de investigadores/ras.

“Esta jornada puede ser un buen piso para demandar políticas públicas – añadió Julieta Sahade, directora del programa de gestión del archivo – Que este espacio convoque de esta manera es un buen síntoma en un país donde en materia archivística las deudas son muchas y de larga data: falta de legislación y de un sistema nacional de archivos, presupuesto y hay un gran desconocimiento y un prejuicio muy profundo sobre la disciplina. A esto se suma la adopción de un sistema de documentación electrónica con pocas garantías en relación a la conservación, autenticidad, acceso y cadena de custodia”.

El encuentro continuó con paneles y talleres de discusión en los que se pensó y debatió sobre prácticas archivísticas, usos para la memoria, la historia y la justicia, la producción documental del estado, la intencionalidad de la voz oficial/policial y las tensiones con la voz de las víctimas, acceso, uso de los datos sensibles y diversas tensiones alrededor de la demanda.