La abogada de la familia de Tomás Pérez -un joven de 15 años asesinado por la espalda en diciembre de 2014 por un policía de civil- había solicitado la recusación de la fiscal que, en vez de investigar los hechos que derivaron en la muerte del menor de edad, pretendió justificarla anticipadamente con la imputación de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en ejercicio de legítima defensa y lesiones leves” respecto al policía que efectuó los disparos

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) El 4 de noviembre pasado el juez de Garantías 1 de Mar del Plata, Daniel De Marco, resolvió hacer lugar al pedido de recusación formulado por la abogada María Florencia Ocampos –que patrocina a Marta Beatriz Maldonado, la madre del joven asesinado-, luego de considerar que “es razonable el temor que expresa la progenitora del menor fallecido en cuanto a que la Sra. Agente Fiscal (Andrea Gómez) se ha apartado al deber de actuar con un criterio objetivo”.

Tomás Pérez fue baleado por la espalda por parte de un policía de civil. FOTO: laizquierdadiario.com

Entre los fundamentos de la resolución, el magistrado consideró que la fiscal Gómez realizó una indebida imputación del policía ya que calificó el hecho como un homicidio en ejercicio de legítima defensa  “anticipando el resultado del proceso, lo que no resulta objetivamente razonable ni ajustado a derecho”.

A partir de ahora, la causa penal deberá ser reasignada a otro fiscal y retornar a su inicio a fin de investigar fehacientemente cómo fueron los acontecimientos que derivaron en el asesinato de Tomás Pérez.

En este sentido, resultan fundamentales los testimonios del hermano del joven fallecido, Leandro Pérez, y de una médica que pasaba por el lugar de los hechos el 19 de diciembre de 2014 y que tuvo que discutir con un grupo de policías para que permitieran que una ambulancia llevara al hospital a Tomás.

Disparos por la espalda

Los hermanos Tomás (15) y Leandro (16) Pérez circulaban en una moto por las calles Mendoza y Falucho de Mar del Plata cuando escucharon gritos dirigidos a ellos por parte de una persona que conducía otra moto.

Los jóvenes regresaron, se insultaron recíprocamente con la persona que resultaría ser un policía de civil, Santiago Pérez, y uno de los hermanos le pateó el rodado antes de retomar el trayecto que traían.

Sin embargo, al llegar a la esquina Tomás y Leandro oyeron disparos y luego perdieron el control de la moto, chocando contra una camioneta estacionada.

Ambos habían sido impactados: Tomás moriría un rato después, al llegar al hospital; Leandro, con un disparo en la pierna, sería llevado a un HIGA y luego trasladado al Instituto de Menores de Batán, donde permanecería tres días.

Las irregularidades y complicidades policiales comenzaron cuando la médica Ana Viglianchino, que pasaba por el lugar, se acercó a socorrer a los hermanos heridos pero los efectivos policiales no permitían que la ambulancia se llevara a Tomás a un hospital.

Asimismo, se intentó implantar un arma calibre 38 para inculpar a los jóvenes de tentativa de robo agravado por el uso de armas, iniciándose una causa en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que finalmente fue archivada por falta de pruebas.

La segunda causa que se inicia es por el homicidio de Tomás, pero la fiscal Andrea Gómez decidió no imputar al policía Santiago Pérez y, en cambio, utilizó para la instrucción las copias del expediente por el cual se había intentado imputar a los adolescentes por un delito que no había existido.

A pesar de que la autopsia reveló que los disparos habían sido recibidos por la espalda, en ningún momento la fiscal recibió la declaración testimonial de Leandro, quien no sólo había presenciado los hechos sino que había resultado víctima.

El pedido de recusación

En el escrito presentado por la abogada María Florencia Ocampos, además de las irregularidades procesales mencionadas, se destaca “un CD con dos audios y la desgrabación de uno de ellos con los dichos vertidos por la Sra. Fiscal Andrea Gómez en una entrevista que le realizó un medio radial local”.

“En dicho audio, se refiere a la madre del adolescente asesinado como delincuente, estigmatiza a los jóvenes victimas por su situación de vulnerabilidad y también muestra una falta de objetividad en la investigación, objetividad que debe poseer debido a su condición de averiguadora de la verdad”, apunta la abogada.

“En el segundo audio encontraremos las siguientes manifestaciones vertidas por la Sra. Fiscal a la madre de Thomas Pérez: ‘…que con la madre no iba a hablar…que el policía salió en defensa propia porque los chicos le robaron…si yo fuera el policía no le hubiera dado en la panza, le hubiera dado en la cabeza…’”, agrega.

A tales acusaciones contra la fiscal la abogada Ocampos suma las amenazas recibidas por la familia de Tomás Pérez y la desprotección a la que se dejó expuesto a Leandro, quien sufre ataques de pánico como consecuencia de los hechos vivenciados y sus familiares que perdieron a un miembro de su familia”.

Cabe destacar que la Comisión Provincial por la Memoria, a través de sus programas de Justicia y Seguridad Democrática y Litigio Estratégico, y su delegación en Mar del Plata, se encuentra realizando un seguimiento de este y otros casos caso, asesorando a la familia y colaborando con la abogada patrocinante.

Para la CPM, el caso no solo evidencia la ilegalidad en la intervención policial, sino también, el criterio fiscal que promueve y facilita la impunidad en estos casos.