Este  miércoles 4 de diciembre se llevó a cabo la segunda y última jornada de alegatos a cargo de la fiscalía de juicio, que cerró con los pedidos de pena para todos los imputados y la solicitud de que se ordene la extracción de testimonios para que sean incorporados a otra causa en curso -residual respecto de la que se está juzgando por los crímenes en la Brigada de Investigaciones de San Justo- y que allí se ventilen los casos de más de una docena de víctimas que no fueron considerados en la causa principal. En cuanto a las penas, se pidieron 14 condenas a reclusión perpetua –entre ellas, a Etchecolatz-, tres a 25 años de prisión y una a 15 años.

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(Agencia) El fiscal Alejandro Alagia completó, este miércoles 4, el alegato del Ministerio Público en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionó entre 1976 y 1983 en la Brigada de Investigaciones de San Justo, partido de Matanza, y por el que se calcula que pasaron varias decenas de víctimas.

En el debate se ventilan las responsabilidades penales por los delitos padecidos por 84 víctimas, aunque durante la instancia de testimonios –que duró más de un año- se revelaron más de una decena de casos que no habían sido incorporados al expediente.

La jornada comenzó pasadas las 11 de la mañana, con el relato pormenorizado de los casos de víctimas y las pruebas producidas durante el juicio que demuestran la culpabilidad de los imputados.

Al finalizar la enumeración, el fiscal Alejandro Alagia manifestó a los jueces: “En este juicio conocimos que hubo otras víctimas, y por ellos vamos a pedir que en la sentencia se ordene la extracción de testimonios para que sean incorporados a otra causa que ya tramita en La Plata a fin de que se investiguen los hechos padecidos por Héctor Galeano, Jorge Luis Conget, Mario Lemos, Guillermo Patricio lobos, Jorge Luis de Iriarte, Gladis Morales, Adolfo Rafael Chamorro, Elba Balestri, Estela Gariboto, Oscar Garra, Francisco García, José Blanco y otros.

Luego, Alagia pasó al petitorio del Ministerio Público Fiscal: “Solicito que los secuestros, las privaciones ilegales de la libertad, homicidios y abusos sexuales tratados en este juicio sean declarados delitos imprescriptibles”, en orden  a la legislación internacional sobre genocidio.

Con respecto a los imputados, las penas solicitadas fueron las siguientes:

-Rodolfo Godoy, exsubjefe del Área 114 entre 1977 y 1979: prisión perpetua con inhabilitación absoluta y costas (estos últimos dos extremos, solicitados para todos los imputados) por su contribución en 47 secuestros y tormentos, en 4 casos de abuso sexual y en el homicidio de Rubén Cabral.

-Roberto Armando Balmaceda, exteniente primero: 25 años de prisión por su contribución en 46 casos de secuestros y tormentos y en 5 casos de abuso sexual.

-Héctor di Pasquale, excapitán de Artillería: 25 años de prisión por su contribución en 46 casos de secuestros y tormentos, y en 5 casos de abuso sexual

-Emilio Alberto Herrero Anzorena, excapitán del Destacamento de Inteligencia 101: prisión perpetua por su contribución en 41 casos de secuestros y tormentos y en el abuso sexual  sufrido por José Eduardo Moreno. También por 7 hechos de homicidio.

-Ricardo Armando Fernández, exjefe de Contrainteligencia: prisión perpetua por su contribución en 46 secuestros y tormentos, en la privación ilegal de la libertad de María Lavalle, en el abuso sexual sufrido por Moreno, y en un homicidio.

-Carlos María Romero Pavón, exjefe de la Sección Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata: prisión perpetua por su contribución en 69 casos de secuestros y tormentos, en la privación de la libertad de María Lavalle, y en 5 hechos de abuso sexual. También por su contribución en 9 hechos de homicidio.

-Carlos del Señor Hidalgo Garzón, exoficial de Inteligencia del Ejército: prisión perpetua por su contribución en 40 casos de secuestros y tormentos, en el abuso sexual sufrido por Moreno y en 8 hechos de homicidio.

-Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno bonaerense: prisión perpetua por su contribución en 79 secuestros y tormentos, en 9 hechos de homicidio y en 6 hechos de abuso sexual.

-Juan María Torino, exsubsecretario de Gobierno bonaerense:  15 años de prisión por su contribución en 79 secuestros coactivos y tormentos, en 9 homicidios y en 6 casos de abuso sexual.

-Miguel Osvaldo Etchecolatz, excomisario general de la Bonaerense: prisión perpetua por su contribución en  51 secuestros y tormentos y en 9 homicidios.

-Alejandro Alberto Menichini, exjefe de la Brigada: prisión perpetua por su contribución en  18 casos de secuestros y tormentos y en el abuso sexual sufrido por Moreno.

-Roberto Armando Félix, ex jefe de la Brigada de Investigaciones 1 de Morón-San Justo: prisión perpetua por su contribución en 22 secuestros y tormentos y en 3 casos de abuso sexual.

-Leopoldo Luis Baume, exjefe de la policía bonaerense: prisión perpetua por su contribución en 52 secuestros y tormentos, en 5 homicidios y en  5 hechos de abuso sexual.

-Rubén Alfredo Boan, exguardia en Brigada: prisión perpetua por su contribución en 35 secuestros y ejecutor en 12 de ellos, además de su contribución en el homicidio de Rubén Cabral. También por su contribución en  4 casos de abuso sexual, en uno de ellos como ejecutor.

-Héctor Jorge Vidal, exmédico de la Policía de la provincia de Buenos Aires: prisión perpetua por su contribución en 71 secuestros y tormentos, en 9 homicidios y en 5 casos de abuso sexual -como ejecutor en uno de ellos-.

-Raúl Carballo, exguardia de la Brigada: prisión perpetua por contribuir en 52 secuestros y como ejecutor en el secuestro de Ana María Egadner. También por su contribución en 4 hechos de abuso sexual  y en 6 homicidios.

-Héctor Horacio Carrera: prisión perpetua por su contribución en 78 secuestros y tormentos y como ejecutor de uno de ellos. También en 9 homicidios y en 6 casos de abuso sexual.

-Ricardo Juan García, exagente de la policía bonaerense: 25 años de prisión por su contribución en 23 secuestros y tormentos y como ejecutor en tres de ellos.

Por último, el fiscal Alagia solicitó que se ordene al Ministerio de Seguridad de la Provincia la desafectación de la sede donde funcionara el centro clandestino Brigada de Investigaciones de San Justo entre 1976 y 1983. Manifestó al respecto la urgencia para la efectivización del pedido en virtud de que ya fue ordenado en sentencia del TOF 1 de La Plata en el año 2009 y aún no se hizo efectivo.