ABSUELVEN A POLICÍAS Y ORDENAN JUZGAR A CINCO AMBIENTALISTAS Criminalización de la protesta en Chubut: grave retroceso en dos causas penales paradigmáticas
El 26 de octubre pasado el fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, formuló el pedido de elevación a juicio de la causa contra cinco ambientalistas que llevaron a cabo una protesta sobre la ruta nacional 3 en 2021 contra el avance del extractivismo en la provincia. Tres días después, el 29 de octubre, se conoció el fallo de la jueza penal de Rawson, Karina Breckle, respecto a otra causa en la que se investigaban vejaciones perpetradas por policías contra manifestantes ambientalistas en el marco de una acción realizada a comienzos de diciembre de 2019 frente a la legislatura. Según Breckle, en esta causa “todo se encontró contaminado de ideología. Todo”. Y abundó en sus insólitos argumentos: “Existe una enemistad ideológica de las personas que defienden derechos colectivos con las fuerzas de seguridad”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene acompañando a las organizaciones territoriales frente a la creciente violencia institucional y su legitimación judicial.
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El fallo de la jueza Karina Breckle está plagado de valoraciones personales y arbitrarias en cuanto al valor de la prueba aportada por las querellas, la rigurosidad de los testimonios y el sentido mismo de la causa: “Existe una enemistad ideológica de las personas que defienden derechos colectivos con las fuerzas de seguridad. Ello transitó todas las declaraciones de los compañeros de lucha. Creen en la ‘autodefensa’ como dijo el denunciante Gigirey, que ‘es cuidarnos a nuestros propios compañeros del maltrato institucional, policial o de quien sea’”.
Según su interpretación, las víctimas se “sintieron perseguidas” y “enardecieron una denuncia” al mismo tiempo que habrían “percibido como reales” las vejaciones que, más allá de la valoración de la jueza, efectivamente padecieron durante la detención y el posterior maltrato en la comisaría de Rawson.
El proceso y posterior juicio en el que se indagó la responsabilidad de los policías Juan Benigno García, Ana Verónica Larsen, Cintia Paola Rodríguez y Matías Leonardo Basualdo estuvo desde el primer momento atravesado por un constante debilitamiento de las víctimas. El Ministerio Fiscal no promovió la elevación a juicio, lo hicieron las víctimas al presentarse como querellantes con el patrocinio de la Defensa Pública. Sin embargo, en la segunda jornada la abogada de los imputados solicitó que el representante de la Defensa, Dr Damián D’Antonio, abandone la sala y sea convocado como testigo a favor exclusivo de esa parte. En apoyo a su petición dijo que el letrado de las presuntas víctimas es testigo presencial de los hechos ya que estuvo presente en la Comisaría el día de los hechos. Esta petición fue convalidada por la Jueza Breckle, dejando a la querella debilitada en su rol.
A la absolución de los policías imputados, se suma la imposición de las elevadas costas del proceso a las víctimas denunciantes. Esto sin dudas constituye un grave antecedente ya que opera como un factor de disuasión de futuras denuncias y de la presentación de las víctimas en el rol de querellantes.
Cabe recordar que los hechos ocurrieron entre el 5 y el 6 de diciembre de 2019 cuando la legislatura chubutense aprobó una reforma a la ley de ministerios que, según entendieron los ambientalistas locales, posibilitaría el aumento de la actividad minera con escasos o nulos controles de impacto ambiental en una región que cuenta con el mayor reservorio de agua dulce del hemisferio sur.
Frente al tratamiento de la norma se realizaron una serie de acciones de protesta convocadas por el movimiento “No a la mina”, entre ellas una concurrida manifestación en las inmediaciones del poder legislativo de Chubut. En un momento de la madrugada del 6 de diciembre arribó al lugar una patrulla policial y seis asambleístas fueron detenidos. Luego las víctimas denunciarían golpes, malos tratos, heridas, empujones, escupitajos, humillaciones, amenazas, manotazos, insultos discriminadores, lo que daría comienzo a la causa penal que ahora la jueza acaba de cerrar con la injustificada absolución de los policías imputados.
