Se trata de la detención compulsiva de niños, niñas y adolescentes en comisarías a pesar de la expresa prohibición de mantener personas menores de edad en estas dependencias. Más del 80% de las detenciones responden a figuras ilegales o arbitrarias realizadas a partir de la discrecionalidad policial.

ANDAR en Ezeiza

(Agencia/ CPM) La Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus preventivo para preservar la integridad y evitar el cercenamiento “actual y/o potencial” de la libertad  de niños, niñas y adolescentes en Ezeiza. Esta acción se debe a que detectaron que en la Comisaría 1º de la zona  se realizaban traslados a sede policial de jóvenes menores de edad usando figuras ilegales e incompatibles con el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

La situación se descubrió a partir de una inspección de la CPM a esa seccional donde se encontró el registro de 83 niñas, niños y adolescentes de entre 13 y 17 años detenidos entre enero y octubre de este año. El número resulta significativo también respecto del total de detenciones para ese período: 707 personas.

Las autoridades policiales consideraron  que “no se detenía a muchos”, e informaron que los dejaban sentados en el pasillo con custodia, dándole intervención a la fiscalía y juzgado correspondiente pero sólo informaban al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes cuando se trataba de delitos graves.

Del total de las detenciones un 84% se dieron por delitos con pena en expectativa baja y por figuras arbitrarias. Dentro de estas últimas pueden ubicarse un 66% de los casos; se trata de detenciones por averiguación de identidad, averiguación de ilícito, entrega de menor, disturbio en la vía pública, infracción de tránsito e infracción del código de faltas o directamente sin constancia de motivo. En cuanto a los delitos con pena en expectativa baja, las carátulas  son: tentativa de hurto, tenencia de estupefaciente para consumo, resistencia a la autoridad, daños y encubrimiento. Sólo 16% responde a delitos con penas en expectativa mayores a tres años de prisión, o sea que sólo en alrededor de 10 casos se puso en conocimiento al Servicio Local.

“Esto es una práctica naturalizada para la policía, pero son detenciones ajenas a los controles de legalidad judicial y de los operadores destinados a garantizar el interés superior del niño. Y cuando estos organismos son convocados el llamado también responde a la discrecionalidad policial”, analizaron desde la CPM.

La CPM solicitó en su presentación el cese de la privación de la libertad y el traslado a dependencias policiales en los casos de  niños, niñas y adolescentes. Además pidió que la justicia convoque a una audiencia en la que se cite al funcionario correspondiente del Ministerio de Seguridad, al jefe de la Coordinación Ezeiza, al comisario de la Comisaría 1 de Ezeiza, a los responsables de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, y de los Servicios Zonal y Local de Protección y Promoción de los derechos del niño de la jurisdicción y a los presentantes, además de los funcionarios que se considere pertinentes.

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