En el marco de un operativo policial realizado anoche en la estación de Quilmes agentes de la policía bonaerense detuvieron de manera sistemática colectivos interurbanos, obligaron a sus pasajeros a descender, los cachearon y requisaron de manera violenta. La misma práctica ilegal y arbitraria también había sido denunciada antes en las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría. Para la CPM, estos hechos, que pretenden ampararse en la excusa del combate del delito, constituyen una vulneración de derechos y están fuera de cualquier marco democrático.

ANDAR en la provincia

(CPM) El operativo policial desplegado anoche en la estación de Quilmes se concentró en las paradas de la línea 263 y 281. Allí, los efectivos policiales detenían los colectivos, obligaban a bajar a todos los pasajeros, les ponían las manos contra el vehículo y los cacheaban. Además revisaban todas las pertenencias personales y exigían documentos. Si alguno no lo presentaba se le impedía volver a subir.

El hecho, registrado y documentado por integrantes de la APDH, se inscribe en una serie de denuncias similares en otras localidades de la provincia de Buenos Aires que dan cuenta de un dato preocupante: la extensión de prácticas policiales arbitrarias que irrumpen en la vía pública vulnerando derechos y garantías constitucionales a circular libremente, a la presunción de inocencia y a la intimidad de las personas.

Operativos similares se registraron en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, en al menos once puntos rotativos y en distintos horarios. Pasajeros de micros de la empresa Plaza o de la línea 275 padecieron el mismo procedimiento: hacer descender a los hombres, ponerlos en fila de espaldas al micro, con las manos arriba, para ser luego revisados ellos y sus pertenencias. En ningún momento informaron los motivos del operativo más allá de que varios pasajeros lo solicitaron, ni mostraron orden judicial alguna.

Resulta evidente que frente a la creciente demanda social por mayor seguridad y bajo la excusa de querer dar la pelea contra el delito, la política criminal del gobierno y del Ministro de Seguridad Cristian Ritondo refuerza una orientación que ya ha probado su ineficacia: la mano dura. Lo único que ha logrado la saturación territorial de efectivos, móviles cámaras, retenes y razzias es ampliar los márgenes de arbitrariedad para la acción policial en el territorio, lo que la consolida como una fuerza ingobernable que violenta los derechos de los ciudadanos.

Mientras tanto, los delitos complejos, que son los que realmente deberían ser perseguidos, no se reducen porque esta política, que una vez más vuelve a promoverse, sólo persigue a los eslabones más débiles de la cadena.

Como lo ha venido denunciando la CPM, la definición y promoción de este tipo de políticas propician la violencia estatal aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y resultan ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo. Por esto, en la semana próxima la CPM avanzará en una serie de presentaciones ante el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Legislatura provincial para que se detengan estas prácticas.