El juicio Armada II que juzgaba los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención bajo la órbita de la Armada en Bahía Blanca y la región tenía 66 víctimas y 17 imputados; en un fallo que los organismos de derechos humanos de la región consideraron “vergonzoso”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Bahía Blanca dicto once condenas y seis absoluciones. Cinco de los represores condenados fueron excarcelados por haber permanecido detenidos durante el juicio.

ANDAR en Bahía Blanca

(Agencia Andar) “Esta sentencia contradice el camino de justicia que habíamos logrado en los cinco juicios por delitos de lesa humanidad que se realizaron en la ciudad y contradice, incluso, el fallo del primer juicio de la Armada. Es más, creemos que no hay antecedente en todo el país de una sentencia tan irrisoria”, expresa Alejandra Santucho de HIJOS—Bahía Blanca. Y agrega: “Es, sin lugar a dudas, una sentencia que desluce la democracia y el proceso de memoria, verdad y justicia”.

Un día después de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Bahía Blanca (TOCF) diera a conocer el veredicto en el juicio, conocido como Armada II, los organismos de derechos humanos de la región no logran salir del estupor. Aseguran que no entienden cuál fue el criterio de los jueces para dictar este fallo y aguardan a conocer los fundamentos de la sentencia.

El juicio   de la causa 6631, denominada “Aráoz de Lamadrid, Sergio Leonardo y Otros s/Privación ilegal de la libertad…”, tenía 16 ex integrantes de la Armada y un ex agente de la Prefectura imputados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidios contra 66 víctimas. De los 17 acusados, sólo dos tenían condenas previas y cumplían la pena con prisión domiciliaria. Para los 15 restantes era la primera vez que sus crímenes llegaban a juicio, la mayoría de ellos seguirán gozando de impunidad.

Este jueves 29 de agosto, luego de diez meses de audiencia, el TOCF —integrado por Luis Roberto Salas, Marcos Javier Aguerrido y Oscar Edmundo Albrieu— condenó a prisión perpetua sólo a Sergio Aráoz de Lamadrid, a otros tres les impuso condenas de entre 15 y 18 años. Hubo además siete condenas con penas bajas; en seis de esos casos, los jueces ordenaron la excarcelación por haber permanecido detenidos durante el juicio. La fiscalía y las querellas habían pedido 13 perpetuas y penas entre 16 y 25 años para los otros cuatro.

De los 17 imputados, seis fueron absueltos: el ex jefe de la División Cuartel de la Base Naval de Infantería de Marina José Abdala Figueroa, el ex jefe del departamento de inteligencia del comando de aviación naval Carlos Louge y los marinos Rómulo Illa, Aristóbulo Moreira, Arturo Quintana, Ricardo Araujo, quienes entonces ocupaban altos cargos en el Batallón de Comunicaciones 1.

“Hay otro punto alarmante del fallo y es que aquellos imputados que tenían mayor jerarquía fueron condenados con penas muy bajas o, directamente, absueltos. Sentimos que privilegiaron el rango y la clase, a mayor rango, mayor impunidad”, explica Santucho.

Este juicio fue el sexto que se realizó en la ciudad y es el segundo tramo de la causa Armada que juzgaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región, donde funcionaron los centros clandestinos de detención Base Naval Puerto Belgrano, Baterías, y Buque ARA 9 de Julio.

De todos los pedidos realizados por la Fiscalía y las querellas, el Tribunal sólo señaló que los crímenes que se juzgaban eran delitos de lesa humanidad. Pero no reconoció que fuera genocidio y, además, rechazó que se consideren en la condena los delitos sexuales perpetrados en el contexto de represión. Otro criterio más a contramano de lo que resolvió la justicia el primer tramo de la causa. Los jueces tampoco hicieron lugar a las revocaciones de domiciliarias y excarcelaciones.

A diferencia de los anteriores, este juicio se realizó con una nueva composición del Tribunal; a lo largo de estos años, la dificultad para la conformación de los tribunales ha sido una particularidad de los juicios de lesa humanidad en la región: “En Bahía Blanca, el poder judicial tiene relación muy fuerte con los factores de poder, se excusan o tenemos que recusar. Y se termina siempre conformando con jueces de afuera; durante las audiencias, nosotros ya habíamos señalado que se trató de un proceso lento, que debía ser un juicio de tres o cuatro meses y llevó 10. Pero nunca pensamos que los jueces iban a tener el criterio que mostraron en este fallo”, agrega la referente de HIJOS Bahía Blanca.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas ya avisaron que apelarán esta sentencia y que es inadmisible mantener los criterios de impunidad asumidos por este Tribunal: “Son signos de estos tiempos políticos, de los retrocesos que venimos padeciendo en materia de derechos humanos. El poder judicial siempre se acomoda a los tiempos políticos”, cierra Santucho.