COMIENZA EL 4 DE DICIEMBRE EN EL TRIBUNAL DE MAR DEL PLATA Vuelos de la muerte: fijaron fecha del juicio contra un ex juez federal y funcionarios policiales que encubrieron enterramientos NN
A instancias del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, el próximo 4 de diciembre comenzará el juicio en el que se ventila la responsabilidad del ex juez federal Carlos Facio y otros nueve funcionarios policiales y municipales por el encubrimiento de los enterramientos como NN de víctimas de los vuelos de la muerte. La causa investiga el hallazgo de cadáveres y enterramientos en los cementerios de Villa Gesell, General Madariaga y General Lavalle, hoy sitio de memoria.
ANDAR en la justicia
(Agencia) El 4 de mayo de 2011 Eduardo Iglesias, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tuyú Sur, impulsó el inicio de una causa penal por los cuerpos encontrados en las playas durante la última parte de la dictadura y el principio de la democracia. Seis habían sido hallados en Villa Gesell, pero el relevamiento del cementerio arrojó una cifra de 20 cuerpos. “Fueron 19 enterramientos, uno doble”, precisa Iglesias.
“En el marco de la causa que constituimos como APDH con el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores, después de muchos años el juez de instrucción pidió elevarla a juicio oral, con diez imputados acusados de encubrimiento, porque una vez que se encuentran los cuerpos en las playas vuelven a entrar en el circuito represivo: los dejaban en la Comisaría 1ª y de ahí volvieron a desaparecer”, describe el querellante.
El juicio se realizará a instancia del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata desde el 4 de diciembre. La causa tiene 10 imputados, sin embargo la cara visible entre los que se sentarán en el banquillo es el ex juez federal Carlos Facio. El magistrado no realizó ninguna diligencia por investigar la causa de muerte de las personas cuyos cuerpos fueron hallados en la costa, incluso habiéndose reunido en ese momento con Nora Cortiñas y otras madres que le pidieron investigar los hechos.
Además de Facio también fueron procesados el ex médico policial Miguel Cabral, el por entonces jefe de Catastro de General Lavalle, Juan Domingo Montenegro, y siete ex agentes de la Policía bonaerense (Domingo Oscar Martínez, Juan Antonio Estrada, Ednio José Llorens, Alberto Martínez, Edgardo Emilio Luchetti, Mario Castronuovo y Francisco Enrique Aristegui) de diferentes localidades de la costa Atlántica.
Iglesias habla con énfasis y precisión, y es que su trabajo de tantos años está a punto de ver su culminación, al menos en el plano judicial. Así, explica a ANDAR que muchos de los 84 testigos son guardavidas y bomberos.
“En los juicios por la verdad yo hice una investigación de tipo periodística que se llamaba Después del Vuelo, un informe que ponía en evidencia hallazgos en las costas de Pinamar y de Villa Gesell, y pude verificar con pruebas documentales, documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos y sobre todo testimonios, que en esta zona había habido hallazgos”, describe Iglesias, docente jubilado, comunicador social y licenciado en Administración que vive en Villa Gesell. “Dentro de ese marco, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires me propuso como testigo en los Juicios por la Verdad, que se sustanció en el Tribunal Oral de Mar de Plata, eso fue en 2007”.
Cuatro años después, Iglesias presentó la denuncia ante el Juzgado Federal de Dolores pero la instrucción no tuvo grandes avances hasta que Ramos Padilla reemplazó al juez Hernán Bernasconi y lo convocó a ratificar su denuncia. “Ahí empieza una investigación que es mucho más amplia y mucho más extensa de lo que yo planteaba porque el juez tomó la decisión de abarcar todos los municipios costeros e investigar absolutamente todos los hallazgos”, recuerda. En paralelo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había hecho un proceso de exhumación y de identificación de cuerpos en el cementerio de General Lavalle, en el marco de la causa del circuito Atlético-Banco-Olimpo.
