Faltando menos de dos meses para la entrada en vigencia de la ley 27.801 que implementa el nuevo régimen penal juvenil, la Comisión Provincial por la Memoria, varios defensores públicos, la CTA Autonoma y otros organismos sociales, de derechos humanos y de la niñez, llevaron a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer los principales lineamientos del pedido de declaración de inconstitucionalidad. Entre otros aspectos regresivos, baja a 14 años la edad de punibilidad y equipara la escala penal con la del régimen de adultos. La presentación se realizará ante el fuero Federal de La Plata y también solicita la suspensión hasta que el Estado garantice las condiciones edilicias, de acompañamiento profesional y de protección de los derechos necesarias para alojar a las nuevas niñeces que alcanzadas por esta reforma, provocarán un crecimiento exponencial de la prisionización, sobrepoblación y hacinamiento.

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(Agencia) “Se trata de una presentación judicial que realizaremos cuatro defensorías oficiales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil junto a organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y referentes de temáticas de niñez con el objeto de evitar la entrada en vigencia de la ley”, anunció al comienzo de la conferencia el defensor oficial del departamento judicial La Plata, Ricardo Berenguer.

“Fácilmente podría haber una duplicación de encarcelamientos en el sistema penal juvenil. Se trata de una grave ampliación y avance de la demagogia punitiva porque, en realidad, la criminalidad juvenil es menor a la que se difunde mediática y políticamente”, amplió el funcionario judicial. Las otras defensorías que firmarán el pedido de inconstitucionalidad son las que encabezan María Raquel Ponzinibbio, María Elia Klappenbach y María Lía Domecq.

“No toda ley es justa, y las leyes injustas deben ser resistidas hasta su total nulidad. Estamos frente a un escenario gravísimo y por eso tenemos que seguir llamando a la rebeldía de las conciencias para enfrentar lo que viene, que es un desguace del país que afecta a los más indefensos: los niños y las niñas. Ellos no son un peligro, están en peligro, y en un peligro permanente. Resistiremos hasta la nulidad absoluta de esta ley inmoral e injusta”, afirmó el premio Nobel de la Paz y copresidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel durante su intervención en la conferencia.

Por su parte, la también presidenta de la CPM Dora Barrancos habló del “facilismo pragmático”, anclado en el sentido común en el que se sustentó la discusión y aprobación de la norma, sumando así un nuevo frente de regresión de garantías que deja al país al borde del quiebre del estado de derecho.

La conferencia de prensa se realizó en el auditorio de la CPM y también participaron sus integrantes: Victor De Gennaro, Ana Barletta, Victor Mendibil, el cura Pancho Velo, el pastor Peter Rochon, Guillermo Torremare, Maria Sondereguer, Alcira Daroqui, Elsa Pavon, Roberto Cipriano Garcia y la Directora General Sandra Raggio. A ellos se sumaron representantes de la CTA-Autónoma, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el GESPYDH del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el CODESEDH, el Observatorio Internacional de Prisiones, el Foro por los Derechos de la Niñez, Defensa de los Niños Internacional (DNI), SUTEBA, la subsecretaría de Derechos Humanos de Ensenada, entre otras.

En su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM advirtió en varias oportunidades que la virulencia de los discursos punitivistas contra los jóvenes no se condicen con los datos de la realidad: en los últimos 10 años, los jóvenes imputados por delitos disminuyeron en un 60%, sin embargo el número de jóvenes detenidos se mantuvo constante. Y en particular, la participación de jóvenes menores de 16 años en delitos es ínfima. A partir de su tarea de monitoreo, la CPM también viene denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que padecen los jóvenes alojados en centros cerrados que se parecen cada vez más a cárceles de jóvenes sin respetar la especialidad del fuero penal juvenil. Sobre ese sistema ya colapsado, la reforma de la ley penal juvenil provocará un crecimiento mayor.

Cabe destacar que el nuevo régimen penal juvenil entrará en vigencia el 5 de septiembre próximo por lo que, con carácter subsidiario al pedido de inconstitucionalidad, se solicitará el dictado de una medida cautelar de no innovar a fin de que se suspenda la entrada en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Entre otros motivos, el pedido de declaración de inconstitucionalidad señala que “la ampliación punitiva que prevé la norma nacional provocará el colapso del sistema de alojamiento de jóvenes con causas penales”.

En efecto, se cuestiona que el nuevo régimen establece la punibilidad para todos los delitos, contrariamente al decreto ley 22.278 todavía en vigencia que prevé la sanción para delitos cuya pena en expectativa supera los dos años de prisión.

“Además de la regresividad que importa tal reducción, la disposición va en contra de las acreditaciones de las neurociencias que informan respecto de una menor capacidad de respuesta de los niños antes situaciones de estrés, deficiente manejo de los impulsos y escasa capacidad de respuesta frente a escenarios de crisis y frustración derivadas de una insuficiente maduración cerebral”, señalan los presentantes del amparo.

Por otro lado, enfatizan que la ley 27.801 no prevé una escala penal diferenciada para los jóvenes alcanzados por la norma: “Deroga la escala penal atenuada prevista en el artículo 4 del decreto ley 22.278 que dispone que a los menores de 18 años se les aplicará la pena prevista en el código penal para el delito tentado (reducida de un tercio a la mitad) y aún la posibilidad de exención de pena”.

“Esta doble modificación implica un agravamiento de la situación de los adolescentes frente al régimen vigente en nuestro país desde 1983 sin que se acrediten razones de interés superior del niño ni de política criminal que lo justifiquen”, amplían.

Y se destaca que “el nuevo régimen contiene disposiciones de claro corte paternalista que retrotraen al sistema de Patronato de Menores superado a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, proponiendo una tutela judicial que contradice el reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derecho”.