Rafael Cobo es estudiante de psicología, tiene trabajo, familia, una novia y proyectos; desde la madrugada del sábado, está internado en el hospital San Martín de La Plata después de recibir un disparo fortuito. El autor del disparo es un agente de la Policía Local; en la madrugada del sábado no estaba en servicio pero llevaba su pistola reglamentaria: alcoholizado, drogado y descontrolado, desenfundó el arma y tiró. Estado policial, demagogia punitiva, responsabilidades políticas: Rafael Cobo es otra víctima más de la política de seguridad bonaerense. La CPM repudió el hecho, acompaña a la familia y solicitó una audiencia con el gobernador Daniel Scioli.

ANDAR en La Plata

(Agencia – CPM) La Comisión Provincial por la Memoria advirtió en reiteradas ocasiones sobre la falta de capacitación de los agentes de las policías locales, creadas en el marco de la emergencia en seguridad decretada en el año 2014. En ese entonces, se dijo que la estrategia de saturación territorial lleva a un aumento de las prácticas violentas e ilegales por parte de las fuerzas de seguridad y, en consonancia, el aumento de los índices de letalidad. Ya se sabía que podía a pasar, pero nadie hizo nada. 

Cada semana se anuncia públicamente la jura de nuevos centenares de agentes policiales. Son jóvenes, sólo tienen seis meses de preparación, portan armas con una instrucción precaria e insuficiente y el estado policial les exige llevar su pistola reglamentaria todo el tiempo. ¿Quién puede hoy sorprenderse o alegar ingenuidad?

Es esperable que Julián Cabañas (35) sea exonerado de la fuerza policial y condenado por el hecho, pero hay responsabilidades políticas que también exigen ser revisadas y juzgadas: fue Cabañas pero podría haber sido cualquier otro. La política de seguridad criminal y los discursos punitivistas siembran las calles de armas. Las armas y el descontrol policial generan más violencia y represión.

Mientras tanto, en la sala de terapia intensiva del hospital San Martín, Rafael Cobo sobrevive y lucha por recuperarse: el disparo que recibió en el abdomen comprometió el hígado y el pulmón e ingresó al nosocomio con una importante pérdida de sangre. Esta tarde se sometió a una nueva intervención quirúrgica, la tercera. En las últimas horas, Rafael se encuentra estable y consciente y se espera que en las próximas horas se acentúe la mejora de su estado de salud. Tiene 26 años. Toda su familia lo acompaña, también los amigos, la gente del centro cultural “En eso estamos”, la comunidad educativa de la UNLP, organizaciones políticas y organismos de derechos humanos, como la CPM y la Asociación Bru, que expresaron su solidaridad desde el primer momento.

Estas organizaciones se convocaron durante la mañana y se movilizaron hasta la fiscalía (7 y 56) para repudiar el violento hecho y exigir que se tomen, de manera urgente, las medidas necesarias para condenar a los responsables.

Tirar por tirar

Rafael Cobo nació en Tandil pero vive en La Plata desde hace ocho años; estudia psicología en la Universidad Nacional de La Plata y trabaja en una cabina de peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata.

“En eso estamos” lleva años funcionando y aportando a la cultura platense, está conformado por distintos colectivos y desarrolla semanalmente talleres de música y arte, mencionó Lautaro Bravo, coordinador del centro. “De vez en cuando se organizan festejos; somos amigos, compañeros, siempre en un clima de familiaridad, nunca pasamos por algo así. Estamos sorprendidos y consternados”.

El viernes, su novia y los amigos convencieron a Rafael de ir a una de esas fiestas: no era la primera vez que iban, conocían el ambiente y lo disfrutaban. Ya entrada la madrugada, alrededor de las 5:30 AM, algunos de los compañeros se habían ido y Rafael se quedó un rato más con la novia y otros pocos amigos.

En ese momento, dos agentes de la policía local (fuera de servicio), Julián Cabañas y Graciela Bonela (32) insistían, de manera prepotente y jactándose de ser policías, para entrar. Los testigos aseguran que los dos estaban visiblemente alterados –según las primeras versiones que circularon en los medios, el agente habría estado bajo los efectos del consumo de alcohol y ansiolíticos–; sin embargo, y para evitar que la discusión creciera, los dejaron pasar.

