A partir de una intervención de oficio llevada a cabo por el Juzgado de Familia 2 de Moreno a cargo del magistrado Gabriel Horacio Acosta, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) fue convocada, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, a realizar una inspección general en el Hogar de día Alas para constatar las condiciones en las que se encontraban las personas con discapacidad. El organismo relevó que la institución funcionaba con habilitación sanitaria vencida, se utilizaban mecanismos de sujeción de manera irregular sin ningún protocolo y aislamiento para el abordaje de la crisis, entre otras graves vulneraciones de derechos. El juez dispuso la prohibición de nuevos ingresos y otras medidas cautelares.

ANDAR en Moreno

(Agencia) El 16 de julio la Comisión Provincial por la Memoria y el magistrado interviniente se constituyeron en la sede del Hogar Alas, un establecimiento privado de jornada doble que forma parte del sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad.

En el marco de la constatación judicial se verificaron una serie de vulneraciones de derechos a las personas allí alojadas.

En principio, el establecimiento funcionaba sin la habilitación sanitaria vigente expedida por el Ministerio de Salud de la Provincia, ya que la anterior se encontraba vencida. Las autoridades informaron que estaban tramitando la actualización pero no pudieron exhibir ningún documento que lo acreditara.

También se relevó la aplicación de sujeción mecánica sin criterio ni protocolo de intervención que resguardara los derechos de las personas y la aplicación de aislamiento en habitaciones como parte del abordaje de las crisis. Se identificó que la garantía de cuidados necesarios para cada persona se delegaba, en general, en las obras sociales, y se tomó conocimiento de que se preveía instalar cámaras de seguridad en las habitaciones, lo que hubiera redundado en la vulneración del derecho a la privacidad de los usuarios.

En función de lo constatado, la CPM solicitó que de manera urgente se tomen las siguientes medidas: se de intervención a Fiscalización Sanitaria respecto a la grave irregularidad administrativa por falta de habilitación sanitaria actualizada; se ordene la elaboración de un protocolo de abordaje de crisis subjetivas; se prohíba el aislamiento como parte del abordaje de las crisis; se ordene preventivamente que no se proceda con la instalación de cámaras como sistema de monitoreo permanente en las habitaciones. Finalmente requirió que se ordene la intervención de un juzgado departamental de Familia por cada caso, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos individuales.

Todo esto fue receptado por el magistrado a cargo del Juzgado de Familia 2 de Moreno, Gabriel Horacio Acosta, que a partir del informe del realizado por el equipo técnico de su juzgado y del área de salud mental del municipio previamente había dictado la prohibición de nuevos ingresos. Sumando la información obtenida a partir del monitoreo de la CPM, consideró verosímiles los indicios de internaciones irregulares, las posibles privaciones ilegítimas de la libertad así como las presuntas vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas.

En ese sentido, además de prohibir los ingresos hasta tanto se determine la legalidad de funcionamiento y se garantice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud mental y discapacidad, también dio lugar a las medidas cautelares requeridas por la CPM y puso en conocimiento al Ministerio Público Fiscal sobre los extremos indagados en la intervención judicial a fin de que se investigue la posible comisión de delitos.

Cabe destacar que la CPM, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, monitorea hogares especializados en discapacidad, tanto públicos como privados, donde las personas se encuentran en un particular estado de vulnerabilidad.

En ese marco, resulta indispensable que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires actualice la normativa con la que los habilita y fiscaliza.