El antropólogo Santiago Garaño es integrante del Núcleo de Estudios sobre Memoria. Mediante su experiencia repasa el alcance de las políticas de derechos humanos y describe lo que resta por descubrir del pasado reciente.

ANDAR en las memorias

(AC-FACSO) Estudiar y trabajar sobre las memorias del pasado reciente hicieron que Santiago Garaño transite un camino, a lo largo de los años, de búsqueda e indagación. A través de esa experiencia comenzó a percibir los diversos alcances que tuvieron la militancia y la represión durante los años 70 en Argentina. Su labor y el carácter de las investigaciones lo llevaron a colaborar con YPF para saber cuántos y quiénes eran los desaparecidos de la empresa. Sin dejar de mirar el pasado pero vislumbrando un horizonte de compromiso concreto, Garaño cuenta su forma de percibir la actualidad y el futuro de nuestra comunidad en materia de derechos humanos.

¿Cómo crees que se perfilan las políticas de DD.HH en el presente y a futuro?

Sentimos una gran alarma cuando un día después del triunfo de Mauricio Macri el diario La Nación presentó una editorial en la cual invitaba al nuevo gobierno a volver a políticas de impunidad y olvido. La reacción del propio plantel periodístico fue muy rápida y eso habla de que la legitimidad construida en derechos humanos y la institucionalización de las políticas públicas no son tan fáciles de retroceder. Habla de un gran avance como sociedad. Tuvimos otras señales de alerta como cuando el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió a las “víctimas del terrorismo” como ellos mismos se autodenominan. Es preocupante porque se trata de retomar las teorías de los dos demonios equiparando a víctimas del terrorismo de estado con víctimas de acciones armadas, algo incomparable. No es casual que Macri haya tenido que ir a visitar el predio de la ex ESMA, lugar al cual no había ido nunca. No es casual que el propio secretario de Derechos Humanos haya descalificado las declaraciones del ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, quien trató de relativizar los crímenes poniendo en cuestión la cifra de desaparecidos.

Me parece que hay una serie de señales preocupantes pero también hay una serie de señales de parte de la sociedad, y no sólo del movimiento de derechos humanos, que nos muestran que este tema ya no es minoritario sino que gran parte de la sociedad tomó esto como propio. Quisiera creer que el legado de tantos años de lucha de alguna manera pueda contrarrestar lo que pueden ser intentos de retomar la impunidad, de retomar las políticas del perdón y del olvido. Pero hay que estar muy alertas, todo lo hecho tiene que ser defendido.

¿Para quiénes o cuáles sectores de la sociedad estas políticas de DD.HH implican un riesgo?

Lo que hizo la reapertura de las causas judiciales, a partir de 2005, fue ir ampliándolo a sectores vinculados con el terrorismo de Estado que con anterioridad no habían sido juzgados. En los últimos años hubo jueces, religiosos, miembros de bandas paramilitares, empresarios, que empezaron a ser investigados y en algunos casos juzgados y hasta condenados por delitos de lesa humanidad. Esto implica pensar que el terrorismo de Estado no sólo fue ejecutado por militares o fuerzas armadas y de seguridad sino también por civiles que colaboraron en la desaparición forzada de personas. Obviamente, cuando más se empieza a avanzar en el juzgamiento de los civiles esto genera tensiones porque son grupos de poder que todavía siguen manteniéndolo. El caso paradigmático es el apagón de Ledesma donde desaparecieron numerosos obreros y miembros de la comisión interna del Ingenio Ledesma. Esto supone ampliar el universo de responsabilidades incluyendo también a actores sociales y no sólo a los militares.

Por otro lado, hay otros sectores que no quieren avanzar en este pasado porque es un pasado del horror. Hacernos cargo como sociedad de que los argentinos estuvieron dispuestos a que 30 mil personas desaparezcan, un millón se exilien, que haya 12 mil presos políticos, implica pensar qué propias responsabilidades tenemos como sociedad en la comisión del terrorismo de Estado, cuánto dejamos hacer. Creo que es un pasado incómodo y también creo que es un pasado conflictivo porque en la sociedad conviven distintas versiones de este pasado. Si bien el activismo en derechos humanos ha hecho mucho para lograr desestigmatizar a los desaparecidos, todavía es muy fuerte la idea del “por algo será”, “algo habrán hecho” o “los desaparecidos eran subversivos, terroristas”. Esto de alguna manera funciona como un elemento justificador de los crímenes que cometió el terrorismo de Estado. Todavía nos cuesta terminar con ese prejuicio en torno a la militancia social y política de la década del 70. ¿Por qué? Porque la idea de la guerra contra la subversión que intentaron construir los militares fue muy potente y caló muy profundo en nuestra sociedad. Nos cuesta darnos cuenta que antes que una guerra hubo terrorismo de Estado, que hubo un plan sistemático ejecutado por autoridades del Estado para desaparecer a vastos sectores sociales vinculados a la disidencia o activismo político.

sant2″Reparar tanto dolor fue un mérito de los últimos 12 años”, opina Garaño en base a la labor emprendida desde el Estado para con las políticas de derechos humanos. / Foto: Gentileza Espacio Memoria Ex-Esma

Mencionas que hay cuestiones que calaron muy hondo en la sociedad. En ese contexto, ¿cuáles fueron los recursos utilizados para instalar determinadas versiones?