En algún momento, comenzaron a discutir violentamente; ella quería quedarse, a pesar de haber dejado a sus dos hijos de 3 y 10 años encerrados en el auto. Él quería irse. Interpelados por esta situación, algunos de los coordinadores del centro intervinieron para separar a la pareja y pedirles amablemente que dejen el lugar. Cabañas desenfundó su pistola reglamentaria y empezó a tirar, por lo menos tres o cuatro veces hasta que lograron contenerlo. Tirar por tirar. Uno de los disparos dio en el abdomen de Rafael Cobo, que presenciaba la discusión a cierta distancia, unos 10 ó 15 metros.

“Como la ambulancia tardaba en llegar, decidimos llevarlo nosotros en una camioneta de la policía; lo levantamos y lo cargamos sobre una camilla improvisada, un postigo de madera. Desde entonces, estuvimos acompañando a Rafael y la familia. Por suerte, está evolucionando favorablemente, eso es lo más importante”, comentó Bravo.

La bala que impactó en el abdomen de Rafael comprometió el hígado y el pulmón del joven; ingresó al San Martín con una importante pérdida de sangre y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Luego de dos operaciones, los partes médicos fueron alentadores, Rafael estuvo estable y consciente y esta tarde fue sometido a una nueva operación que ya estaba programada.

Estado policial: saturación territorial y descontrol

Una vez enterado del hecho y ante la presencia de un nuevo caso de violencia policial, la CPM se contacto con la familia de Rafael Cobo y solicitó copia de la causa, la instrucción por la resolución 1390 de la procuración general y puso en conocimiento a la auditoría de Asuntos Internos. Según lo recabado en fiscalía por el programa de Justicia y Seguridad Democrática, el caso quedó caratulado como homicidio doblemente calificado en grado de tentativa por la condición de fuerza de seguridad y por el empleo de arma de fuego. Los dos imputados se negaron a declarar. Julián Cabañas permanece detenido, mientras que Graciela Bonela fue liberada.

La instrucción está cargo de la fiscal Betina Lacki, quien también lleva la investigación por la muerte de Juan Martín Yalet, el joven que murió de un disparo en la cabeza cuando era trasladado esposado en un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de la departamental La Plata, el martes pasado. Dos casos en cinco días. Ambos casos exponen la brutalidad e ilegalidad del accionar policial: Juan Martín y Rafael son víctimas de la política de seguridad.

En el comunicado de repudio por el ataque que sufrió Rafael Cobo, la CPM expresó: “Las policías locales fueron creadas por una resolución ministerial en el marco de la denominada “emergencia en seguridad”. En un lapso de un año, con una preparación de solo seis meses, más de 500 agentes salieron a las calles de La Plata, portando armas, con una instrucción precaria e insuficiente. Tal como quedó demostrado, esto es altamente peligroso y genera más inseguridad de la que pretende resolver”.

En febrero, la CPM participó de la audiencia pública para designar al jefe de la Policía Local con la intención de incorporar el eje Seguridad Democrática y Derechos Humanos, reforzando la preocupación sobre las prácticas policiales ilegales y los esquemas de monitoreo de la gestión policial. Las demandas expuestas fueron desoídas, la temeridad de la demagogia punitiva y represiva ostentada por el gobierno local y provincial “propician políticas que asumen la muerte, las torturas y la corrupción policial, como parte de la gestión cotidiana de los conflictos sociales”, menciona el comunicado de la CPM por la muerte de Juan Martín Yalet.

En ese sentido, en el Informe Anual 2015, ya se había advertido que “ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial en el uso letal de la fuerza. La estrategia de saturación territorial a través de la presencia de efectivos y patrulleros ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos […] En el marco del Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria viene desarrollando una investigación sobre el uso letal de la fuerza pública en el territorio. En este trabajo que aún se encuentra en etapa de análisis hemos confirmado que la mayoría de las muertes provocadas por funcionarios policiales se produjeron fuera del horario del trabajo”.

Los hechos de esta última semana son representativos del agravamiento de las violaciones a los derechos humanos que resultan de las políticas de mano dura, por ello la CPM exige una pronta y ejemplar investigación judicial para condenar y castigar a los responsables de ambos sucesos. Y, al mismo tiempo, solicitó una audiencia pública con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, para exponer las demandas y reclamos frente a la criminalidad de la actual política de seguridad que, una vez más, ha demostrado su fracaso: más policía y más represión es igual a más violencia.