Otra vez un joven se quitó la vida estando detenido en el Centro de Recepción Malvinas Argentinas, en Pablo Nogués. Esto es bajo custodia estatal. Los centros cerrados para jóvenes dependen del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA). Son tres muertes en los últimos tres años. La Comisión Provincial por la Memoria intervino en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y solicitó informes a la justicia y al organismo, así como una investigación exhaustiva y medidas de prevención.

ANDAR en el encierro

(Agencia Andar) La situación de los centros de alojamiento de niños, niñas y jóvenes es crítica. Años de abandono y carencia de planes integrales para el área se suman a las medidas adoptadas frente a la pandemia que agudizan el aislamiento y agravan la accesibilidad a otros derechos. Casi no hay escuela. El uso de celulares es escaso y no alcanza para comunicarse con las familias. La angustia crece en horas y horas de encierro en las celdas “sin nada que hacer más que pensar” o “darte máquina todo el tiempo”, según describen los mismos jóvenes.

No fue la primera vez que Tobías intentó suicidarse. Su compañero de celda le había salvado la vida en oportunidades anteriores y es el que ahora  piensa encerrado qué hacer con su vida. Con Tobías hablaban sobre la muerte, ahora está solo. Eran amigos antes de estar presos y en el Malvinas habían fortalecido su vínculo, una alianza para sostenerse frente al hostigamiento de otros jóvenes alojados ahí hacía más tiempo que ellos.

En ese mismo centro cerrado Dylan, de 20 años, se quitó la vida en 2019. En agosto del 2020 Lucas, de 17 años, tomó la misma decisión. Este abril fue Tobías, también con 17 años. Tres años consecutivos, tres suicidios. Frente a estas situaciones desde la CPM subrayan que “es necesario prestar especial atención a posibles responsabilidades institucionales e incumplimientos, tanto por acción como por omisión, en sus deberes”. El organismo intervino en los tres casos.

En esa intervención ante las autoridades por la muerte de Tobías y otros casos de violencia la CPM pidió que se implementen programas, protocolos y un plan de abordaje ante situaciones de autolesiones, intentos de suicidios y suicidios en las instituciones dependientes del OPNyA. También que se capacite al personal y se dispongan mecanismos de participación efectiva para los  jóvenes que habiliten el diálogo. “Desde la CPM venimos alertando que la restricción de las visitas, la ausencia de previsión en la aplicación de protocolos respecto del uso de los teléfonos celulares, y la reducción de personal agravan las condiciones de vida que genera la convivencia extrema y fomenta situaciones violentas y conflictos internos y/o con el personal de custodia”, advierten.

El suicidio es un problema de salud pública.  En los centros de jóvenes de la Provincia el protocolo de actuación y prevención que contempla la ley de salud mental recién fue aprobado en diciembre del 2020, 10 años después de aprobada la ley 26657.