Lo que hubo fue un contexto de censura y de fuerte apoyo de los medios de comunicación para ocultar lo que estaba sucediendo. Frente a esa mentira desde el Estado, la censura y silencio de los medios, lo que hubo fue un activismo muy creativo que optó por la no violencia: el activismo por los derechos humanos que trató, mediante algunos rituales, símbolos creativos (las rondas en Plaza de Mayo, el uso de los pañuelos) y denuncias internacionales, revelar lo que estaba sucediendo y denunciar a los militares. Lo que había sucedido no eran unos excesos de algunos militares o policías sádicos sino que se trató de probar que había un plan sistemático de exterminio. Para eso se valieron de todos los canales de denuncia posibles como presentar un habeas corpus en plena dictadura, con todo el riesgo que eso significaba, hacer venir a organismos internacionales, intentar hablar con el Papa, mandar cartas a los presidentes de facto.

¿Cuál fue el marco del trabajo realizado en el convenio entre YPF/CONICET?

Desde hace 18 años me dedico a investigar, primero de modo más periodístico y desde 2003 de modo académico, las memorias del pasado reciente, las luchas del activismo en DD.HH. El año pasado tuve el privilegio de hacer una investigación para reconstruir el listado de desaparecidos de la empresa YPF y colaborar como asesor histórico en la realización del homenaje a los 42 trabajadores y trabajadoras de YPF víctimas del terrorismo de Estado. Privilegio porque no siempre los científicos tenemos la posibilidad de que nuestro conocimiento tenga efectos sociales, es decir, transferir nuestro conocimiento que en YPF fue muy concreto. En mi caso fue fundamental el hecho de ir a trabajar a la empresa tratando de armar algún listado, estableciendo parámetros para probar que una persona fue víctima del terrorismo de Estado y era empleada de la empresa; encontrar un modo científico de probar esa doble condición. Por otro lado, estuvo todo lo que tiene que ver con pensar un acto, convocar a los familiares y que se pueda realizar de un modo exitoso. Logramos que vengan casi todos los familiares, que tengan una copia del legajo de sus familiares desaparecidos, y esto supuso un trabajo de investigación porque la empresa no tenía contacto con estas familias desde el 76, 77, cuando desaparecieron o fueron asesinados. Así que fue, de alguna manera, haber materializado tantos años de trabajo en algo bien concreto como fue el acto, como fue la placa, y también lo que genera en una empresa afrontar ese pasado tan doloroso. Eso también fue un merito de los últimos 12 años, reparar tanto dolor. Con respecto a la asesoría, fueron siete meses de trabajo. La mayoría de los 42 trabajadores y trabajadoras eran de La Plata, Plaza Huincul, Cutral-Co (Neuquén), Capital Federal,  San Lorenzo (Santa Fe), Mendoza, Córdoba y Salta. Hubo desaparecidos en todo el país y el trabajo tuvo que ver con ubicar a esas personas a través de un investigaciones con los fiscales, con los abogados querellantes y con los distintos organismos de DD.HH de todo el país.

¿Cuánto falta por reconstruir de nuestra historia reciente?

Falta mucho. Uno a veces tiene la sensación de que sabemos todo. Desde la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER) estamos compilando un libro que va a salir este mes por la editorial de la Universidad de La Plata, y es notable como hay áreas del país de las cuales no sabemos nada de cómo operaba el terrorismo de Estado. O por lo menos desde la historia no se ha podido construir una verdad histórica de esos acontecimientos. Están las causas judiciales, las declaraciones de los sobrevivientes y familiares, hay muchos documentos, pero es un desafío para la historia reciente seguir reconstruyendo las formas de desaparición. Hay áreas particulares de vacancia, por ejemplo la relación entre pueblos originarios y dictaduras: cómo fueron reprimidos esos pueblos durante el terrorismo de Estado. Otro tema son las memorias rurales: cómo fueron los campesinos reprimidos durante esos años, tampoco se sabe, hay muy pocos trabajos. Podríamos dedicarnos a reconstruir también las represiones en el interior del país. Es un gran desafío que requiere de un apoyo activo de, por ejemplo, el CONICET que tiene que considerar que éstas son áreas de vacancia, y de alguna manera continuar dando becas para quienes son jóvenes y trabajan estos temas. Va a parecer una paradoja, pero hay pocos trabajos académicos del funcionamiento de los CCD: tenemos el libro de Pilar Calveiro Poder y desaparición pero hay muy pocos trabajos sobre cómo era la tecnología de la desaparición forzada y como variaba a lo largo del país. Todavía nos falta tener un mapa de la represión a nivel global, ese sería el desafío que se va a poder concretar si tenemos el apoyo del CONICET y las universidades nacionales.

Santiago Garaño

Doctor en Antropología y Licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde 2004 integra el Equipo de Antropología Política y Jurídica (UBA). Forma parte desde 2012 del Núcleo de Estudios sobre Memoria (IDES) donde es secretario de redacción de la revista Clepsidra (revista interdisciplinaria de estudios sobre memoria). Es becario del CONICET y actualmente se desempeña como investigador asistente. Además, es profesor adjunto de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF).