La familia de Omar Cigarán, con el patrocinio del Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, apeló ante la Corte Suprema de Justicia de Nación el reciente fallo de la Corte bonaerense que declaró inadmisible, por cuestiones técnicas y sin expedirse sobre la cuestión de fondo, un recurso de queja y confirmó así la absolución del policía Diego Walter Flores.

ANDAR en la justicia

(Agencia) “A esta altura del proceso penal, la serie de decisiones judiciales que se tomaron a partir de la absolución en el juicio bien consolidando la impunidad que se decretó con la sentencia. El recurso en la Corte pretende agotar todas las instancias judiciales posibles para revertir esta impunidad”, resume el abogado del colectivo La Ciega, Hernán Navarro.

El 15 de febrero de 2013 en el barrio Hipódromo de La Plata, en un supuesto intento de robo, el agente de la policía bonaerense Diego Walter Flores le disparó por la espalda y mató a Omar Cigarán. Cuando murió tenía 17 años y la familia había hecho 16 denuncias por persecución policial contra él.

Más de cuatro años después, en abril de 2017, el Tribunal Oral Criminal N 4 absolvió por mayoría a Flores: para los jueces Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Buni, el policía actuó en “legítima defensa y cumplimiento del deber”. La absolución fue confirmada por la Sala V del Tribunal de Casación Penal en febrero de 2018.

El pasado 27 de julio, la Corte bonaerense puso el último eslabón en la cadena de decisiones judiciales que consagra la impunidad al declarar “improcedente”, por cuestiones técnicas, el recurso de queja presentado por la familia.

“La Corte bonaerense pretende cerrar la discusión basada en un exceso ritual, ya que se excusa en que las apelaciones que la querella fueron presentadas fuera de término, cuando en verdad la familia de la víctima nunca fue notificada personalmente de la resolución de Casación”, explicaron en un comunicado desde el Colectivo contra el gatillo fácil de La Plata.

Lo que es más grave, la decisión de la Corte no evalúa la cuestión de fondo: “En ninguna instancia de este expediente se dio respuesta a lo alegado por la querella de la familia, no se valoraron los argumentos presentados y no se analizaron los hechos expuestos, lo que importa una gravedad institucional porque se trata de una causa contra un integrante de una fuerza de seguridad y compromete la responsabilidad del Estado argentino como detentador del monopolio de la violencia legítima que ordena los estados de derecho”, describe el comunicado.

Esta decisión equiparable a una sentencia definitiva, ya que la causa transitó por todas las instancias ordinarias y extraordinarias, fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia. “La Corte tiene muchas facultades para resolver. De mínima podría declarar procedente el recurso y ordenar que la Corte bonaerense trate la cuestión de fondo que venimos planteando”, sostiene Hernán Navarro.

“A lo largo de todo el proceso judicial hay una evidente denegación de la justicia para con Sandra, si se analizan los argumentos de fondo se podría revertir ese camino”, agrega el abogado.

En el comunicado, el Colectivo contra el gatillo fácil de La Plata denunció que no hubo tutela judicial efectiva ni se respetó el derecho al debido proceso. Y recordaron que la familia de Omar, como particular damnificado, fue la única acusación en el juicio oral contra Flores, ante la ausencia total de tarea de parte del Ministerio Público Fiscal.

Las irregularidades en la instrucción y la arbitrariedad en la valoración de la prueba fue notoria durante el juicio que absolvió a Flores. Para los abogados y abogadas de La Ciega nunca pudo constatarse en el caso una causal de legítima defensa.

“Ninguno de los jueces bonaerenses se molestó en explicar por qué si las manos del cadáver de Omar estaban manchadas de sangre el revólver que le atribuyen, que apareció cinco horas después del hecho en el calzoncillo de la víctima en la sede de la Morgue Policial, no tenía restos hemáticos. En realidad Omar recibió el disparo que ejecutó Flores mientras se iba del lugar y no enfrentando al policía, lo cual plantea que Flores no puede alegar la legítima defensa sin haberla probado en el juicio”, describen en el comunicado.

“Hasta ahora la justicia nos ha demostrado que tanto para los fiscales de instrucción como para los jueces de tribunal oral, los de Casación y los de la Suprema Corte es legítimo para un policía tirar a matar a una persona para evitar el robo de una moto”, dicen. Y cierra: “Una vez más la justicia penal bonaerense demuestra que para los pobres no hay justicia, solo balas e impunidad”.

A la par que, en la justicia, se consagraba la impunidad, la causa de Omar Cigarán siguió creciendo en las calles. Su mamá Sandra Gómez se constituyó en una referente de la luca contra el gatillo fácil. Y es integrante, además, de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM.

“Para nosotros es importante seguir acompañando a Sandra en todo el activismo que desarrolló a partir del asesinato de Omar, ella supo transformar el dolor en organización y lucha”, aclara el abogado Hernán Navarro.