La instrucción judicial, a cargo de la UFI 9 de Florencio Varela, considera que Eliana Heidenreich, jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento, fue la autora de los disparos con arma de fuego que mataron a Federico Rey durante la represión en la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela. Después de estar varias horas prófuga, se entregó a la justicia y quedó detenida en la DDI de La Plata. Los penitenciarios Gastón Abila y Gabriel Bergonzi fueron detenidos en sus domicilios acusados del delito de encubrimiento agravado. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) representa legalmente al padre, el hermano y la tía de Federico y también fue aceptada como particular damnificado institucional, en base a las facultades que posee como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

ANDAR en Varela

(Agencia) El miércoles pasado, en medio de la angustia y el temor que se vive en las cárceles bonaerenses por el avance de la pandemia del coronavirus, detenidos del pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria 23 iniciaron una protesta por la falta de medidas para disminuir el riesgo de contagio en los penales. Poco antes había circulado un audio, atribuido a un médico de salud penitenciaria, que informaba del primer caso positivo en la UP 42 de ese complejo penitenciario y aseguraba que muchos se iban a contagiar y morir.

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) desató una feroz represión en los techos del pabellón 6: Federico Rey, de 30 años, cayó muerto en el lugar. Inmediatamente después del hecho, los funcionarios del penal comenzaron a encubrir el hecho haciendo pasar el asesinato como resultado de una pelea entre internos.

El informe preliminar de la autopsia constató que a Federico le dispararon con bala de plomo. Del cuerpo se extrajeron tres proyectiles de plomo; uno de esas balas ingresó en la zona del cráneo, otra en el cuello y la tercera a la altura del pecho. También se extrajo del cuerpo del joven una posta de goma y presentaba otras múltiples lesiones compatibles con heridas producidas por perdigones de goma. Además de la autopsia, la justicia secuestró todas las escopetas utilizadas durante la represión como así también las vainas encontradas en el lugar.

Con las pruebas que existen en la investigación judicial, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N 9 de Florencio Varela, a cargo de la fiscal Roxana Giménez, considera que la Alcaide Mayor Eliana Heidenreich fue la autora de los disparos con armas de fuego que mataron a Federico y está acusada del delito de homicidio calificado por haber sido cometido por un agente del servicio penitenciario mediante el empleo de arma de fuego. Cabe destacar que, de acuerdo a los protocolos de uso de la fuerza, el uso de balas de plomo está prohibido en las cárceles bonaerenses.

Heindereich se desempeñaba como jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento y había ingresado al SPB en 2012. En los últimos días, su defensa había solicitado la eximición de prisión pero fue denegada. Cuando la fueron a buscar a su casa en La Plata, Heindereich ya no estaba. Después de profugarse por varias horas, se entregó y quedó detenida en la DDI de La Plata.

Por otra parte, en allanamientos realizados en La Plata y Santa Teresita, fueron detenidos el jefe de la Guardia de Seguridad Exterior Gastón Ábila y el prefecto mayor Gabriel Bergonzi. Los dos penitenciarios están acusados por el delito de encubrimiento agravado.

Cabe recordar también que, luego de conocerse los resultados de la autopsia, las cinco máximas autoridades del penal fueron desplazadas: el director de la cárcel, los tres subdirectores y el jefe de la sección Vigilancia y Tratamiento de la UP 23 de Varela.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la causa como particular damnificado en patrocinio del padre, el hermano y la tía de Federico. Y también fue aceptado por el Juzgado de Garantías N 8 de La Plata como particular damnificado institucional, de acuerdo a las facultades que posee como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Es la primera vez que, desde su designación como Mecanismo el año pasado, la CPM actúa en calidad de particular damnificado institucional.