Por otra parte, en los últimos días se conoció también el pedido de elevación a juicio formulado por el fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, respecto a la causa contra cinco ambientalistas que llevaron a cabo una protesta sobre la ruta nacional 3 en mayo de 2021 contra el avance extractivista en la provincia.
En aquella ocasión, tras el desalojo de los manifestantes por parte de la policía resultaron imputados por el delito de entorpecimiento de servicios públicos 25 personas provenientes de las ciudades de Trelew, Puerto Madryn y Rawson. De ellas, 16 fueron procesadas por el juzgado Federal de esta última ciudad y ahora cinco de esos luchadores populares (Diego Oria, Andrea Leonett, Santiago Vasconcelos, Matías Crespo y Noelia Silva) serán sometidos a juicio por pedido del fiscal Gelvez.
En su requerimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró probado –con el grado de convicción necesario para esta altura procesal- que el 6 de mayo de 2021 “un grupo de entre 50 y 70 personas que se manifestaba en contra de la promoción de la actividad minera en la provincia de Chubut procedió a interrumpir en forma total el tránsito vía terrestre por la ruta nacional 3, a la altura del kilómetro 1450”. La “afectación de la seguridad pública” es el elemento determinante para el fiscal federal, a pesar de que no existió violencia ni destrozos de ninguna clase por parte de los ambientalistas que se manifestaron en la Ruta Nacional 3.
Para esta CPM, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, resulta alarmante el agravamiento y la profundización de la criminalización de la protesta en la provincia patagónica donde, entre otros casos, ya han sido condenados por la justicia los docentes Santiago Goodman, Estela Juárez y Matías Schierloh.
En junio pasado la CPM difundió un comunicado contra la criminalización de la protesta en distintos puntos del país, y sobre Chubut manifestó que “el poder judicial, como instrumento del poder ejecutivo, procesó a más de 50 manifestantes que se expresaban en manifestaciones públicas por distintos reclamos. Dieciséis de ellos por reclamar que se apruebe un proyecto de ley para abrir una consulta popular por los proyectos de mega minería propuestos para la provincia”.
“Es decir, reclamaban por un instituto de participación popular y democrática de la constitución provincial que sin tratamiento fue rechazado por el Ejecutivo. Dos docentes fueron condenados por reclamar por su salario. El Ministerio Público Fiscal se aboca a procesar a los manifestantes y no ha abierto causa ni investiga la violencia represiva de las fuerzas de seguridad. El estado de derecho en Chubut está claramente vulnerado”, destacó el organismo.
Asimismo, en julio de este año la CPM participó de las jornadas contra la criminalización de la protesta social en Chubut y, en base al conocimiento y la experiencia acumulada, brindó una exposición sobre espionaje ilegal y otras prácticas antidemocráticas de las fuerzas de seguridad.
Por último, cabe consignar que días antes de que el Fiscal Federal solicitara la elevación a juicio de la causa contra los cinco manifestantes ambientalistas, la CPM había remitido una nota al representante del MPF manifestando precisamente la necesidad de que se revisaran los extremos de la imputación. “En la presente causa, lejos de imputarse acciones concretas constitutivas de ilícitos de carácter penal, se está persiguiendo a activistas que promueven acciones por los derechos ambientales por el solo hecho de manifestarse. Esto resulta especialmente grave y preocupante porque representa el uso instrumental del sistema penal como factor de disuasión del ejercicio de un derecho fundamental para la democracia como es el manifestarse y peticionar a las autoridades”, señaló el organismo.
“La elevación a juicio de la presente causa representaría la criminalización del derecho a manifestarse, lo que sin dudas podría acarrear la responsabilidad internacional del Estado Argentino ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos”, concluyó el escrito.