En ese contexto se identifican los cuerpos: parte de los que habían sido exhumados del cementerio General Lavalle, tres cuerpos en General Madariaga y uno en Villa Gesell. “Acá lo que se juzga son las responsabilidades relacionadas con un crimen de lesa humanidad, pero dentro del marco de encubrimiento, incumplimiento de deberes del funcionario público, porque nosotros decimos que entre la costa y el cementerio pasó algo, y la principal hipótesis es que los cuerpos una vez que aparecen en las costas vuelven a entrar al circuito represivo. Así lo entiende el juez y empieza una investigación penal en función de determinar las responsabilidades que le corresponden a distintos tipos de funcionarias y funcionarios que participaron de todo el proceso de encubrimiento”, resume Iglesias.
En su etapa de profesor, trabajó junto a la antropóloga y docente Roberta Müller en la coordinación de los equipos de estudiantes del Escuela Media 1 de Villa Gesell que en 2006, en el marco del programa Jóvenes y Memoria de la CPM, investigaron las historias detrás de los hallazgos de los cuerpos y publicaron el libro Villa Gesell militante, 30 años de historia. Ese libro producido por estudiantes secundarios y el libro escrito por el propio Iglesias fueron aceptados como prueba por el TOF de Mar del Plata.
Además de la APDH Tuyú Sur hay otras dos querellas: una de tres hijos de desaparecidos patrocinados por el abogado Pablo Llonto, y una tercera en cabeza de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial.
Borrar las evidencias
Maximiliano De Luca es profesor de Historia y director de la Escuela Secundaria 3 de San Clemente del Tuyú, y fue uno de los coordinadores del grupo de estudiantes de la Secundaria 1 de General Lavalle que impulsó la creación del sitio de memoria en el cementerio local. Allí fueron enterrados 33 cuerpos como NN, entre ellos fueron identificadas las madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Ester Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, y Ángela Auad y la religiosa francesa Leonie Duquet, que colaboraban en la búsqueda de desaparecidos.
“La información a la cual pudimos acceder, a partir del trabajo con la Comisión por la Memoria en los archivos de la DIPBA, sirvió como material probatorio sobre las complicidades que hubo en General Lavalle, sobre todo en la figura de quien era en ese momento el jefe de Catastro de la municipalidad y quien era el presidente”, evoca en diálogo con ANDAR. “En ese momento era comisario mayor en San Clemente del Tuyú, pero después fue presidente de la Sociedad Rural de General Lavalle, como parte de ese esquema de ocultamiento de los cuerpos que aparecían en la playa”, dice en alusión al comisario retirado Ednio José Llorens, de la Policía Bonaerense, y al jefe de Catastro, Domingo Montenegro, que llegarán en libertad al juicio pero están procesados.
De Luca explica que “en el caso particular de Lavalle está este funcionario que era jefe de Catastro de la municipalidad, porque en uno de los documentos a los cuales nosotros pudimos acceder, que era un documento de inteligencia; él es quien acompaña a ese integrante de la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires a las distintas dependencias (tanto municipales, como registro de las personas, como el propio cementerio) a tratar de levantar todo registro documental que diera cuenta de la existencia de tumbas en NN en General Lavalle”.
De todos los hallazgos en esta localidad todavía hay cuerpos que no han sido identificados, que incluso el EAAF no han podido revisar. “Durante la dictadura hubo un decreto de creación de los municipios urbanos de la costa, que llevan adelante la separación del partido de la Costa, los separan de General Lavalle, Pinamar y Villa Gesell, se crean esos dos municipios, separándolos del partido de general Madariaga, y también se crea Monte Hermoso”. Así, General Lavalle tuvo una base de la Prefectura Naval Argentina, por esto en la zona de San Clemente del Tuyú no había cuartel de bomberos. Además, como San Clemente tiene el faro también había una base de la Armada.
“En este documento al que yo te hago mención, en ese recorrido que hace la inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se entrevista con el jefe de Prefectura de Lavalle, y en ese documento ellos informan que durante esos años aparecieron muchos cadáveres pero que la Prefectura Naval Argentina, con muy buen tino, enterró los cuerpos en la playa y nada se sabe de ellos. Eso es textual del documento”, dice De Luca. “Tremendo. Por eso hay una cantidad no determinada de cuerpos, incierta, absolutamente incierta, es espeluznante”, agrega. En el juicio oral que empieza en diciembre será testigo de concepto junto a Joaquín Jerez y Agustina Puertas, integrantes del Sitio de Memoria Cementerio de Gral Lavalle.
