SIN HABILITACION Y EN CONDICIONES INHUMANAS Clausuraron un geriátrico clandestino en Ezeiza
A raíz de una inspección de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a un lugar no habilitado que se ofrecía como geriátrico para personas adultas mayores, se constataron una serie de vulneraciones de derechos, gravosas condiciones materiales y también del régimen de vida que resultaron en su clausura municipal. Por su parte, en respuesta al habeas corpus colectivo presentado por la CPM en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el Juzgado de Familia 6 de Lomas de Zamora, a cargo de Omar Velázquez, tras constituirse en el lugar ordenó el traslado urgente de los 10 usuarios a diferentes lugares, según la situación singular y sus necesidades de asistencia. El organismo reitero el pedido urgente para fortalecer los controles estatales adecuados de esos dispositivos.
ANDAR en Ezeiza
(Agencia) La información sobre las graves condiciones de vida en el hogar geriátrico La casita de Cloe, situado en Virgen de Itatí 1350, Ezeiza, llegó a la Comisión Provincial por la Memoria por la comunicación realizada por familiares de una persona que denunciaban su ingreso irregular y un conjunto de vulneración de derechos padecidas por quienes se alojaban en el lugar.
El 13 de mayo el organismo, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, inspeccionó el lugar llamado La casita de Cloe, mantuvo entrevistas con las personas alojadas y con la única encargada del lugar que era la dueña del domicilio en el que se alojaban, la señora María Torres.
De lo relevado se destaca la ausencia de todo tipo de documentación respecto a trámites habilitantes, historias clínicas o un mero listado centralizado de las personas alojadas con sus datos filiatorios. Sólo de manera verbal, la encargada informó que al momento de la inspección había 10 personas.
La vulneración de derechos y las graves irregularidades quedaron consignadas en el habeas corpus colectivo y de carácter correctivo presentado por la CPM ante el Juzgado de Familia 6 de Lomas de Zamora el pasado 14 de mayo. Las respuestas de Torres resultaron elocuentes de la precariedad del lugar: “Empecé el trámite como casa para ayudar a la gente pero me pidieron muchos papeles… ¿De dónde voy a sacar todo eso yo?”.
Agregó que en dos ocasiones intentó realizar la habilitación municipal y del Ministerio de Salud bonaerense, pero como le pidieron análisis del agua y medidas de seguridad por la inspección de bomberos no las pudo costear por falta de dinero y abandonó las gestiones administrativas. Habría podido comprar un matafuegos pero el artefacto no estaba el día de la jornada de monitoreo.
Por otro lado, la mujer señaló que varias mujeres del barrio la ayudan con la limpieza del lugar, la higiene y asistencia física que requieren cotidianamente las personas alojadas sin ningún tipo de formalización de ese trabajo.
La propia señora Torres era quien realizaba la mayoría de las tareas diarias: hacer las compras, cocinar, lavar la ropa, dar la medicación, cambiar pañales, realizar controles clínicos, mantener contacto con familiares o llamar a la ambulancia del PAMI; todo ello sin registros documentales ni prescripción o control médico.
La CPM sistematizó las graves violaciones a los derechos registrados: falta de habilitación municipal y provincial, riesgo de integridad de las personas por condiciones materiales indignas e inhumanas, alimentación deficiente y con productos en mal estado de conservación, conocimiento de todas estas situaciones por parte de organismos públicos, entre ellos el PAMI que en reiteradas ocasiones ingresó al Hogar con ambulancias por llamados de emergencias.
Asimismo, se constataron situaciones de malos tratos y de violencia verbal, falta de atención médica, inexistencia de actividades ocupacionales y recreativas.
Toda la documentación y registros aportados al habeas corpus fueron considerados por el Juzgado de Familia 6 de Lomas de Zamora a cargo del magistrado suplente Omar Armando Velázquez, quien llevó a cabo una constatación directa en el lugar convocando al Municipio de Ezeiza.
Como resultado de esa diligencia, el juez recaratuló el expediente de un habeas corpus a control jurisdiccional de internación. En ese marco, ordenó el urgente traslado de todas las personas al Hospital Interzonal Dr. Eurnekian de Ezeiza, donde fueron evaluadas por profesionales de la salud a los fines de determinar el abordaje que requerían.
Por su parte, el municipio de Ezeiza a través de la Secretaría de Ingresos Públicos y Desarrollo Industrial llevó a cabo la clausura del lugar por falta de habilitación en el registro comercial.
Este caso visibiliza la necesidad de profundizar los controles estatales en este tipo de lugares que ofrecen alojamiento a personas en situación de extrema vulnerabilidad, en condiciones precarias y forman parte del abandono que padecen las personas mayores.
