El Ministerio de Seguridad de Nación ordenó desplegar un desproporcionado y violento operativo policial con agentes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y grupos especiales contra los y las manifestantes que durante todo el día protestaron de manera pacífica contra el proyecto de Ley Ómnibus. La Cámara de Diputados sesionó en un parlamento completamente vallado y cercado por más de 1.000 agentes, 5 camiones hidrantes, decenas de policías motorizados y de fuerzas especiales. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases que provocaron lesiones a más de 150 manifestantes, golpearon con palos y escudos y detuvieron arbitrariamente a 6 personas, 4 de ellas mujeres que fueron detenidas durante la noche cuando estaban sentadas cantando el himno nacional en la acera mientras el transito estaba cortado por la Gendarmería nacional. La Comisión por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local de CABA, monitoreó el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

ANDAR en el Congreso

(CPM/Agencia) El operativo represivo ordenado por el Ministerio de Seguridad de Nación en el intento de aplicar el protocolo antipiquete, que resulta a todas luces ilegal e impracticable como se viene observando en las últimas manifestaciones, terminó anoche con la detención de cuatro mujeres que estaban sentadas de manera pacífica y cantando el himno nacional frente al cordón policial que cortaba la calle Rivadavia e impedía toda circulación. La manifestación se desarrolló sin violencia de parte de los asistentes, quienes fueron agredidos de diferentes maneras por las fuerzas de seguridad al solo efecto de “garantizar la circulación” que paradójicamente ellas impedían. No fue ante ninguna situación de violencia por parte de los manifestantes.

Ivanna Bunge, Agustina González, Abril Taborda y Jennifer Bogarin fueron liberadas recién hoy a la mañana e imputadas por resistencia a la autoridad. En esas detenciones arbitrarias y violentas, las mujeres fueron llevadas a empujones y cargadas en el aire entre varios efectivos masculinos de la Policía Federal. En horas de la tarde, la misma Federal había detenido a Ignacio Villegas –que estaba en la vereda descompuesto por el gas pimienta – y a Sebastián Moreno ya en horas de la noche, unos minutos antes de la detención de las cuatro mujeres.

El delito de “resistencia a la autoridad” permite amplios márgenes de arbitrariedad a las fuerzas de seguridad, en este caso con la clara intención de criminalizar la protesta social y alerta sobre uno de los puntos más cuestionados de las reformas que se proponen en la Ley Ómnibus que es el aumento de la pena por este delito: si es aprobada, en casos como el ocurrido ayer, las mujeres y hombres quedarían detenidos sin posibilidad de ser excarcelados, en prisión preventiva y pudiendo ser castigadas con hasta seis años de prisión.

Además de las detenciones arbitrarias, durante el despliegue represivo los efectivos policiales usaron una nueva variante del gas pimienta que ocasionó lesiones a cerca de 150 personas, entre ellas mujeres y personas mayores, que fueron atendidas con quemaduras y problemas respiratorios en la posta sanitaria que montaron en la zona trabajadores y trabajadoras de la salud. El médico residente de medicina general en el Hospital Penna, Franco Capone, que asistió a las víctimas informó que este gas “al contacto con la piel genera quemaduras químicas con un dolor severo y lesión de tipo urente”. Por la magnitud de las lesiones, algunas de las personas tuvieron que ser derivadas a hospitales cercanos.

En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria –junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura- estuvo monitoreando y registrando el despliegue de las fuerzas de seguridad durante la jornada de protesta. El registro audiovisual documenta no sólo el enorme despliegue policial sino también las prácticas de intimidación y el uso de la violencia física contra las personas que se manifestaban de manera completamente pacífica.

En ese sentido, durante varios momentos del día y con la intención de desalojar carriles de las vías de circulación en las avenidas que rodean el Congreso, efectivos de Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval   avanzaron contra manifestantes golpeando con sus escudos y “paleando”. El “paleo” es una práctica extendida en las fuerzas de seguridad: detrás del cordón de escudos, efectivos pegan con los bastones a la altura de los pies.

Además de estos cordones policiales, también avanzaban contra las personas efectivos de los Grupos de Motorizada de la Policía Federal en algunos casos, subiéndose en las veredas, aun cuando el mismo protocolo antipiquete exige que la manifestación salga de la calle hacia la acera. En esa situación con las motos avanzando por la vereda y los cuerpos especiales por la calle, fue detenido Ignacio Villegas mientras se ahogaba en los gases que le habían aplicado.

En ningún momento de la concentración hubo agresiones de los manifestantes contra las fuerzas de seguridad, todos los actos de intimidación y violencia que se dieron en los alrededores del Congreso fueron producidos por los agentes policiales con el único objetivo de querer liberar la calle, un hecho que no tiene ninguna razonabilidad porque la Avenida Rivadavia permaneció cortada completamente por el operativo policial. Además, en una situación de extrema gravedad y contrario a los protocolos internacionales vigentes, se observó también la presencia de policías sin identificar y portando armas de fuego en sus cartucheras, algo que está expresamente prohibido por la normativa nacional e internacional.

Desde temprano, con un Congreso completamente vallado, se desplegaron más de 1.000 efectivos, unos 50 móviles de la Gendarmería, Policía Federal y la Policía de la Ciudad, los grupos de la policía motorizada y cinco camiones hidrantes. Luego se sumarían efectivos y móviles de Prefectura. Estos operativos no solo son una vulneración del derecho a la protesta sino que ponen en riesgo y vulneran la integridad física  de miles de ciudadanos y ciudadanas.