El Tribunal de Casación penal bonaerense exhortó al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia a tomar una serie de medidas urgentes para resolver problemas de infraestructura, higiene y atención integral de la salud, entre otras graves falencias en las condiciones de alojamiento de los jóvenes detenidos en distintos centros socioeducativos de privación de libertad ambulatoria (CSPLA) y centros de recepción de la Provincia. El fallo reconoce la ausencia de control judicial en los institutos: en tres años sólo cuatro magistrados visitaron los centros. En este marco, notifica a la Suprema Corte bonaerense y a la Procuración General para que refuercen los controles y garanticen el contacto directo de jueces y defensores con los jóvenes.

ANDAR en el encierro

(Agencia Andar) El fallo, firmado por los jueces Víctor Violini, Fernando Mancini Hebecca y Carlos Natiello, se dictó en el marco del expediente “Niños y Adolescentes de los Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires s/ incidente de ejecución” que busca garantizar derechos básicos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, y a partir del cual se conformó una mesa integral de trabajo con participación de la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y los tres poderes de gobierno.

Tras inspecciones interinstitucionales en los centros Almafuerte, El Castillito, Legarra, COPA y Malvinas Argentinas, el tribunal exhortó al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) a tomar medidas sanitarias, edilicias, administrativas y de seguridad siniestral además de resolver las condiciones de sobrepoblación.

Entre las medidas más urgentes se destaca la necesidad de garantizar agua caliente y cumplir con los tratamientos de salud e higiene necesarios para controlar los brotes de escabiosis (sarna) en el Centro de Recepción y en el CSPLA Malvinas Argentinas.

La resolución ordena también acondicionamiento edilicio de los centros El Castillito, COPA y Legarra, conforme las observaciones de la Dirección de Bomberos que incluyen deficiencias eléctricas, falta de señalización y falta de planes de emergencia, la instalación inmediata de una bomba jockey en el instituto Almafuerte, que se refaccionen los pabellones con letrinas cercanas a las camas y se tenga en cuenta esta situación en virtud de las potenciales afectaciones a la salud en un futuro plan de reformas estructurales del Ejecutivo bonaerense.

En el Legarra, el Tribunal intimó la compra de un nuevo termotanque y reiteró la necesidad de un sistema de detección de incendios homologado.

En el caso de El Castillito, el Tribunal además rechazó la clausura del área de recreación solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), aunque pidió una reformulación del espacio y la presentación de una alternativa con acceso a espacios verdes y actividades deportivas.

Para el COPA se pidió un informe sobre los mecanismos para reducir la sobrepoblación, ya que el establecimiento tiene capacidad para 20 personas pero aloja 26. Los jueces del Tribunal, sin embargo, subestimaron otros agravamientos que hacen a las condiciones de alojamiento como, por ejemplo, el uso de bidones para orinar durante la noche por falta de baño en las celdas y la falta de disponibilidad de asistentes para abrir al llamado de los jóvenes.

En el complejo Malvinas Argentinas, los jueces no hicieron lugar al pedido de clausura de la CPM del módulo III en función de las plazas disponibles y ocupadas en el lugar, aunque solicitaron informes sobre la dotación de personal y sus horarios para analizar alternativas de mejora en próximas reuniones.

El fallo también hace hincapié en la necesidad de digitalizar las historias clínicas de los jóvenes detenidos y crear un sistema en red para su seguimiento, así como establecer un sistema de área protegida con ambulancia y atención médica, psiquiátrica y odontológica en los centros. Sin embargo, los jueces no ordenan ninguna medida para garantizar efectivamente la asistencia de la salud, a pesar de reconocer de esta grave deficiencia que, por ejemplo, en el caso de tratamientos odontológicos alcanza al 90% de la población de jóvenes detenidos.

El Tribunal de Casación reconoce la ausencia y falta de control judicial en los institutos: en tres años sólo cuatro magistrados visitaron los centros. Además notifica a la Suprema Corte bonaerense y a la Procuración General para que refuercen los controles y garanticen el contacto directo de jueces y defensores con los jóvenes.

Los jueces convocaron a una nueva mesa interinstitucional de trabajo e instruyeron al Poder Ejecutivo a informar sobre las obras en curso y justificar por qué se considera innecesaria la construcción de una escalera de emergencia en El Castillito.