La brutal y planificada represión policial, llevada a cabo por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad sobre las miles de personas que se manifestaron el pasado jueves, solo se explica a partir de una decisión política del más alto nivel de los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura monitorea la violencia estatal sobre la protesta social, amplió la denuncia penal presentada ese mismo día ante el fuero federal describiendo detalladamente el accionar represivo. El organismo pidió que se investigue por los delitos de estrago, torturas, apremios ilegales el accionar de los efectivos policiales así como el posible incumplimiento funcional de los deberes y abuso de autoridad de los funcionarios responsables del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación. También se denunció al comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna, quien sin uniforme ni identificación oficial apuntó y disparó una escopeta no identificada sobre los manifestantes. Al menos 1.500 personas resultaron heridas o afectadas, en su mayoría alcanzada por los gases, y 28 fueron detenidas arbitrariamente. Una foto-reportera sufrió traumatismo de cráneo y debió ser hospitalizada. Al menos 36 trabajadores de prensa, 8 integrantes de los equipos de monitoreo de la CPM y 18 socorristas de CEPA también fueron afectados por la represión.

(CPM) Durante la jornada del 6 de agosto en las inmediaciones del Congreso de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria pudo constatar graves hechos de violencia policial y detenciones arbitrarias desplegados por las fuerzas que integran el Comando Unificado del Ministerio de Seguridad Nacional, sobre los manifestantes que reclamaban contra la denominada ley de tierras y de inviolabilidad de la propiedad privada.

Con todo el acervo fílmico y fotográfico reunido durante las horas de monitoreo de la represión e injustificado operativo policial, la CPM formuló una denuncia penal el mismo jueves y una ampliación el día de ayer para que se investiguen el despliegue desproporcionado de la violencia, los movimientos coordinados de las fuerzas, la reiteración de las acciones y los múltiples actores estatales intervinientes, que evidencian que las acciones ilegales denunciadas fueron efectuadas de forma estratégica por un mando jerárquico. Se trató de una represión programada y planificada por funcionarios políticos, con la finalidad de impedir o limitar los derechos constitucionales de la libertad de expresión y de peticionar a las autoridades.

De acuerdo al registro aportado como prueba por la CPM, la represión del pasado jueves -una de las más salvajes desde la implementación del protocolo antipiquetes en diciembre de 2023- se extendió durante 5 horas y se expandió por varias cuadras de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo represivo comenzó tras los vallados que rodearon por completo el Congreso de la Nación, llegó por Avenida de Mayo hasta la Avenida 9 de Julio y casi hasta Plaza de Mayo y por Callao hasta la Av. Corrientes.

La represión comenzó alrededor de las 16:45 hs sin razón que lo amerite y cuando la manifestación transcurría de manera pacífica. Los cuerpos de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que estaban detrás del vallado del Congreso, comenzaron a lanzar de manera indiscriminada gases químicos, bombas de gas lacrimógeno y agua a presión con los camiones hidrantes. Luego, desde las calles laterales al Congreso, sobrepasaron el vallado y comenzaron a avanzar sobre las personas utilizando todo el armamento; en ese momento, se sumaron al operativo represivo los efectivos de la Policía de la Ciudad.

El avance de las fuerzas de seguridad, sobrepasando los vallados que habían sido colocados por las mismas fuerzas en el marco del operativo de seguridad, fue un acto de intimidación que respondía a un solo objetivo: dispersar a los manifestantes para acabar con una pacífica jornada de protesta.

Los focos de represión se produjeron de manera simultánea en tres lugares: avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, avenida Entre Ríos y Rivadavia y avenida Callao y Mitre. Las fuerzas avanzaron arrojando aerosoles de gas pimienta y luego continuaron con el uso de agua de cuatro camiones hidrantes, las postas de goma y disparos con granadas de gas lacrimógeno. Además en su avance dispararon más de 100 cartuchos de gas lacrimógeno, disparos con escopeta y postas de goma y con armas byrna disparando postas con gas químico, muchos de estos disparos en línea recta sobre zonas sensibles del cuerpo (y prohibidas para el disparo directo) como cara, cabeza y pecho.

En la denuncia penal la CPM advirtió: “sin seguir el protocolo vigente que recomienda que se efectúe la detonación al menos a 45 grados para evitar el impacto en zonas del cuerpo que podrían provocar heridas letales. Disparaban en línea recta sobre la cabeza, rostro o pecho de las personas”.

La situación caótica, la intensidad y la continuidad del ilegal y desproporcionado despliegue represivo tornó muy difícil la identificación de los heridos, pero se relevó que al menos 1.500 personas fueron heridas o afectadas, la mayoría por gases. El Cuerpo de Emergencias y Primeros Auxilios (CEPA) asistió cerca de 350 personas, las postas de salud de los partidos de Izquierda a 250, la posta de salud del Instituto Patria a 100 y los equipos de la CPM más de 150. Cientos de personas afectadas por los gases fueron relevadas pero no asistidas, ya que huían de manera caótica del lugar. Unas 50 personas fueron atendidas con impactos de posta goma y una foto-reportera fue trasladada con lesiones graves por el SAME, quedando internada en el Hospital Argerich.

Sobre el caso de la trabajadora de prensa, la CPM señala particularmente que la situación se produjo sobre Lima y Avenida de Mayo cuando un grupo de policías de la Ciudad, junto a un camión hidrante de la misma fuerza, inició maniobras represivas indiscriminadas disparando incluso con postas de goma directamente a la cara y cabeza. La CPM resalta en la denuncia penal presenta que la foto-reportera “se ubicaba con un grupo de periodistas identificados y miembros del equipo de monitoreo de la CPM, integrando un grupo de personas de especial protección y prohibición de reprimir”, por la tarea de observancia y registro que realizan en el contexto de las manifestaciones.

En ese sentido, la CPM señaló que entre las personas alcanzadas por la represión hubo al menos 36 periodistas, además de 8 defensores de derechos humanos integrantes del equipo de monitoreo de la CPM, dos del Mecanismo local de CABA y otros 18 integrantes del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios que, junto a la CPM, asiste a las víctimas de la represión.

Además de la magnitud de la represión que se expresa en la cantidad de personas heridas y afectadas, y tal como circuló públicamente a través de una foto de la jornada, la CPM también denunció explícitamente el accionar del comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna, quien participó del operativo sin uniforme ni identificación oficial, portando una escopeta no identificada y apuntando directamente a la indemnidad de las personas que estaban en la plaza. Todo esto en franca violación al marco normativo general, internacional y local.

“El despliegue de la violencia, los movimientos coordinados de las fuerzas, la reiteración de las acciones y los múltiples intervinientes, evidencian que las acciones ilegales denunciadas fueron efectuadas de forma estratégica por un mando jerárquico, es decir se trató de una represión programada y planificada por funcionarios responsables de las fuerzas de Seguridad, que formulan la orden de servicio y coordinan el comando conjunto de las fuerzas”, concluyó la CPM en la denuncia penal.

Por tal motivo, en la ampliación de la denuncia penal que había sido presentado horas después de la represión, el organismo solicitó que se investigue el accionar de las fuerzas de seguridad por el delito de estrago, “en razón de las conductas que se verifican idóneas de generar peligro y/o capaces de vulnerar derechos y amenaza y lesión concreta a la integridad psicofísica, y que incluye la tranquilidad y seguridad pública de las personas en la vía pública, tanto las que ejercían el derecho de expresión y reunión, las que se encontraban trabajando en periodismo, atención de la salud y monitoreo de DDHH, como así también que ocasionalmente transitaban por la vía pública”.