Esta tarde familiares y amigos de las víctimas se concentrarán en las puertas de la Comisaria 3ª de Esteban Echeverría para reclamar justicia por las diez personas que murieron asfixiadas y quemadas en una dependencia policial que estaba clausurada por orden judicial para alojar personas. En memoria de Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Arguello denuncian que el Estado es responsable. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompaña desde el primer momento a los sobrevivientes y patrocina a siete de las familias víctimas de la violencia estatal.

A dos meses del incendio ANDAR conversó con Juana Fernández y Ezequiel Soto. Dos hermanos que asumieron la lucha por verdad y justicia de los que ya no tienen voz.

ANDAR en Monte Grande

(Agencia) “Desde que mi hermano murió, el Gobierno no tomó contacto con nosotros. Sólo me llamaron de Niñez del municipio de Esteban Echeverría solidarizándose y queriéndonos mandar un bolsón de comida”, dice Juana Fernández, hermana de Juan Fernández, fallecido en el incendio de la comisaría 3 en Monte Grande. “Con una mano en el corazón lo digo, nosotros podemos garantizar la comida, que eso se lo den a quien más lo necesite. Lo que sí necesitamos es una vivienda. Mi vieja alquila y estamos pidiendo que el juez nos de la tenencia de mis sobrinos que, además de perder al papá, tienen a su mamá detenida. A mi hermano nadie nos lo va a devolver. Si quieren ayudarnos de verdad y no taparnos la boca con un bolsón de comida, lo que se necesita es que nos dejen pagar por un terreno, una casa para poder tener a los chicos”, expresa con dolor y continúa: “es muy complicado poder entender qué pasó, cómo pasó. Mi vieja y yo nunca lo dejamos solo, siempre íbamos a verlo. Todavía nos cuesta creerlo. Lamentablemente la droga a veces puede más que los sentimientos. Yo sabía que él no quería morirse. Tenía proyectos de cambiar, de poder estar con sus hijos, de enamorarse y comenzar una nueva vida. Ahora estamos como podemos”, cuenta.

Hacía tres meses Juan había sido trasladado a la comisaria 3ª  de Echeverría. Esta dependencia estaba en funcionamiento a pesar de que la justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos y que fue desobedecida por el Ministerio de Seguridad. Esta orden, emitida por el juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande, exigió al Ministerio de Seguridad de la Provincia que desalojara de manera urgente los calabozos y trasladara a las personas allí detenidas. Incluso el propio Ministerio de Seguridad había dictado en 2012 la resolución 268 que los clausuraba. El 3 de marzo de 2018 el juzgado notificó al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia, a la Corte Provincial y a la propia Gobernadora la clausura y la orden de no alojar personas en esa dependencia. Ninguno de los funcionarios dio respuestas a la grave situación. La noche del incendio, donde fallecieron 10 personas y otros resultaron heridos, había 27 personas detenidas en un espacio que -según la policía- sólo podía alojar a 10 y que se encontraban en las en las peores condiciones estructurales.

“Nadie se acercó para brindarnos asesoramiento psicológico, ni contención a los familiares luego del incendio. Tampoco ayuda para conseguir un turno médico o sacar fotocopias de la causa. Nadie. Según los del Municipio iban a ponernos un abogado para asesorarnos pero eso quedó en la nada”, expresa con bronca y resignación Juana.

Ezequiel Soto, hermano de Elías Soto, un joven de 21 años que hacía 5 meses estaba detenido en la comisaría también fallecido, lo confirma: “En este tiempo nadie del Estado nacional, provincia y judicial ha tomado contacto con nosotros. Se han acercado algunos del municipio para acompañar y de los organismos de derechos humanos. Elías tenía su novia, tenía sueños. Éramos amigos además de hermanos, teníamos una buena relación. Las cosas de la vida lo llevaron a pagar sus errores pero nadie tenía derecho a quitarle la vida”.

Ni intento de fuga ni de motín: según los testimonios coincidentes de los sobrevivientes –había 27 detenidos en la esa comisaría, que tenía ordenada la clausura para alojamiento y ni siquiera contaba con la cantidad de plazas ni colchones para la mitad de ese número- los chicos podrían haber sido rescatados a tiempo. “Ahora se van a quemar como las ratas que son”, escucharon varios sobrevivientes de parte de los efectivos que asistían al horror y en medio de los pedidos desesperados de ayuda.

Para la CPM el Estado es responsable del hecho: todas las denuncias de la CPM, presentadas ante tribunales internacionales y la Corte bonaerense, señalaban que otra masacre como la de Pergamino era posible. Antes de cumplirse el mes de la masacre, y por pedido de la CPM, la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría 3º de Esteban Echeverría la noche del incendio. La decisión se produjo en el marco de una investigación sumarial que busca establecer la conducta disciplinaria de los efectivos y pretende esclarecer las responsabilidades sobre lo sucedido la madrugada del 15 de noviembre. La medida, de carácter cautelar, alcanzó al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco.

“Llevamos el duelo cada uno como puede, a nuestra forma. Estamos ansiosos porque éste es un proceso lento pero veremos cuando se levante la feria judicial. Hoy se cumplen los dos meses y nos vamos a movilizar a la puerta de la comisaría. Vamos a recordar a nuestros familiares y a seguir exigiendo justicia. Vamos a lograrlo, más allá del amparo de la policía, porque no vamos a parar hasta que los responsables vayan presos. Queremos que el comisario se haga responsable, lo mismo Ritondo y la gobernadora Vidal”, asevera Ezequiel. Para Juana el panorama por delante es más pesimista: “expectativas con todo esto no tengo. Quiero que los policías y bomberos que actuaron esa noche no sean reincorporados para trabajar nunca más. Quiero que esa comisaría cierre para que nunca más ningún familiar tenga que pasar lo que pasamos nosotros. ¿Justicia? Creo que no la vamos a tener, nosotros no tenemos justicia. Igual seguiremos luchando”.

A dos meses de la masacre, y ante el silencio de los funcionarios provinciales, los familiares saben que la lucha por justicia es no sólo en los tribunales sino también en las calles y en la organización.