Se trata de ex militares y ex policías que en septiembre de 2019 resultaron absueltos por el TOF de Mar del Plata tras considerar que los hechos por los que estaban imputados en el juicio Monte Peloni II no constituían delitos de lesa humanidad, razón por la cual había prescripto la acción penal. Tras las apelaciones del MPF y la querella de la APDH, la cuestión se trató en la Cámara de Casación Federal que en marzo de 2021 resolvió anular esa parte de la sentencia y ordenar una nueva valoración de la prueba. De allí que la semana pasada comenzó esta nueva etapa y el viernes 29 de septiembre se darán los alegatos de apertura de la APDH a través del abogado e integrante de la CPM, Guillermo Torremare. Para la decisión de Casación fueron fundamentales los legajos de la DIPPBA que reflejan la persecución a las víctimas.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) “Este viernes será el turno de la querella de la APDH para la formulación de los alegatos de apertura en este tramo del juicio. Estamos con muchas expectativas con este proceso ordenado por la Sala 4 de Casación porque abre la posibilidad de terminar con la impunidad de aquellos ex policías y ex militares que en el juicio de 2021 resultaron absueltos por una arbitraria consideración respecto a los delitos de lesa humanidad”, señaló a ANDAR Guillermo Torremare, referente de la APDH, abogado querellante de esa organización e integrante de la CPM.

En su valoración de lo resuelto por Casación, Torremare considera que fueron fundamentales los legajos y documentos de la DIPPBA aportados a la causa por parte de la CPM, que preserva y gestiona el archivo de la inteligencia policial.

“Esos registros muestran, efectivamente, las tareas previas de seguimiento, de identificación y de inteligencia ilegal realizadas sobre trabajadores y gremialistas de la Fábrica Argentina de Bolsas Industriales (FABI) y de Ladrillos Olavarría Sociedad Anónima (LOSA), extremo necesario para probar la sistematicidad y la planificación de la persecución de esas víctimas. No fueron delitos comunes sino delitos en el marco de un plan general de exterminio”, amplió Torremare.

Cabe aclarar que lo que ahora se vuelve a juzgar en este juicio de reenvío son las absoluciones de Julio César Tula, Horacio Rubén Leites, Néstor Omar Vapore, Juan Carlos Luján y Argentino Alberto Balquinta, que habían llegado al juicio de Monte Peloni II imputados por graves delitos de lesa humanidad perpetrados sobre trabajadores de las fábricas mencionadas pero que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata –integrado en aquella ocasión por los jueces Luis Imas, Alfredo Ruiz Paz y Víctor Bianco- consideró en su sentencia que esos hechos no se enmarcaban en aquella figura.

De acuerdo al máximo tribunal penal del país fue probado que las víctimas de aquellas fábricas fueron detenidas bajo procesos judiciales ordinarios, algo que no demuestra necesariamente la protección y vigencia de sus derechos.

“Esta Cámara Federal de Casación Penal, en efecto, ha constatado en numerosas oportunidades la penosa realidad de que no pocos funcionarios judiciales que actuaron durante la última dictadura, lejos de erigirse en escudos contra la persecución y la represión ilegal, traicionaron su mandato y se convirtieron en sus encubridores, cuando no artífices; y que un número significativo de procesos judiciales promovidos durante la dictadura fueron convertidos en el escenario de graves violaciones a los derechos humanos”, señala la resolución.

Y allí destaca la imbricación de las fuerzas armadas y de seguridad –junto al poder judicial- con las tareas de inteligencia llevadas a cabo por la DIPPBA, entre otras agencias, en el marco de un plan sistemático represivo, lo que vuelve arbitraria e infundada la consideración de que, respecto a los hechos padecidos por los trabajadores de LOSA y FABI, se hubiera tratado de delitos comunes.

Entre los legajos de la DIPPBA aportados por la CPM y que corresponden al período de la última dictadura se destaca, por ejemplo, el 6426 de la Mesa Delincuentes Subversivos, mediante el cual la Comisaría de Olavarría informa a la delegación DIPPBA la presencia de personal de inteligencia en el interior de la fábrica LOSA y, en particular, la vinculación del capataz de la fábrica, Fermín Cornejo, con el personal policial.

En ese período la inteligencia de la Policía de la Provincia se consolidó con la presencia del comisario mayor Alberto Rousse a cargo de la Dirección de Inteligencia Interior, y fue el encargado de crear un grupo especial integrado por personal de la comisaría de Olavarría, la subcomisaría de Loma Negra y la Brigada de Investigaciones de Azul. El propósito de ese grupo era la inclusión de personal policial en las tareas de vigilancia interna a pedido de las empresas de la zona, en especial Loma Negra, FABI y LOSA.

Otro legajo, el 88 de la Mesa B, permite ver la relación entre la empresa Loma Negra y las fuerzas represivas. Allí figura una carta en la que un gerente informa sobre los problemas gremiales durante los últimos tres meses. Esto derivó, según la misiva, en el aumento de la vigilancia interna y la colaboración de la policía local disimulando su participación a través de investigar la sustracción de herramientas en la fábrica.

En su informe presentado ante el TOF de Mar del Plata la CPM describió, como información general y de contexto, las características de la vigilancia y persecución sobre los trabajadores a partir del 24 de marzo de 1976 en la zona de Olavarría.

“Bajo el territorio operativo del Área 12 a cargo del Coronel Verdura se encontraban las fábricas LOSA (de fabricación de ladrillos, tejas y cerámicos), FABI (bolsas industriales para cemento) y Loma Negra (de cemento). En la región existía un lugar de detención que estuvo ubicado en el centro de Olavarría y donde fueron alojados los trabajadores de las fábricas”, describe.

En junio de aquel primer año de la dictadura se produjeron detenciones en la cementera Loma Negra, y antes habían sido vallados los frentes de algunas fábricas de la zona, Bardek entre ellas. Mientras tanto los trabajadores de FABI recibían amenazas en sus domicilios y el 15 de mayo fueron detenidos seis operarios de la plata y llevados a la subcomisaría de Hinojo. A mediados de julio otros seis trabajadores de Loma Negra serían detenidos y alojados en la subcomisaría de Loma Negra para luego ser trasladados a la Unidad Penal 7 de Azul.

En ese marco, la DIPPBA consideró que para agosto de 1977 ya no existían conflictos gremiales en esas empresas, aunque las acciones represivas de control y vigilancia continuaron sobre el total de los trabajadores de la zona a través del grupo especial creado por el comisario mayor Alberto Rousse.